Cuarenta abogados llevan a la Fiscalía una manifestación contra la inmigración en Canarias por un posible delito de odio

Una manifestación contra la inmigración convocada en Canarias llega a la Fiscalía por un posible delito de incitación al odio. Cuarenta abogados y abogadas han emitido un escrito a la Fiscalía Superior de Canarias en el que advierten que la convocatoria del 6 de julio, organizada a través de las redes sociales, puede ser constitutiva de un delito de manifestación ilícita y de un delito de odio al asociar los desplazamientos de personas con criminalidad, terrorismo y gasto social.

El escrito, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, apunta que el cartel de la convocatoria está formado por consignas que ''en un primer momento inducen a pensar'' que el objetivo es exigir el fin de las muertes en el mar y la desarticulación de las mafias de tráfico de personas. Sin embargo, ocultan ''el verdadero sentido'' de la protesta, que es incitar ''a una hostilidad, odio y discriminación respecto a los migrantes procedentes del continente africano'', empujando al pueblo canario a que tenga ''sentimientos de hostilidad, odio y discriminación''.

Los abogados recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a través de diferentes resoluciones establece que la libertad de expresión ''no puede ofrecer cobertura al llamado discurso de odio''. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dispone que ''toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley''.

Según los letrados, el cartel y las consignas insertas en la convocatoria de la manifestación, que pretende celebrarse en todas las islas, incumplen con estos preceptos. ''Es malévolo, cruel y perversamente racista, y por ello entendemos delictivo criminalizar continuamente a los africanos pobres que llegan a Canarias, acusándolos torticeramente de ''invadir'' nuestra tierra'', reza el escrito.

El artículo 510 del Código Penal sanciona a quienes ''públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo'', señala el documento.