El carpetazo al presunto delito electoral en Mogán -por prescripción de los hechos de 2015 y por falta de pruebas en el de 2019- no ha puesto el punto final a la investigación contra la alcaldesa y otros miembros de la corporación. En la rueda de prensa que ofreció el pasado 25 de marzo, una semana después del archivo, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio- Ciuca) expresó su deseo de disipar la “nube negra” que, dijo, se ha posado sobre ella desde que se dedica a la política. Sin embargo, la regidora sureña seguirá, al menos durante un tiempo, bajo la lupa de la justicia. El Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana remitió la pasada semana al decanato, para su reparto, las cuatro piezas separadas en las que se decidió dividir el procedimiento para estudiar de forma autónoma hechos descubiertos por la Guardia Civil a partir de las pesquisas sobre la compra de votos y tras la llegada al poder de Ciuca.
Esas cuatro líneas de investigación responden a otros tantos informes de la policía judicial en los que aparece implicada la alcaldesa y que, a juicio de los investigadores, podían ser constitutivos de diversos delitos (prevaricación, malversación, cohecho, nombramiento ilegal, tráfico de influencias, desobediencia a la autoridad judicial o infidelidad en la custodia de documentos).
El juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger, decidió desglosar la causa judicial para agilizar las actuaciones y evitar las dilaciones. “No se trata de delitos conexos, aunque de forma tangencial pueden tener relación con la instrucción”, expuso en un auto fechado el pasado 28 de julio. Esa resolución fue recurrida por uno de los investigados, el empresario Luis Oller, a quien la policía judicial señala como financiador de la trama de compra de votos y beneficiario de un proceso de mediación presuntamente amañado por el gobierno liderado por Bueno.
El recurso fue desestimado y la división del procedimiento, confirmada. La semana pasada, el letrado de la Administración de Justicia libró los correspondientes oficios para entregar toda la documentación al decanato de San Bartolomé de Tirajana, que ahora deberá repartir las piezas entre los distintos juzgados de instrucción del partido judicial según las normas establecidas.
Una de las líneas de investigación de mayor enjundia tiene como protagonista a Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín, una de las empresas que explota el servicio de abastecimiento de agua en el municipio. La Guardia Civil lo identifica como presunto financiador de la trama de compra de votos a raíz del hallazgo de varios cheques a su nombre que fueron cobrados en los días previos a las elecciones de 2015 por el funcionario del Ayuntamiento de Mogán Salvador Álvarez, uno de los más estrechos colaboradores de la candidata de Ciuca en esa campaña. Los investigadores exponen en uno de sus informes la “obstinación” de Álvarez por favorecer a Oller “en todos los ámbitos municipales” y centran sus sospechas en un proceso de mediación para resolver un litigio que mantenía el empresario con la corporación desde hacía años. La policía judicial llega a la conclusión de que el gobierno municipal, con una participación activa de Bueno y de su mano derecha, Mencey Navarro, primer teniente de alcalde, amañaron ese proceso, del que se llegó incluso a apartar a dos abogadas que se habían mostrado reticentes a aceptar el acuerdo propuesto, para devolver a Oller con dinero público los favores supuestamente prestados por el investigado a Ciuca durante la campaña electoral de 2015.
Otra de las piezas desglosadas se centra en los nombramientos de ocho empleados públicos del Ayuntamiento de Mogán y en el aumento de sus complementos específicos. Según la Guardia Civil, fue el premio que la alcaldesa concedió a trabajadores que habrían colaborado en esa misma campaña para Ciuca como captadores de votos o, incluso, a familiares. Unos pluses “arbitrarios y carentes de legitimidad” que serían anulados por la justicia. Entre los testimonios remitidos por el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana al decanato figura la declaración prestada ante el juez por Francisco Javier Bueno, primo de la alcaldesa y beneficiario de estos aumentos salariales en dos ocasiones, tal y como él mismo reconoció en esa comparecencia. En el escrito en el que informó que incurría en causa de abstención por la presencia de su familiar, la regidora defendió que ese plus era “más que merecido”.
La policía judicial también apreció indicios de malversación y prevaricación en los contratos adjudicados entre 2015 y 2020 por un importe global de 276.000 euros al actual asesor de Urbanismo de la alcaldesa, Raico Guerra, o a la empresa de su familia, Arpiplan. En uno de los informes monográficos que han dado pie a la apertura de una de las piezas separadas, los investigadores veían una “intencionalidad manifiesta” del gobierno de Ciuca en beneficiar económicamente a Guerra y a su entorno, que se convirtieron en contratistas únicos del Ayuntamiento en servicios veterinarios durante esa época. La Guardia Civil incidía además en que fue nombrado asesor urbanístico del Ayuntamiento a pesar de sus “limitados” conocimientos técnicos (solo dispone de un título de Enseñanza General Básica) y que, dos días antes de su designación, el Consistorio había firmado un contrato de asesoría externa en materia urbanística con Jesús Romera Espeja, quien ocupara diversos cargos durante los gobiernos de Coalición Canaria (CC), entre ellos el de viceconsejero de Política Territorial.
La última línea de investigación concierne a hechos que tuvieron lugar en el periodo inmediatamente posterior a la detención de Onalia Bueno y de los concejales Mencey Navarro y Tania del Pino Alonso, el 17 de septiembre de 2019. Un día antes, el juez había autorizado la entrada y registro en las oficinas municipales tras apreciar, a raíz de las investigaciones realizadas por la policía judicial, la existencia de hechos “objetivos, accesibles y verificables” que sugerían la participación de los miembros de la corporación local en actuaciones presuntamente constitutivas de un delito electoral y contra la administración pública.
Después del registro, la alcaldesa y el primer teniente de alcalde ordenaron a la jefa del servicio de Informática la desconexión de los permisos que se le habían dado a la Guardia Civil durante esa operación para que pudieran acceder a la documentación digital intervenida. Esa orden, que figura en mensajes de WhastApp y que después sería rectificada por Navarro, es objeto de una pieza separada por un presunto delito contra la administración de justicia.
Recurso contra el auto de archivo
El auto de archivo del delito electoral ha sido recurrido por uno de los investigados, José Monzón. El conocido en el municipio como Pepe el Japonés fue imputado a raíz de una grabación en la que cuenta al exacalde de Mogán Francisco González, del Partido Popular, que durante la campaña electoral de 2015 colaboró con Ciuca y que logró para esta formación 383 votos a cambio de dinero o de favores. “Nosotros tenemos que jugar sucio”, le decía en esa conversación a su interlocutor, después de explicarle la mecánica utilizada para la compra de voluntades.
La defensa de este investigado recurrió la decisión judicial porque entendía que el archivo del delito electoral de 2019 debía ser libre (definitivo) y no provisional. Es decir, que debía tener la misma consideración que el prescrito de 2015, sobre el que ya no hay posibilidad de reapertura. De momento, la Fiscalía se ha opuesto a esta pretensión.