Evangelina Ríos, fiscala delegada de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, ha sido llamada a declarar como testigo por la instructora de la causa abierta contra la magistrada Victoria Rosell a raíz de la querella interpuesta por José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo. Margarita Varona, jueza de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha citado a Ríos el próximo jueves 24 de noviembre a las 11.30 horas. Ese mismo día a las 10.00 deberá comparecer Rosell, en calidad de investigada y asistida de letrado, y su pareja, el periodista Carlos Sosa, que testificará a partir de las 13.00.
La ronda de declaraciones continuará el viernes con otros dos testigos, el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, y Miguel Ángel Juanes, letrado del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, donde ejerce Rosell.
Soria presentó una primera querella contra la magistrada en plena campaña electoral de diciembre de 2015. Rosell había solicitado la excedencia y se había presentado a los comicios en las listas de Podemos. El también expresidente del PP en Canarias acusaba a su rival política (ambos concurrían en la misma circunscripción, la de Las Palmas) de injurias y calumnias después de que Rosell afirmara que el entonces ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos.
Se refería la magistrada a las diligencias preprocesales abiertas por la Fiscalía de Las Palmas contra ella a partir de un contrato firmado entre la UD Las Palmas, club de fútbol presidido por Ramírez, y Clan de Medios, la empresa periodística de la pareja de Rosell. Un contrato que, según el Ministerio Público, había llegado “de manera anónima”, aunque en él figuraba una fecha errónea, la misma fecha que contenía el contrato que la UD Las Palmas le entregó a Soria después de que el político afeara a Ramírez que mantuviera negocios con Sosa, con quien está enfrentado desde hace años.
La Fiscalía de Las Palmas encomendó la investigación a Evangelina Ríos, que era la representante del Ministerio Público en la causa contra el empresario y que ya había acusado a Rosell de retrasar la instrucción, una queja que fue archivada por el Poder Judicial. El Ministerio Público pretendía relacionar el contrato entre la UD y Clan de Medios con la investigación a Ramírez, ya que consideraba que la magistrada debió abstenerse si conocía la existencia de esa relación comercial.
En el marco de estas “diligencias preprocesales”, Ríos pidió a Salvador Alba, sustituto de Rosell, un informe sobre la actuación de la jueza. Este informe reservado del magistrado acabaría siendo fusilado por Eligio Hernández, el abogado de Soria, en la segunda querella que presentó ante el Supremo, en la que acusaba a Rosell de cohecho, prevaricación judicial y retardo malicioso en la Administración de Justicia. De forma paralela, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó que la Fiscalía de Las Palmas vulneró los derechos de la jueza al investigarla por un asunto disciplinario.
La querella de Soria contra Rosell acabaría siendo admitida a trámite por el Supremo. Para ello, resultaría clave un informe remitido por Salvador Alba al alto tribunal sobre la declaración de Miguel Ángel Ramírez en sede judicial, una comparecencia que, como ha puesto de manifiesto la grabación realizada por el empresario y difundida por el diario.es, habría sido pactada con el objetivo de perjudicar a la jueza y reforzar la denuncia del exministro.
En la misma providencia en la que cita a declarar a la investigada y a cuatro testigos, Margarita Varona incorpora a la causa el audio completo de esa grabación, descubierto por la Guardia Civil en el dispositivo utilizado por Ramírez para registrarla, así como su transcripción.