Los denunciantes del caso Grúas recusan al presidente del TSJC por sus vínculos con Coalición Canaria
Los denunciantes del caso Grúas han presentado este viernes un escrito ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para pedir que se aparte de la causa su presidente, Antonio Doreste, al que atribuyen vínculos con Coalición Canaria (CC) que comprometen su “apariencia de imparcialidad” en un procedimiento en el que está implicado, por su gestión como alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, que pertenece a la formación nacionalista. La recusación ha sido formulada por Rubens Ascanio, concejal de Unidos Se Puede, una de las formaciones que ejercen como acción popular en este proceso judicial (la otra es Por Tenerife-Nueva Canarias, con los también ediles Santiago Pérez y Juan Luis Herrera) .
Cinco son los argumentos que desgrana el texto para solicitar la salida de Antonio Doreste de la Sala que deberá decidir si devuelve la causa al juzgado de instrucción de La Laguna o archiva las diligencias contra el presidente del Gobierno regional, que el pasado miércoles pidió – y consiguió- un pronunciamiento del alto tribunal canario para exigir una rápida respuesta de la Fiscalía ante la inminente entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, que elimina los aforamientos y, por tanto envía la causa directamente a los tribunales de la Ciudad de los Adelantados.
Los denunciantes sostienen que el presidente del TSJC tiene un “interés indirecto” en la causa por sus relaciones con CC. El escrito recuerda que Doreste fue designado presidente del Consejo Consultivo en 2002 a propuesta del grupo parlamentario de CC. Se trata de una práctica parlamentaria común proponer para este cargo a aquellas personas que, “además de constatar unos elevados conocimientos jurídicos, tengan una especial cercanía con el grupo parlamentario proponente, tratando de guardar un equilibrio entre las diferentes fuerzas con mayor presencia en el pleno”, recoge el documento, que remarca, a modo de ejemplo, que el candidato que planteó el PSOE en aquella ocasión fue Luis Fajardo Spínola, diputado socialista en el Congreso durante cinco legislaturas.
El abogado de Unidos Se Puede, Pedro Fernández Arcila, sitúa el origen del vínculo entre Doreste y CC en el año 1990, fecha en la que el magistrado fue nombrado consejero de Industria y Energía del Gobierno regional tras un pacto entre diversos partidos políticos entre los que se encontraban las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), germen de CC, formación que ha gobernado desde entonces de manera ininterrumpida en el Archipiélago aun siendo la tercera fuerza en votos en las elecciones.
El escrito de recusación también repara en el cambio en la composición de la Sala con “el único objetivo” de que formara parte de la misma Doreste, que hasta este 31 de octubre no figuraba en ningún escrito. En opinión de los denunciantes, resulta “enormemente llamativo” que intervenga “en el preciso momento” en el que deberá emitir su informe la Fiscalía y ante “la pronta entrada en vigor” del Estatuto, que devuelve a la causa al Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, que “ya se ha pronunciado sobre la procedencia” de que Clavijo pase a la situación de investigado.
Para Unidos Se Puede, la nota de prensa remitida por el TSJC el pasado 31 de octubre para informar del plazo de cinco días concedido a la Fiscalía es una prueba “más que evidente” de la falta de imparcialidad de Antonio Doreste. Ese comunicado señalaba que Clavijo exigió que no se demorara más el informe del Ministerio Público ante la inminente entrada en vigor del Estatuto, una afirmación que “no consta en ningún escrito” presentado por la representación legal del presidente canario y de la que se deduce “que perder el aforamiento supone un perjuicio” para el exalcalde de La Laguna y, por tanto, que el TSJC resuelva antes de que esa situación se produzca, “un beneficio”.
En relación al supuesto interés indirecto de Doreste en la causa, los denunciantes apuntan un cuarto argumento, un acto externo que “proyecta su falta de imparcialidad”. Se refieren a la conversación que mantuvo con el también magistrado (hoy suspendido) Salvador Alba en el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el 31 de octubre de 2016. En ese encuentro, grabado por Alba, Doreste le sugería que retirara una querella que había interpuesto contra Miguel Ángel Ramírez ante el temor de que el empresario difundiera “montón de información” en contra del polémico juez. Para los denunciantes del caso Grúas, esa conversación revela “un comportamiento inasumible para una sociedad democrática” y define al presidente del TSJC como “una persona temerosa, intimidable e influenciable frente a los poderosos”, que “se presta a ser mediador de amenazas a otro compañero para que renuncie a su derecho a denunciar hechos que considera delictivos”.
El último punto del escrito de recusación alude a la “enemistad manifiesta” de Doreste con el abogado de la acción popular, Pedro Fernández Arcila, derivada, a su entender, de la denuncia que este presentó ante el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) precisamente por el contenido de la conversación aludida, una queja que fue finalmente archivada.
Alegaciones al escrito de Clavijo
La Sala de lo Penal del TSJC también ha recibido este viernes el escrito de alegaciones presentado por Santiago Pérez y Juan Luis Herrera, concejales de Por Tenerife-Nueva Canarias, contra la petición de Fernando Clavijo para archivar la causa. Sostiene esta parte, también acción popular, que hay indicios racionales de la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación pública por parte del exalcalde de La Laguna y que “no es suficiente” para valorar los hechos el examen “por separado o aisladamente” de determinadas resoluciones dictadas por Clavijo. Para los denunciantes, es “imprescindible” tomar en consideración “las circunstancias que proporcionan la conexión de sentido” a dichas resoluciones y que desvelan la verdadera finalidad de sus actuaciones.
En su relato de los hechos, la abogada Sandra Rodríguez recuerda la adquisición en 2011 de Autogrúas Poli, la empresa adjudicataria del servicio de retirada e inmovilización de vehículos de La Laguna, por parte de un grupo de trabajadores “con una acreditada relación de amistad” con Clavijo. La operación se llevó a cabo “bajo presiones” del alcalde, según ha manifestado el primer propietario. Los nuevos socios compraron la empresa “a ciegas”, sin conocer su situación financiera real. Uno de ellos, cuya mujer “trabajaba en la inmobiliaria de Clavijo”, confesó en sede judicial que había sido el propio alcalde quien les había instado a entrar en la sociedad al tratarse de “un negocio bonito”.
En enero de 2014, ya con los nuevos propietarios, la Junta de Gobierno acordó la intervención temporal del servicio. La empresa acumulaba entonces más de 300.000 euros de deuda con los trabajadores, la Seguridad Social y Hacienda. Los interventores designados por el Ayuntamiento constataron entonces los “graves incumplimientos” de la empresa adjudicataria, calificándolos de faltas graves o muy graves que debían conducir a la resolución del contrato.
A pesar de ello, el Ayuntamiento amplió la intervención, concedió un préstamo a la empresa y, finalmente, prorrogó el contrato hasta 2019, comprometiendo un gasto público de 3,25 millones de euros. A juicio de los denunciantes, Clavijo “pervirtió la propia intervención temporal del servicio como instrumento de defensa de los intereses públicos”, convirtiéndolo en “un mecanismo al servicio de los intereses de los propietarios de la empresa intervenida”. Objetivo para el que no dudó en hacer caso omiso a las advertencias de ilegalidad formuladas por la Intervención general y levantar sus reparos, añaden.
El escrito de alegaciones expone que el objetivo del préstamo no era sanear la empresa, que siguió acumulando deudas hasta su venta, sino “maquillar la situación financiera real” para dar una apariencia de viabilidad y justificar la prórroga.
Los denunciantes concluyen su escrito recordando el auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que revocó el archivo de la causa contra Clavijo. En él se hablaba de un “ejercicio arbitrario del poder”, con resoluciones fruto de “su voluntad”, sin fundamento jurídico y con una lesión al interés general para beneficiar el particular.
