La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) procedió este martes a ejecutar la demolición de la vivienda de Josefa Hernández, conocida como la abuela de Fuerteventura, en Betancuria. El inmueble tenía orden judicial de derribo ya que una parte se encontraba en zona protegida.
La demolición de la vivienda de Josefa se llevó a cabo este martes por la mañana y en la zona se desplegó un operativo de agentes de la Guardia Civil.
El caso de Josefa alcanzó gran relevancia después de que llegara a ingresar en la prisión de Tahíche (Lanzarote), en agosto de 2015, por no derribar unas obras declaradas ilegales en su casa.
Hernández fue declarada culpable de un delito contra el medio ambiente por haber construido su casa en un paraje protegido, el Parque Rural de Betancuria, y condenada a seis meses de cárcel, 700 euros de multa y el derribo de la ampliación de su vivienda.
La mujer pagó la multa, pero no derribó la casa porque aseguraba no tenía otro lugar al que irse a vivir con los cinco familiares que dependían de ella, entre ellos una hija con discapacidad y tres nietos menores.
Un Juzgado de Puerto del Rosario ordenó que cumpliera la pena de prisión, que inicialmente había quedado en suspenso pero la Audiencia Provincial revocó la medida, después de que incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado que sería indultada.
Tras su salida de la prisión de Tahíche, Josefa y la familia a su cargo residen en una casa de protección oficial en Puerto del Rosario.
La vivienda de Josefa se encuentra en la zona de Campo Viejo. La Apmun recibió vía libre para acceder al inmueble para llevar a cabo la demolición, que se materializó este martes.
Las obras fueron denunciadas hace una década por la Guardia Civil al haberse ejecutado sin licencia y el Juzgado determinó la restauración de la realidad física alterada.
Josefa Hernández y sus hijos no han asistido al derribo de la vivienda, que se produjo pasadas las diez de la mañana de este martes ante fuertes medidas de seguridad, con un amplio despliegue policial y de responsables de la Apmun.
El Gobierno de Canarias cedió una vivienda a Josefa Hernández en Puerto del Rosario, la capital de la isla, donde vive junto a su hija y sus nietos, aunque reconoce a la Agencia Efe que el estar alejada del lugar donde vivió durante años “no es forma de vivir”.
Teme que un día llamen a su puerta y le digan que “la casa fue prestada por un tiempo” y le pongan en la tesitura de pagar un alquiler (ahora no paga) o irse a la calle, que es lo que cree que le va a pasar.
Josefa se muestra dolida e indignada con que hayan conseguido tirar su casas “mientras siguen en pie los hoteles y chalets ilegales”. “Yo que no tengo ni para comer y me tiran la casa”.
Su hija Minerva Zerpa también se ha mostrado este martes molesta y ha denunciado que la sentencia solo contemplaba el derribo de la parte que fue ampliada “aunque más tarde se ordenó el derribo de la parte antigua”.
Sin embargo, se ha mostrado sorprendida al conocer que se vaya a derribar la casa de madera anexa pues, “salió un juicio que supuestamente decía que no se tenía que tirar”.
“Ahora nos dicen que también hay que tirar un aljibe al que llegaba el agua del pozo y una caseta que teníamos en una gavia con herramientas”, ha criticado su hija.
La historia de Josefa comenzó en 1995 cuando regresó a su isla natal, Fuerteventura, desde Gran Canaria junto a sus hijos para vivir en una casa que sus padres le habían dejado en herencia en la zona de Campo Viejo, en Betancuria.
Josefa amplió la vivienda alegando que tenía que acoger a su hija discapacitada y a sus tres nietos, entre otros motivos, para que Asuntos Sociales no le retirara la custodia pero en 2007 fue denunciada por ampliar la casa.
Tras el juicio oral en marzo de 2012, Josefa fue condenada por un delito contra la ordenación del territorio.