Varios acusados de ser parte de una red de estafadores desarticulada en 2002 en Canarias que dirigía el famoso ladrón británico ya fallecido John Palmer, conocido como Goldfinger, han descargado de responsabilidad al considerado su lugarteniente, Richard Cashman.
En la segunda jornada contra nueve acusados de esta presunta trama, varios de ellos han desvinculado a Cashman, que se enfrenta a una pena de 10 años de cárcel, y han atribuido al fallecido Palmer las decisiones económicas.
Palmer falleció en junio de 2015, a los 64 años, en su lujosa vivienda de Brentwood, en Essex, al este del Reino Unido, tras recibir dos disparos de un calibre tan pequeño que apenas fueron detectados en un primer reconocimiento.
Está considerado uno de los cerebros del robo de lingotes de oro valorados en unos 30 millones de euros a una empresa de seguridad en 1983 en el aeropuerto de Heathrow (Londres).
La Fiscalía cifra en 205 las víctimas de esta red que dirigía Palmer en Canarias y se dedicaba a “realizar estafas en la venta de apartamentos a tiempo compartido” o multipropiedad entre 1993 y 2002, fecha en la que fueron detenidos sus integrantes en una investigación que llevaba el entonces juez Baltasar Garzón.
Hoy, una de las acusadas, Jacoba Klazina Visscher, que tenía la exclusividad de la venta de algunos de estos paquetes multipropiedad y era dueña de un hotel en Tenerife, La Pinta, ha reconocido ante el tribunal que engañó a los clientes y se ha comprometido a devolverles el dinero.
A falta de que el fiscal concrete las peticiones finales, Visscher se enfrenta a 8 años de cárcel como administradora de dos empresas que vendían los paquetes de vacaciones.
Otro de los acusados, Darren John Morris, que se enfrenta a 12 años y medio de cárcel, tenía firmas autorizadas en sociedades de Palmer, familiar suyo, lo que ha achacado a que éste le pidió que le sustituyera en la firma de documentos cuando estaba fuera de España, pero sin que supiera de qué trataban esos papeles.
Al igual que otros acusados, Morris ha desvinculado a Richard Cashman al afirmar que quien daba las órdenes siempre era éste.
Así, Paul Murray, para quien la Fiscalía pide 12 años de prisión por ayudar a blanquear dinero de la organización, ha dicho no recordar que cuando declaró ante Garzón asegurara que Cashman era quien lideraba la operativa de traspaso de dinero a través de cheques para, presuntamente, lavar los fondos.
Jorge Maximiliano Gallart (se enfrenta a 8 años), que fue accionista de varias sociedades relacionadas con Palmer, se ha desvinculado de los negocios de éste y ha defendido que trabajó desde 2001 para él tratando como enlace español con los directores de los complejos turísticos.
Por estos hechos, la Fiscalía reclama multas de 2 millones de euros y penas de cárcel de entre 8 y 12 años por delitos de asociación ilícita y estafa. En los casos en los que pide mayor pena lo hace al añadir otro delito de tenencia ilícita de armas.