El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegura que en Canarias, durante 2019, no hubo ningún juicio oral o proceso por corrupción en Canarias y los jueces dictaron cuatro sentencias por corrupción el año pasado en las Islas, de las que tres fueron condenatorias y una absolutoria.
En el conjunto nacional, los jueces concluyeron un total de 42
procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de
juicio oral o de procesamiento contra 253 personas, que fueron o serán
llevadas a juicio por este tipo de delitos. Y en total, los órganos judiciales
dictaron 91 sentencias en todo el territorio nacional.
Al igual que en Canarias, ni en Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, ni en Aragón se concluyeron en 2019 procesos por corrupción, mientras que de los 42 procedimientos cuya instrucción finalizó en 2019, ocho tuvieron en Andalucía; seis en Cataluña y Comunidad Valenciana; cinco en Galicia; cuatro en Asturias; tres en Madrid y Baleares; dos en Murcia y Castilla y León y dos en País Vasco y Extremadura.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los jueces dictaron un total de 91 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 65 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 71% del total. Las 26 restantes (28%) fueron absolutorias.
En un comunicado, el CGPJ informa que estos datos son de acceso público en la web y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (acusados y/o procesados, procedimientos o sentencias dictadas), que se actualizan cada tres meses.
Añade que los datos corresponden a la denominada corrupción pública, “entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política”.