El líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, suma una nueva condena de cárcel. En concreto, de siete años y cinco meses de prisión por asociación ilícita, malversación, fraude y cohecho. Además, queda inhabilitado durante 22 años y deberá pagar multas por un valor superior a los 225.000 euros.
Así lo ha decretado la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en la sentencia sobre la trama del caso Unión centrada en las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife. Además del “muñidor” de la red corrupta que exigía comisiones ilegales por obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife a través de varios concejales del PIL, han sido condenados otros nueve procesados.
Según adelantan los periódicos Canarias 7 y La Voz de Lanzarote, los únicos absueltos han sido la hija del líder del PIL, Elena Martín, jefa de Contratación, y el conocido empresario Juan Francisco Rosa, al que se le acusaba de falsear un contrato laboral para que el propio Martín lograse el tercer grado penitenciario. La Audiencia considera que ese contrato no fue determinante para la obtención del beneficio y, por lo tanto, no aprecia el delito de falsedad documental.
La Audiencia Provincial ha impuesto ocho años de cárcel al exconcejal del PIL Antonio Machín; cuatro años y dos meses al también exedil Ubaldo Becerra, al que se le aplica un atenuante por haber reconocido los hechos, y 3 años y medio al exinterventor Carlos Saénz. También han sido condenados a penas de prisión los empresarios Antonio Gómez (un año), Manuel Gregorio Reina (dos años y medio), Jesús Manuel Brito (un año y tres meses) y Samuel Lemes (un año y seis meses).
El exjefe de la Oficina Técnica Rafael Arrocha ha sido multado con 2.190 euros por revelación de información privilegiada, mientras que al consultor Antonio Cárdenas, por aprovecharse de ella, se le sanciona con 4.225 euros.
Las multas impuestas a los acusados superan el medio millón de euros.
Dimas en el jardín del hotel Los Fariones
Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas reconocen que “resulta difícil imaginarse a Dimas Martín cuidando el jardín del hotel Fariones”, como pretendieron hacer ver tanto el líder histórico del PIL como el empresario Juan Francisco Rosa para justificar ese contrato que la Fiscalía considera que falsearon para que el primero lograra el beneficio penitenciario del tercer grado.
“Que se quiera simular una donación con un contrato de trabajo poco importa a los efectos del delito por el que se acusa, como tampoco la pretendida finalidad de obtener los favores de Dimas en los negocios hoteleros”, recoge la resolución judicial en relación a los complejos ilegales del empresario en la isla.