El fundador e histórico dirigente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), el multicondenado Dimas Martín, ha reconocido este miércoles que recibió 72.000 euros de los directivos de Tecmed (luego Urbaser) por su intercesión para que esta empresa resultase adjudicataria de un concurso del Ayuntamiento de Arrecife que entonces (principios de la década de 2000) lideraba la también acusada Isabel Déniz, de su mismo partido político. En concreto, el de recogida de residuos sólidos urbanos y traslado al vertedero del municipio, por un importe de 32 millones de euros.
La confesión de Dimas Martin se ha producido en la primera sesión del juicio que se celebra ante la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas por la operación Jable, la última pieza por juzgar del caso Unión, una de las grandes causas de corrupción en Canarias. Además de Martín y de Déniz, entre los acusados (once en total) figuran el conocido abogado Felipe Fernández Camero, que fue secretario del Ayuntamiento de Arrecife; el entonces jefe de la Oficina Técnica del Consistorio lanzaroteño, Rafael Arrocha, y directivos de Tecmed (Urbaser) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), las empresas que ofrecieron dádivas a políticos y funcionarios a cambio de la adjudicación de obras y servicios. La mayoría de los procesados ha confesado su participación en los hechos. La exregidora presentó un escrito hace poco más de un mes en el que admitía el “cohecho impropio”, haber recibido “regalos o detalles” por valor de 45.000 euros, pero su defensa letrada entiende que los hechos han prescrito.
El fundador del PIL ha declarado por videoconferencia desde el centro penitenciario en el que cumple condena por causas anteriores. Su declaración ha sido escueta. Se ha limitado a reconocer el cobro de esa dádiva por parte de los directivos de la empresa que finalmente resultó adjudicataria del contrato de basuras. Martín dijo no recordar por qué en el registro de su domicilio fue intervenida una factura en la que consta el pago por parte de FCC de un viaje a Marrakech para Déniz y alguno de sus familiares. Un pago que, según reconoció posteriormente un ex alto cargo de esa empresa ante el plenario, estaba vinculado a la adjudicación de otro contrato, el de construcción del pabellón de Argana Alta. “Todo lo que tenía que decir, ya lo he dicho”, ha insistido sobre esas facturas.
Otro de los acusados, Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife en la fecha de los hechos, ha confesado que amañó el concurso para que Urbaser fuera la adjudicataria y ha implicado directamente a la exalcaldesa en la operación y, de manera más tibia, al exsecretario municipal. Según ha explicado, fue Fernández Camero quien le dio acceso a las ofertas que ya habían presentado todas las empresas días antes del acto público de apertura de sobres. De esta manera, pudo comprobar que Tecmed no era la que mejor puntuación tenía según los pliegos. Había otra licitadora que lo superaba. “Arregla esto como sea”, asegura que le dijo entonces la alcaldesa, que quería que se le adjudicase a la empresa de la que, presuntamente, había recibido dádivas.
El acusado ha detallado que fue entonces cuando pidió al gerente de Tecmed-Urbaser en Lanzarote, el coacusado Jacinto Álvarez, que introdujera una serie de mejoras para el Ayuntamiento con la finalidad de aumentar su puntuación en uno de los baremos y así ser la mejor posicionada. Arrocha ha contado que esas mejoras, recogidas en “cinco o seis folios”, se incorporaron a la oferta de esa empresa con el plazo ya cerrado. Fue él mismo, según confesó a preguntas del tribunal, quien las introdujo físicamente entre los documentos presentados, en “una carpeta de anillas”.
Arrocha ha involucrado a Déniz, atribuyéndole la orden de “dar el cambiazo” para poder adjudicar el contrato a Tecmed, y al exsecretario Fernández Camero, del que ha dicho que debía “estar al corriente” de la operación, porque era él quien le facilitó toda la documentación. Ha explicado, además, que los pliegos los elaboró esa misma empresa y que esta los hizo llegar al Ayuntamiento, en concreto al secretario municipal, que después debía llevarlo a comisión informativa y, finalmente, a pleno.
“La documentación estaba bajo custodia del secretario” Fernández Camero, ha insistido Arrocha, que admitió haber recibido 180.000 euros por ese amaño y que se ha mostrado “totalmente arrepentido” por estos hechos. El exjefe de la Oficina Técnica de Arrecife ha dicho que ya ha pagado “entre 30.000 y 40.000 euros” por una condena previa de 2016 (por la que también se le impuso una pena de cuatro años y seis meses de cárcel) y que, por ello, en esta tan solo ha podido consignar 5.000 euros para responder por su responsabilidad civil.
También declaró como acusado Jacinto Álvarez, gerente de Tecmed- Urbaser en Lanzarote en el momento de los hechos y figura clave en este causa, ya que durante esos años anotó en sus agendas todas las operaciones que son objeto de este juicio, incluyendo las peticiones realizadas por la exalcaldesa. En un trastabillado interrogatorio, Álvarez admitió que esas anotaciones, las que están escritas de su puño y letra, son su “verdad” de los hechos. Sostiene que era un mero intermediario. “Yo no he pagado nada. Hablando vulgarmente, he hecho de camello. A mí me daban el dinero para Fulano, Mengano o Zutano”, dijo durante una declaración que se tuvo que interrumpir en numerosas ocasiones por las interpelaciones personales hacia el fiscal o hacia otros abogados de la defensa.
Según Álvarez, lo anotaba todo por precaución, “por si acaso” la empresa le cogía “como chivo expiatorio”. “De acusador pasé a acusado y todos se están escondiendo detrás de mí”, ha añadido. El exgerente de Tecmed también ha implicado a Fernández Camero en los hechos. Ha asegurado que fue a su despacho, “un cuarto pequeño bajando unas escaleras”, para entregarle un sobre con dinero que era para pagar un viaje a Kenia. “No tenía amistad con ese señor, pero (Isabel) Déniz me dijo: llévaselo a Felipe”. Aunque no concretó la cantidad, en su agenda hizo constar que eran 14.000 euros.
La sesión concluyó con la declaración de directivos de Urbaser y FCC que ya habían confesado haber pagado esas comisiones para la adjudicación de esos contratos.