En esta ocasión es por ampliar una casa en suelo rústico en Yaiza. En las anteriores fue por pedir dinero para no derribar una edificación, por oponerse a que tiraran el bañadero de Guatiza, por malversar más de dos millones de una subvención dirigida al Complejo agroindustrial de Teguise, por comprar el voto de un concejal de Arrecife para que saliera elegido alcalde el candidato del PIL, por construir unos baños en Los Dolores, por contratar a Rodríguez Batllori para asuntos particulares pagando con dinero de Arrecife y de Inalsa y por una recalificación con la empresa Las Cucharas. Todas, menos la última, acabaron en condena.
No cumplió la primera por no tener antecedentes y no ha cumplido la última porque aún no es firme. Y además se libró de ir a juicio, porque la instrucción nunca terminó, en dos ocasiones, por la venta de los apartamentos de Los Cocoteros y por el caso Flumelan. Su futuro, además, se parece mucho a su pasado. Le pueden quedar tres juicios, con peticiones de cárcel importantes. Uno será seguramente en 2016, el de las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de la capital, por el que se enfrenta a 17 años de cárcel, y faltan por resolverse la operación Jable y la pieza sobre su patrimonio.
Se trata, efectivamente, de Dimas Martín, que se sentará de nuevo en el banquillo del Juzgado de lo penal número 1 los días 30 y 31 de marzo como único acusado por un delito contra la ordenación del territorio por ampliar su casa en suelo rústico de protección natural en Los Rostros en el municipio de Yaiza, dentro del Parque Natural de Los Volcanes.
El ex presidente del PIL, ex senador, ex alcalde de Teguise, ex presidente del Cabildo de Lanzarote y ex parlamentario regional, se enfrenta en esta ocasión a la petición de dos años de cárcel, a una multa de 12.000 euros y a la inhabilitación para promover obras.
Es otra de las piezas separadas del caso Unión, en cuyo sumario se recogen algunas de las conversaciones entre Dimas Martín, varios cargos públicos y otras personas implicadas en su construcción.