El director-gerente de Aguas de Teror, Alexis Gómez, y el secretario de la empresa, Sergio Ramírez, han prestado este martes declaración ante la Fiscalía de Las Palmas con motivo de la investigación que ha iniciado para determinar si la compañía municipal ha cometido un fraude fiscal entre 2012 y 2016.
El exalcalde de Teror Juan de Dios Ramos y otros dos miembros del consejo de administración de la empresa en los años que se investiga también estaban citados a declarar, pero su declaración ha sido pospuesta para otro día debido a que no ha dado tiempo en esta primera sesión, según ha indicado a Efe el abogado que los representa, José María Palomino.
Los dos representantes de la empresa que han declarado ante la Fiscalía han dado “explicaciones” sobre este asunto y las “interpretaciones del contrato” que une a Aguas de Teror con el Ayuntamiento.
En opinión de Palomino, “a este tema se le puede dar toda la importancia que se quiera, pero se trata de una empresa que, tratándose de un ente que pertenece a una corporación municipal, está controlada por la Audiencia de Cuentas, que nunca ha puesto el menor reparo”.
Palomino ha agregado que “la compañía tiene sus cuentas auditadas todos los años y nunca se les ha puesto un reparo, por lo que al final estamos ante un asunto que no deja de ser interpretativo y, los dos citados que han declarado, han dado las debidas explicaciones” a la Fiscalía.
A su juicio, cuando las cosas están bajo investigación siempre se desconoce su resultado, aunque tanto él como sus defendidos esperan que “este asunto se resuelva de forma favorable”.
José María Palomino ha precisado de que no se está en un procedimiento judicial, sino preprocesal, por lo que “estamos hablando de unas diligencias de investigación y el fiscal tiene seis meses para su instrucción e, incluso, después podría solicitar una prórroga”.
El jurista ha reiterado que “las cuentas anuales de Aguas de Teror siempre han sido auditadas y nadie ha puesto objeciones sobre ellas”, por lo que también entiende que esta problemática “no deja de ser una interpretación de contratos y cosas por el estilo”.
Asimismo, Palomino ha desvelado que detrás de todo este asunto hay “una disputa por honorarios” de unos auditores externos contratados en el año 2015 y que hay un procedimiento judicial por lo civil en el que se discute esa reclamación.
Aguas de Teror comunicó este lunes que nunca ha dejado de cumplir con “todas sus obligaciones tributarias, administrativas y de cualquier otro tipo”.
La compañía reconoce la existencia de una auditoría externa que fue encargada hace dos años por la exalcaldesa Isabel Guerra (NC), que “discrepa en aspectos técnicos” sobre el proceder de la empresa municipal, aunque Aguas de Teror dice que “hay sobrada solvencia” por las otras auditorías que se realizan anualmente.
Los técnicos municipales que están al frente de la empresa, así como sus asesores jurídicos, laborales, fiscales y mercantiles siempre han destacado que las actuaciones de Aguas de Teror se han ajustado a derecho, cumpliendo con la ley y los informes técnicos.