La “discordancia” entre las obras realizadas en cuarteles de la Guardia Civil en Ávila y el contenido de las facturas que se emitieron es uno de los aspectos que ha tenido en cuenta la Audiencia de Madrid para mantener vivo el llamado caso cuarteles, que se vio reforzado con la declaración del empresario lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León y de testigos, que admitieron esa supuesta facturación irregular.
Este contratista, conocido como Mon y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador, reconoció ante el juez “la existencia de importes en facturas que no se correspondían con lo realmente ejecutado” en las obras realizadas en diferentes acuartelamientos de la provincia abulense e investigadas en el juzgado de instrucción número 3 de Madrid.
El testimonio de este empresario, investigado en el caso, junto a otras testificales “sobre la existencia de trabajos facturados y no ejecutados” han motivado, entre otros “indicios”, que la Audiencia de Madrid haya rechazado archivar la causa para uno de los cuatro imputados, precisamente el exresponsable de la Comandancia de Ávila Carlos Alonso Rodríguez.
Este procedimiento, abierto en 2021, mantiene como investigados también al teniente general Pedro Vázquez Jarava y a otro empresario, y gira en torno a presuntas irregularidades en obras de mantenimiento y reforma en trece comandancias distintas.
Además de la declaración de Mon, a quien se habrían adjudicado obras por 3,3 millones de euros entre 2008 y 2019, el tribunal también hace constar en su auto que de la declaración de un testigo “se deriva” que el exjefe de la Comandancia de Ávila “le manifestó ”que “tenía constancia de que se estaban pasando facturas sin haberse ejecutado” y que “le dijo que se hiciesen las obras y luego se facturase como debiera”, pero que “tenían que ser facturas inferiores a 5.000 euros”.
Otra testigo declaró que “quien se infiere ser” el empresario Tejera “traía al mismo tiempo los presupuestos y las facturas” y que se pagaron algunas “sin que se hubiesen realizado las obras”, mientras que a otro le “extrañó” que “viniesen las obras adjudicadas a un empresario” y consideró que “no era normal que a final de año se liberase una cantidad de crédito como la que se realizó, que fue de 120.000 euros”.
Según el tribunal, la firma del exresponsable de la Comandancia de Ávila figura en facturas por trabajos en los cuarteles de Las Navas del Marqués y Sotillo de la Adrada emitidas por un trabajador, que declaró “que no reconocía ni su firma ni haberlas confeccionado”.
Indicó que el empresario Tejera, en lugar de pagarle unas obras realizadas en Badajoz, “se hizo mediante dichas facturas en Ávila”, y que le pidió los datos para hacer “él mismo las facturas y pasarlas a dicha Comandancia”.
Los magistrados indican que la investigación ha desvelado que había un aumento de crédito a final de año para realizar obras menores en diversos cuarteles de la provincia y constatan que existía “la recomendación” y posterior “elección” de un “empresario en concreto con domicilio en Lanzarote” para adjudicar las obras.
“La ausencia de constancia de un estudio previo de necesidad de dichas labores en los acuartelamientos de la Guardia Civil (...), la inmediatez entre la presentación de algunas de las facturas, su visado y su presentación al cobro” y esa “discordancia” entre los trabajos realizados y el contenido de las facturas son algunos de los “indicios” contemplados por el tribunal para mantener abierta la causa.