El empresario Felipe Ojeda, administrador de facto de la principal proveedora del Ayuntamiento de Telde en suministros de ferretería durante el periodo investigado en el caso Faycán (2003-2007), ha reconocido este jueves, en la tercera sesión del juicio, que elaboró facturas falsas para cargar a las arcas municipales los gastos de varias reformas que acometió en octubre de 2005 el Partido Popular (PP) en su sede de la misma localidad, la segunda en importancia de la isla de Gran Canaria.
Ojeda, que es uno de los veinte acusados que han confesado su participación en la trama de comisiones ilegales y ha acordado con la Fiscalía una rebaja sustancial en la condena, ha explicado en su declaración en calidad de testigo que su contacto para materializar esa operación fue Francisco Gordillo, asesor de la cabecilla, la entonces concejala de Obras Públicas María Antonia Torres, fallecida en 2010.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez emitió varias facturas por supuestos pedidos de material fungible para la Concejalía de Desarrollo Local, cuya máxima responsable era la también procesada María del Carmen Castellano, presidenta del PP de Telde y actual portavoz del partido en el Ayuntamiento. El importe de esas facturas, cinco en total, ascendía a 15.000 euros, que se cargaron a las escuelas taller de la concejalía y al programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo (OPEA), dirigido a parados y subvencionado por el Fondo Social Europeo.
Sin embargo, esos suministros nunca se sirvieron al Ayuntamiento, como ha reconocido este jueves el empresario. Ese dinero se destinó a financiar parte de la remodelación de la sede del PP ubicada en el Paseo Maestra María del Rosario Hernández de la Ciudad de los Faycanes. En concreto, a las obras para la colocación del piso y rodapiés para 250 metros cuadrados, el aire acondicionado y barandales de acero inoxidable.
“Gordillo lo tenía claro, me dijo lo que tenía que hacer”, declaró ante el plenario Felipe Ojeda, quien dijo desconocer si María del Carmen Castellano estaba al tanto del plan. El empresario explicó que su primer contacto con la exalcaldesa se produjo cuando ya había sido detenido. “Pidió reunirse conmigo y hablamos del tema de las facturas. Yo propuse abonarlas (devolver el dinero), pero se acordó que no se hiciera nada con esas facturas (las de la Concejalía de Desarrollo Local), que no se abonara ninguna”, manifestó durante el interrogatorio del fiscal. Posteriormente, a preguntas de Rosa Díaz-Bertrana, abogada de Castellano, precisó que adoptaron esa decisión porque el caso ya se encontraba judicializado y creyeron conveniente que se resolviera en los tribunales.
Durante la sesión de este jueves se reprodujo en la sala una de las conversaciones interceptadas durante la investigación, con Ojeda y Gordillo como protagonistas. En ella, el empresario le cuenta al asesor de María Antonia Torres que ha emitido cinco facturas que suman alrededor de 15.000 euros. Una cantidad, dice, a la que hay que “subirle el 30% tuyo” (en relación a la comisión de Gordillo) y el margen comercial, al que finalmente renuncia. “Tú coges y le sumas a ese 30 un 20%”, responde al asesor. Ojeda hace entonces cálculos y concluye que la operación asciende, en total, a los 42.000 euros. “La diferencia que falta, se la pides a José Luis”, comenta Ojeda. El empresario ha señalado en el juicio que el José Luis al que hace referencia en la grabación es otro de los arrepentidos del caso Faycán, José Luis Sánchez, asesor en el momento de los hechos de María del Carmen Castellano.
En otra grabación reproducida en la sesión del pasado martes, el asesor de María Antonia Torres pedía al de María del Carmen Castellano que le informara a su jefa del “tema del aire acondicionado, porque es un montante importante”. En concreto, 20.000 euros.
Por esta rama del caso Faycán, la vinculada a la reforma de la sede del PP, figura como responsable civil subsidiario el propio partido político, representado por el senador Jorge Rodríguez, que fue procesado y posteriormente absuelto en el caso Grupo Europa, una pieza separada de la causa en la que la Fiscalía le acusaba de interceder en favor de la empresa del mismo nombre en varios ayuntamientos gobernados por el PP. A pesar de que Rodríguez preguntó el lunes, en el arranque del juicio, si se podía ausentar en las sucesivas por considerar que del relato de los hechos no se infiere ninguna responsabilidad del partido, lo cierto es que sigue haciendo acto de presencia, aunque sin formular ninguna pregunta.
Renuncia a cinco testigos
El fiscal Anticorrupción, Luis del Río, ha renunciado al testimonio de los otros cinco acusados conformados, convertidos en testigos en una controvertida decisión del juez Salvador Alba, que estaban citados a declarar este jueves. Se trataba del técnico municipal, ya jubilado, Jorge Rodríguez; el director general de la constructora Mazzotti, Alejandro Navarro; el administrador de Cementos Las Torres, Pedro Antonio Betancor; el administrador de Planes, Gestión y Construcciones, Ángel Omar Suárez, y el comercial de Iturri Víctor Hugo Rosales.
Los dos primeros sí respondieron a preguntas formuladas por abogados de la defensa. Jorge Rodríguez afirmó desconocer si la concejala de Desarrollo Local, María del Carmen Castellano, era conocedora de las irregularidades que se producían en otras áreas, concretamente en la de Obras Públicas, y explicó que el nombre de la exalcaldesa figuraba en un decreto de ese departamento porque había asumido temporalmente las competencias en sustitución de María Antonia Torres, su titular, que se encontraba de vacaciones.
Por su parte, Alejandro Navarro, que pagó un sobre al asesor de Torres para la adjudicación de las obras de los aparcamientos de Los Picachos, negó cualquier relación con otro de los procesados en la trama, Agustín León, ex secretario general de Ciuca en el municipio.