La investigación penal contra Anfi, el principal operador en Europa del negocio de las vacaciones a tiempo compartido (timesharing), sigue su curso entre nuevas acusaciones hacia la empresa por maniobras que, según los denunciantes, pretenden dilatar o eludir el pago de las cientos de condenas judiciales que han recaído en su contra por las irregularidades en la venta de los derechos de uso por semanas de inmuebles turísticos. El despacho de abogados Canarian Legal Alliance (CLA), que representa a clientes afectados por estas prácticas, ha puesto en conocimiento del magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana los últimos movimientos del grupo al entender que constituyen “claros indicios” de desviación patrimonial para esquivar el cumplimiento de sentencias firmes.
En ese juzgado del sur de Gran Canaria, lugar en el que se erigió en los años 80 el emporio turístico fundado por el empresario noruego Björn Lyng (fallecido en 2006), se instruye desde el año pasado, tras una denuncia de la Fiscalía, la causa penal contra Anfi por los presuntos delitos de insolvencia punible, alzamiento de bienes y frustración en la ejecución de los cientos de procedimientos civiles en los que ha sido condenada. El bufete CLA, que junto al despacho Rodríguez y Ceballos llevó el caso al Ministerio Público, contabiliza ya más de 600 resoluciones judiciales en contra de la empresa por asuntos relacionados con el timesharing, por un importe global que supera los ocho millones de euros. De ellas, unas 150 son firmes del Tribunal Supremo.
Una de las vías reclamadas en los juzgados por los demandantes para recuperar su dinero es el embargo de los ingresos que percibe Anfi por las cuotas de mantenimiento que deben pagar los clientes por el derecho de uso por semanas de los alojamientos turísticos, que oscilan entre los 400 y los 900 euros anuales. Históricamente esas cantidades eran cobradas por Anfi Resorts, una de las dos sociedades del grupo (la otra es Anfi Sales) que aparecen en los contratos y que, por lo tanto, están siendo investigadas y han sido ejecutadas. Sin embargo, desde hace un tiempo, ha dejado de percibir esas cantidades, que se ingresan a otras empresas del conglomerado que no figuran en los procedimientos civiles (como Anfi Tauro Resorts o Anfi Real States) o, directamente, en las cuentas corrientes de los propios clubes turísticos, que no tienen personalidad jurídica y tampoco han intervenido en los contratos.
Para los denunciantes, se trata de una estrategia de “desvío de capital” con el objetivo de dejar a las sociedades investigadas y ejecutadas (Anfi Sales y Anfi Resorts) en una situación de insolvencia, con las cuentas vacías, y evitar pagar a los demandantes. Una actuación que entienden “punible”, ya que “no hay causa o razón que la justifique”, según relata la abogada Eva Gutiérrez, que añade que para el próximo año los requerimientos de pago de las cuotas de mantenimiento se están girando de forma sistemática a cuentas corrientes ajenas a las empresas contratantes y, por tanto, a los procesos de ejecución.
Este despacho de abogados calcula que los cinco complejos de Anfi (Beach Club, Puerto, Monte, Gran Anfi y Emerald), que suman casi mil apartamentos, ingresan por las cuotas de mantenimiento un mínimo de 26,5 millones de euros al año. El propio grupo turístico ha reconocido en los juzgados que este concepto supone “un importante activo líquido” y, en alguno de estos procesos de ejecución, ha defendido que Anfi Resorts no puede cumplir el pago de sus condenas judiciales a través de estas cuotas de mantenimiento porque “las factura una empresa distinta”. Una aseveración que, a juicio de los denunciantes, implica el reconocimiento implícito del desvío de fondos. La letrada de CLA recuerda que en los procedimientos de origen constan documentos que evidencian que es esa sociedad, Anfi Resorts, la que ha percibido desde el principio y hasta hace escasas fechas esos pagos.
Junto a los de insolvencia punible y alzamiento de bienes, se le imputa a la empresa turística el delito de frustración en la ejecución por su “obstinada actitud” tendente a evitar los pagos a los que está obligada en virtud de esas cientos de sentencias judiciales. El Grupo Anfi llegó a recibir varias advertencias por no informar al juzgado de los bienes susceptibles de embargo. Tras la apertura del proceso penal, los representantes legales de la sociedad confesaron sentirse “desbordados” por la multitud de pleitos abiertos y trataron de justificar en esta circunstancia su retraso en contestar a los requerimientos. A pesar de ello, y de la consolidada doctrina del Supremo en relación con los motivos por los que ha sido condenada en los procesos civiles (duración de por vida de los contratos frente a los 50 años máximos fijados en la ley, cobros indebidos de anticipos, indefinición en la disponibilidad de los apartamentos a través del sistema de semanas flotantes...), los abogados de Anfi siguen recurriendo sistemáticamente las resoluciones judiciales.
Para saldar sus deudas con los antiguos clientes, la empresa líder del negocio turístico de timesharing en Europa ha llegado a ofrecer propiedades cuya ejecución se antoja “imposible” para los denunciantes por sus cargas hipotecarias, la limitación de su uso turístico o la imposibilidad de la venta por unidades.
En los procedimientos de ejecución, los juzgados han ordenado los embargos de prácticamente todos los ingresos procedentes de la actividad de Anfi, desde las ya mencionadas cuotas de mantenimiento hasta los rendimientos de los restaurantes de los que dispone, la venta de derechos de uso de los inmuebles, los contratos de financiación, la explotación turística de las villas, de los aparcamientos o el alquiler de cajeros automáticos y la gestión informática prestada a empresas del grupo.
El despacho CLA subraya que, pese a la “prolífica actividad” de la empresa turística en los últimos años, prácticamente no se han trabado embargos por los obstáculos que plantea Anfi, que se escuda ahora en la caída de la contratación como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Los denunciantes aclaran, sin embargo, que la empresa sigue ingresando las cuotas de mantenimiento o los fondos procedentes de la financiación de los contratos en periodos que oscilan entre los 12 y los 84 meses, por lo tanto muchos de ellos “vivos” y que reportan intereses de entre el 10 y el 12% a la sociedad empresarial, según las mismas fuentes.
Los representantes legales de antiguos clientes de Anfi recuerdan que algunos procedimientos de ejecución continúan pendientes de cobro desde 2017. La empresa turística no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico sobre los nuevos hechos denunciados por la acusación particular.
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