Salvador Alba ha entrado este martes en la cárcel de El Salto del Negro (Las Palmas I), en Gran Canaria. Lo ha hecho 335 días después de que fuera firme la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la condena por su confabulación para intentar acabar con la carrera política y profesional de Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
El exjuez, que debe cumplir una pena de seis años y medio de prisión, ha ingresado sobre las diez de la mañana, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictara contra él este lunes una orden de busca y captura al no haberse presentado voluntariamente dentro del plazo establecido para ello, que expiró el pasado viernes.
La condena de Salvador Alba adquirió firmeza el 17 de noviembre de 2021. En esa fecha, el Tribunal Supremo ratificó el fallo dictado dos años antes por el TSJC. Hasta la orden de busca y captura dictada este martes y su posterior ingreso en prisión han transcurrido, por tanto, once meses. Alba, que ejercía en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, fue condenado por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial, “los más graves que puede cometer un juez” en el ejercicio de sus funciones, como han reiterado diversas resoluciones judiciales.
Según los hechos probados de esa sentencia, Alba utilizó un procedimiento judicial que instruía, en sustitución de Victoria Rosell, en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria para tratar de perjudicar la carrera política y profesional de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que había pedido la excedencia para presentarse a las elecciones de 2015 como independiente en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas. Los informes falsos que el exjuez remitió al Supremo fueron claves para que el alto tribunal admitiera a trámite la querella que contra Rosell había presentado José Manuel Soria, que en aquellas fechas presidía el Partido Popular (PP) en Canarias, era ministro de Industria, Energía y Turismo y rivalizaba con ella en los comicios.
El empresario al que investigaba Alba en ese procedimiento, Miguel Ángel Ramírez, grabó la reunión clandestina que mantuvo con el entonces juez en su despacho el 16 de marzo de 2016. Ese audio, presentado meses después en los juzgados, destapó el caso. En él se podía escuchar el “acuerdo corrupto” que el magistrado proponía a su interlocutor. Con fines ajenos a los hechos que investigaba, se comprometía a archivar la causa que instruía contra él por un presunto fraude fiscal a cambio de que declarara en sede judicial y aportara documentación que pudiera comprometer a Victoria Rosell. A raíz de esa comparecencia, Alba elevó al Supremo informes con falsedades que provocaron que este tribunal admitiera a trámite la querella de Soria contra la magistrada en excedencia, que se vio obligada a renunciar por ello a continuar en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y a presentarse a las elecciones de 2016.
“Un buen día para la democracia”
La víctima de Alba, la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha valorado la entrada en prisión del ex juez corrupto, Salvador Alba, como “un buen día para la democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones”. Rosell, con cuya carrera política y judicial quiso acabar el magistrado ahora encarcelado, califica como una buena noticia “que cuando se condena a un juez corrupto o cualquier persona tan relacionada con el poder como el exjuez Salvador Alba se cumplan las sentencias y entre en prisión, además de ser expulsado de la carrera judicial, porque no se lo va a poder hacer a nadie más”.
Intentos de eludir la cárcel
Alba fue apartado provisionalmente de la judicatura en julio de 2018, cuando se decretó contra él el auto de apertura de juicio oral. La vista se celebró un año después. Ya con la sentencia firme, el TSJC le dio a principios de febrero diez días para su ingreso voluntario en prisión. Sin embargo, un día antes de que se cumpliera este plazo, su abogado, Nicolás González-Cuéllar, presentó un escrito en el que solicitaba la suspensión de la pena alegando que el exjuez padecía una enfermedad grave e incurable, incompatible con su ingreso en prisión.
Ese requerimiento de suspensión no fue definitivamente resuelto sino hasta el pasado jueves. Entre medias, tres informes de médicas forenses dictaminaron que las dolencias de Alba no suponían ningún impedimento para su ingreso en la cárcel. Además, el exmagistrado intentó apartar de la sala de ejecución de sentencia al presidente del TSJC por contestar en el Parlamento de Canarias una pregunta de un diputado de Sí Podemos. El tribunal canario tardó más de cuatro meses en resolver definitivamente este incidente de recusación, que se mezcló con otro contra la jueza Gloria Poyatos.
Dos resoluciones del TSJC dadas a conocer este martes rechazaban los dos últimos escritos presentados desde el viernes por la defensa de Salvador Alba en un nuevo intento por eludir su ingreso en prisión. En concreto, la defensa había formulado un nuevo incidente de recusación contra el presidente del tribunal, Juan Luis Lorenzo Bragado, al que ya había intentado sin éxito recusar en junio, y una petición de aclaración del auto del pasado jueves en el que se le otorgaban 24 horas de plazo para ingresar en prisión, límite que venció el viernes y que Alba incumplió.
El tribunal canario no ha admitido ese segundo incidente de recusación, precisando que, además de extemporáneo, es “claramente temerario”.
Plan de protección
La esposa del exjuez, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, declaró estos días en entrevistas concedidas a distintos medios de comunicación que el penado se presentaría este martes a las 15.00 horas en alguna de las cinco prisiones peninsulares aptas para presidiarios especiales dedicados a la persecución del delito. Sin embargo, tal y como ha confirmado este periódico, lo ha hecho finalmente en una cárcel de la isla de Gran Canaria.
A partir de este momento, Salvador Alba será tratado de manera especial dentro de Salto del Negro por tratarse de un funcionario relacionado con la persecución del delito. No podrá relacionarse con los demás internos de la prisión, saldrá a pasear al patio solo y estará acompañado por un funcionario cada vez que tenga que acudir a servicios comunes como la enfermería.
El director de la prisión ordenará un plan de protección de su persona mientras los técnicos del establecimiento penitenciario evaluarán sus condicionantes para decidir su traslado a alguna de las cinco prisiones con módulos específicos para exfuncionarios policiales o judiciales relacionados con la persecución del delito. Esas prisiones son las de Estremera, Sevilla 1, Castellón, Logroño y Lugo.