“El contenido de la grabación sonroja”. La fiscal del Tribunal Supremo Iliana Navia-Osorio no tuvo miramientos a la hora de calificar el comportamiento del juez Salvador Alba Mesa en la causa por la que fue condenado en 2019 a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, actualmente delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Se refería la representante del Ministerio Fiscal a la grabación que realizó a principios de 2016 el empresario Miguel Ángel Ramírez en el despacho oficial de Alba en la Audiencia Provincial de Las Palmas, durante una reunión en la que el juez le ofreció archivarle una causa penal a cambio de información que comprometiera a Rosell.
Este jueves se vio en la Sala Segunda del Tribunal Supremo la vista oral en la que se abordaron los recursos contra esa condena a Alba de septiembre de 2019, entre ellas el suyo propio, defendido por el abogado Nicolás González-Cuéllar Serrano sin la presencia de su patrocinado, que no se personó. La defensa pidió, entre otras cosas, que se rechazara esa grabación como prueba de cargo (tal y como fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias) al haber sido realizada, a su entender, subrepticiamente y con mala fe por parte del empresario, que llevaba una grabadora en un bolsillo de su americana con la que se registró la conversación.
Durante la hora y media que duró la vista se repasaron muchos de los aspectos que rodearon aquellos sucesos, que comenzaron a finales de 2015, cuando el juez Alba pidió expresamente al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, ser destinado al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria tras quedar vacante por una excedencia por su titular, Victoria Rosell, que concurría a las elecciones de diciembre por Podemos. Como recordó la fiscal en su informe oral ante la Sala Segunda del Supremo, nada más llegar al juzgado, el juez condenado (y actualmente suspendido en sus funciones pero con un sueldo de 1.800 euros al mes) quiso “que no hubiera testigos”, para lo cual pidió a Doreste que le apartara al juez de refuerzo que tenía el juzgado. A continuación, reclamó a los funcionarios que le pasaran la causa por fraude fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, a quien impuso casi de inmediato una fianza de 35 millones de euros. Creó el ambiente propicio para que el empresario accediera a una reunión en la que, de acuerdo con las conclusiones de la sentencia y de la fiscalía del Supremo, Alba le ofreciera archivar o anular la causa contra él a cambio de información y documentos sobre negocios que pudiera haber tenido la pareja de la magistrada con el empresario.
La fiscal se encargó de desmontar muchos de los siete motivos de casación que presentó el abogado de Alba contra su condena, especialmente el referido a la grabación que dio lugar a la causa. A su entender, el empresario grabó al juez al ser convocado por este a una reunión clandestina tras imponerle una fianza millonaria y en la que era previsible que le ofreciera un acuerdo para aliviar sus padecimientos penales. “Claro que no actuó de buena fe”, exclamó la representante del Ministerio Público en respuesta al abogado del condenado, que en varias ocasiones insistió en pedir la nulidad de la grabación por considerar que no fue espontánea, no fue hecha de buena fe y que sufrió adulteraciones antes de ser presentada ante la justicia. “Un imputado no está obligado a actuar de buena fe”, enfatizó la fiscal. “¿Cómo no va a grabar esa reunión?”, se preguntó retóricamente, “una y mil veces”, remachó. A su entender, la conversación entre el juez y su investigado, solos en un despacho, “nunca debió haberse producido”.
El abogado de Victoria Rosell, Antonio Marrero, actuando como acusación particular, también rechazó las pretensiones de la defensa respecto a la grabación al recordar a la Sala que todos los registros encontrados en el dispositivo que portaba Miguel Ángel Ramírez fueron objeto de varias periciales por parte de los servicios especializados de la Guardia Civil y que nunca prosperaron los recursos presentados durante la instrucción por parte de la defensa del juez condenado. Los peritos del instituto armado se ratificaron en el juicio celebrado en el TSJC en contra del informe de parte encargado por la defensa, elaborado por el laboratorio de Jonathan Hellín, quien confesó en la vista tener dificultades auditivas en su pabellón derecho.
La grabación copó gran parte de las exposiciones de las partes. La abogada de la acusación popular en nombre de Podemos, Sandra Rodríguez, recordó al tribunal la afición de Salvador Alba por las grabadoras, y no precisamente para denunciar presuntos delitos. Rodríguez recordó las dos ocasiones —conocidas- en las que el condenado pulsó la tecla de grabación: una estando reunido en deliberación con sus compañeros magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y la otra en los garajes de la Ciudad de la Justicia de esa capital, cuando grabó al presidente del TSJ, Antonio Doreste, mientras le daba consejos sobre las causas penales en las que andaba envuelto. Ambas grabaciones trascendieron a la prensa.
El abogado González-Cuéllar tuvo que soportar una buena reprimenda de la fiscal al recibir respuesta a sus pretensiones respecto a que su patrocinado fuera víctima de un juicio injusto. Lo pretendió al alegar que tanto la jueza instructora en el TSJC, Margarita Varona, como uno de los miembros del tribunal que lo condenó, Julio Wood, no presentaban los requisitos de imparcialidad exigibles. Las acusaciones le recordaron que todos los intentos del condenado por apartar a jueces que consideraba parciales fueron rechazados por el TSJC, pero no contaban con que el defensor tratara de poner como ejemplo de buena praxis en esta materia al magistrado Pablo Llarena, que en junio pasado se apartó de la sala que este jueves revisó el recurso de Alba alegando que había tenido contacto personal con el condenado durante el tiempo en que el primero presidía la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el segundo era su delegado en Canarias.
La fiscal fue inclemente: “El respeto que pide para el magistrado Pablo Llarena se lo pido para los dos magistrados que decidieron no abstenerse”, fueron las palabras que pronunció Navia-Osorio mirando a los ojos a González-Cuéllar. El abogado de Alba recusó al magistrado Julio Wood por haber pertenecido en el pasado a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, a la que también pertenece Victoria Rosell y dos de los cinco magistrados que este jueves formaban Sala.
Además de estas cuestiones también fueron objeto de debate los tres delitos por los que Alba resultó condenado: prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial. Mientras que la defensa puso en duda la comisión de todos ellos y, por lo tanto, la sentencia en su integridad, las acusaciones y la fiscalía se ratificaron en sus posiciones contrarias.
En el caso de la falsedad insistieron en que el condenado falsificó el informe que remitió al Supremo y que sirvió para que la Sala Segunda admitiera a trámite una querella del exministro José Manuel Soria contra Victoria Rosell, lo que a la postre originó su dimisión y la frustración temprana de su carrera política. La acusación particular, la de Victoria Rosell, pidió incrementar la condena por el delito de falsedad al considerar que lo cometió Alba de manera continuada, no solo por ese informe al Supremo, sino también por los otros dos que remitió al Consejo General del Poder Judicial para que fuera sancionada por el órgano de gobierno de los jueces.
En el caso de la prevaricación, que la defensa consideró inexistente porque no encuentra resolución injusta dictada a sabiendas, las acusaciones y la fiscalía incluyeron en esa consideración la citación que dictó Alba después de reunirse con Ramírez para que declarara contra Victoria Rosell. La representante del Ministerio Público resumió: prevaricación fue “utilizar el procedimiento penal de forma arbitraria para dañar a la señora Rosell”.
En el caso del cohecho, el abogado González-Cuéllar insistió en que no existió dádiva que recibiera su patrocinado a cambio de pactar lo que pactó con el empresario. Pero la fiscalía le recordó este jueves que el bien jurídico protegido frente al cohecho es el del “ejercicio honrado y transparente de la función pública” que a su entender Alba violentó. Para la abogada de Podemos, Sandra Rodríguez, le dádiva fue “el favor en la colaboración mediante la información” sobre Rosell, que para el condenado era “muy preciada” para agradar a “su patrocinador”, José Manuel Soria. El abogado de la magistrada, Antonio Marrero, insistió en lo mismo: “La dádiva es la información en sí, y lo que suponía su uso para el condenado”. Así consta también en la sentencia recurrida.
“Pónganse un segundo en la piel de Victoria Rosell”, reclamó del tribunal la abogada de Podemos al abordar la discusión sobre la indemnización (60.000 euros) a la que ha sido condenado Salvador Alba por el daño moral ocasionado a la magistrada, actualmente en situación de servicios especiales. “Piensen lo que tuvo que sufrir con cinco portadas seguidas de periódicos nacionales diciendo que estaba siendo investigada y la cantidad de información que aún hoy se refieren a ella en el mismo sentido en Internet”, prosiguió.
Rosell dimitió a los tres meses de tomar posesión como diputada por Las Palmas al ser admitida la querella de José Manuel Soria por la misma Sala del Supremo que este jueves abordó la revisión de la condena a Salvador Alba. La querella pasó poco después al TSJ de Canarias, que no apreció delito alguno y la sobreseyó, pero Rosell no llegó a tiempo de presentarse a las elecciones de 2016. Lo pudo hacer finalmente en las de 2019, en las que volvió a ser elegida. Ya por entonces José Manuel Soria había dimitido tras aparecer en los papeles de Panamá y el juez Alba ya había sido condenado por conspirar contra ella.