La Fiscalía de Canarias vincula el aumento de la violencia juvenil en el ámbito familiar con la crisis de la vivienda

La Fiscalía de Canarias asocia el aumento de los comportamientos violentos de la juventud en el ámbito familiar a la crisis económica y habitacional en las Islas. La memoria que acaba de presentar el Ministerio Público con un resumen de su actividad de 2023 advierte de que el “incremento desorbitado” del precio de la vivienda está provocando que cada vez más unidades familiares vivan en peores condiciones, incluso “sin suministros básicos”, y, en consecuencia, que el número de menores “abandonados de facto” sea también mayor, lo que genera “un sentimiento de ira palpable que fomenta esos comportamientos”. 

La “falta de cobertura de las necesidades básicas” es una de las causas que apunta la Fiscalía para explicar, por ejemplo, que el número de expedientes abiertos en la sección de Menores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por violencia intrafamiliar haya pasado de los 215 de 2022 a los 252 de 2023, un incremento del 17%.

En las secciones de Menores de Las Palmas también se ha constatado un aumento de los procedimientos sobre maltrato familiar, así como de la violencia de género y de las agresiones sexuales, en este último caso debido a la reforma de ley del “solo sí es sí”, en la que el delito de abuso desaparece y queda subsumido en el de agresión.

La memoria aporta varios datos para dimensionar el incremento. En Las Palmas se abrieron el año pasado 3.142 diligencias preliminares por criminalidad juvenil, 99 más que el año anterior, y 1.040 expedientes, 45 más que el ejercicio precedente. En Santa Cruz de Tenerife también se registró cerca de un centenar de diligencias más (de 2.269 a 2.361). La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, insistió en la presentación de la memoria en que no hay ninguna relación entre el aumento de la delincuencia y la migración. Durante este año sólo hubo cuatro procedimientos en los que estaba implicado un menor extranjero no acompañado, señaló.

El año pasado se dictaron 569 sentencias en los juzgados de Menores de la provincia oriental, De ellas, sólo 14 fueron absolutorias y de las 555 condenada, más del 80% (455) lo fueron por conformidad. En Santa Cruz de Tenerife hubo 461 condenas (183 de conformidad) y 53 absoluciones. En Las Palmas se adoptaron 59 medidas cautelares. En 27 de ellas se decretó el internamiento del menor en régimen semiabierto (20 con carácter terapéutico); en ocho, la convivencia con un grupo educativo, y en 16, la libertad vigilada. En la provincia occidental, por su parte, se acordaron 33, de las cuales 12 fueron medidas de convivencia en grupo educativo; tres de libertad vigilada, y una de intermaniento en un centro.

En relación con los delitos sexuales, en la sección de Menores de Santa Cruz de Tenerife se tramitaron 117 agresiones sexuales y 27 abusos frente a los 36 y 91, respectivamente, del año anterior. La Fiscalía de Las Palmas no da datos sobre estos delitos, aunque sí advierte del retraso en la emisión de los informes forenses de credibilidad de la víctima que se solicitan en algunos casos y que pueden demorar el procedimiento hasta los 23 meses. En esta provincia, el tiempo medio entre la comisión de la infracción y su enjuiciamiento rondó los cinco meses en el caso de delitos leves y de diez en el resto, aunque para la adopción de medidas cautelares y en los procesos judiciales sobre maltrato familiar y violencia de género ese periodo se reduce hasta los tres meses.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife alude a dos focos “especialmente llamativos” en el desarrollo de las conductas antisociales en la infancia y la juventud. El primero, la ya mencionada violencia dentro de la familia, “con una progresión ascendente de modo permanente en el número de denuncias y de expedientes incoados”. El segundo, el mantenimiento de denuncias por acoso escolar utilizando “como instrumento del delito” las redes sociales o la exposición a la violencia sexual.

“Seguimos observando la lentitud de los programas de prevención desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias o la autoridad escolar en particular, lo que cronifica los casos haciendo finalmente necesaria la intervención desde el ámbito de la reforma antes que del educativo, a pesar de lo exigido por la normativa de protección de menores y por la alarma social que crea el tema, máxime en los casos de menores de 14 años”, reza la memoria de este año, en una anotación idéntica a la que figuraba en 2022.

Los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal. Sin embargo, las infracciones cometidas en esa franja de edad han aumentado un 160% en la provincia de Las Palmas en el último año (de 129 a 335). En su mayoría se trata de delitos leves de lesiones, amenazas y daños, aunque, hay casos de mayor gravedad, como “agresiones sexuales, delitos contra la integridad moral o maltrato familiar”, en los que el Ministerio Público abre expedientes de riesgo.

Tanto en los conflictos familiares como en los de violencia sexual o exposición a redes sociales, la Fiscalía prioriza alcanzar soluciones extrajudiciales a través de asociaciones colaboradoras como Opción 3 y sus programas Rumbo (para la prevención y preservación familiar) y Alondra (sobre exposición o explotación sexual), o la asociación SUM+S, que ofrece una intervención ambulatoria de carácter terapéutico.

En octubre de 2023 había 65 menores en el centro de La Montañeta, el único de internamiento en régimen semiabierto y abierto en la provincia de Las Palmas, con capacidad para 90 plazas. En el centro de internamiento de Valle Tabares, en la isla de Tenerife, la ocupación media fue de 80, la mitad de su capacidad.

Protección a los menores

La memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias también constata un incremento de los expedientes de menores en situación de riesgo, así como de las tutelas, en buena medida por la llegada a las Islas de menores extranjeros no acompañados, e incide en la “sobresaturación” de los centros de protección y, en particular, en los de acogida temprana, donde los niños y niñas pueden permanecer por tiempos “muy superiores a los treinta días”.

“Especialmente alarmante” es para la Fiscalía el aumento de menores de tres a seis años que se encuentran bajo la medida de acogimiento residencial (alojamiento y atención en centros públicos). En septiembre de 2023, eran 26. El problema, según explica, radica en “la insuficiencia de psicólogos (cuatro) y trabajadores sociales (uno)” en la dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias para valorar la idoneidad de las familias que formulan solicitudes de acogimiento.

El Ministerio Público apunta que uno de los “mayores esfuerzos” en el último año tiene que ver con la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados, sobre todo después del verano en Santa Cruz de Tenerife, cuando se produce un repunte migratorio. En el primer semestre de 2023 se habían abierto 236 expedientes en la provincia. Entre septiembre y noviembre se registraron 1.284.

La memoria explica que a finales de octubre llegó a las Islas un equpo especializado de la Guardia Civil para realizar pruebas médicas y agilizar esos expedientes.

Menores y redes sociales

La memoria de la Fiscalía dedica un apartado exclusivo sobre el uso de las redes sociales en la infancia y la juventud. Y hace varias observaciones. En primer lugar, alerta de un aumento de los procedimientos con menores víctimas de hechos cometidos por mayores de edad que han contactado con ellos y ellas a través de esa vía. Con el agravente de que las técnicas para ocultar el rastro son cada vez más sofisticadas, en especial en los casos de extorsión sexual para la obtención de material pedófilo. Por ello reclama una “mayor colaboración de las plataformas digitales con las autoridades españolas y europeas que soliciten la obtención de datos sensibles”.

El Ministerio Público destaca, además, que los menores dedican cada vez más tiempo a las redes sociales, que se han “disparado” los casos de dependencia. Ello acarrea, a su vez, un aumento de los delitos cuya causa radica en la utilización de los móviles, “como la violencia familiar en la que el episodio se desencadena por una discusión en torno al teléfono”, así como de casos en que los delitos se cometen a través de estas redes, sobre todo contra la libertad secual.

La Fiscalía insiste en que la clave está en la educación. “Se procura dar cursos de formación en centros escolares para la prevención de estas conductas”. La Sección de Menores de Las Palmas considera “indispensable” que se adopten medidas para “corroborar fehacientemente que el usuario que pretende hacer uso de las redes tenga la edad mínima exigida, para crear entornos seguros”.

Además, la memoria llama la atención sobre la “preocupante” exposición a la que somenten padres y madres a sus hijos e hijas en las redes sociales. “Cuando son menores, pese a tener derecho a la intimidad, no tienen capacidad ni opción para decidir si desean hacer pública su imagen y vida”, advierte.