La Fiscalía denuncia la construcción del centro comercial de El Camisón por un presunto delito urbanístico
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia tras apreciar indicios de un presunto delito urbanístico en la construcción del centro comercial de El Camisón, en el municipio tinerfeño de Arona, según ha informado Mírame TV. Según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio Público, el escrito se registró el pasado 30 de marzo, por lo que aún se está a la espera de la apertura de las diligencias penales y del inicio de la instrucción.
La decisión del Ministerio Público pone fin a una investigación que se abrió de oficio en junio de 2020 a petición del actual fiscal jefe de Canarias, Luis del Río, a raíz de las informaciones periodísticas publicadas en Canarias Ahora y Mírame Televisión. El expediente incoado, que ha permitido apreciar los indicios que sostienen la denuncia, fue instruido por Francisca Sánchez, responsable del departamento de delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
El centro comercial de El Camisón, que en parte se levanta sobre la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, viola el planeamiento municipal vigente y la Ley de Costas. El edificio, según ha reconocido la propia empresa promotora en varios documentos, se construyó sin respetar la licencia de obras que concedió el Ayuntamiento de Arona en 2014.
Fue el propio Consistorio quien paralizó los trabajos en el verano de 2017, cuando ya se había edificado la mayor parte del inmueble, tras comprobar que la construcción no cumplía con la licencia concedida en 2014. Entre las irregularidades detectadas destaca un aumento injustificado de la altura y de la superficie del centro comercial, que se adaptó a los requisitos que planteaba el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Los Cristianos, tal y como admitió la promotora en un documento presentado en la Demarcación Provincial de Costas, a pesar de que el instrumento urbanístico promovido por el Gobierno de Canarias nunca fue aprobado y, por tanto, no llegó a entrar en vigor.
Es decir, la promotora del centro comercial de El Camisón, la sociedad Melisofi Consulting SL, no construyó el edificio en base a las condiciones urbanísticas establecidas en la licencia, que respondían a las estipulaciones fijadas por el planeamiento municipal, sino que se apoyó en un plan que estaba en tramitación y que permitía incrementar las dimensiones del inmueble. Como el PMM no llegó a aprobarse, parte del edificio actual es incompatible con el Plan General de Ordenación (PGO) vigente.
El enredo urbanístico de El Camisón ha crecido con el paso de los años. Aunque el Ayuntamiento paralizó las obras en 2017 y abrió un expediente de restauración del orden perturbado, después de que un informe técnico ratificara la existencia de irregularidades que conllevaban la demolición de parte de lo construido, el edificio se mantiene intacto. La empresa promotora, propiedad del empresario Diego Cano, ha intentado la aprobación de un proyecto modificado, que no ha recibido el visto bueno municipal, y ha realizado trabajos en la parcela que han provocado nuevos precintos por parte del Consistorio.
La fotografía actual es la de un edificio abandonado en primera línea de costa del paseo de Los Cristianos, entre las playas de Las Vistas y de El Camisón, con un contencioso judicial abierto por la decisión del Ayuntamiento de iniciar un expediente sancionador a consecuencia del último precinto, provocado por la realización de obras de urbanización sin contar con licencia. El primer capítulo se ha saldado con un auto que desestima en primera instancia las medidas cautelares solicitadas por la promotora y mantiene la suspensión de los trabajos hasta que se resuelva el fondo del conflicto.
Irregularidades
La historia administrativa del centro comercial de El Camisón se remonta a marzo de 2012, cuando la viceconsejería de Política Territorial autorizó la construcción del Artslife & Shopping en la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, a pesar de que la Ley de Costas no considera el uso comercial como ordinario en esa zona del litoral, según advirtió entonces un informe técnico del órgano estatal. En el permiso del Ejecutivo tampoco se tuvo en cuenta que el aparcamiento del edificio también invadía la servidumbre de protección.
La autorización de marzo de 2012 tenía un plazo de vigencia de dos años, por lo que caducó antes de que el proyecto recibiera la licencia municipal de obras, en julio de 2014, y de que comenzaran los trabajos, en enero de 2015.
Tanto la autorización de Política Territorial como la licencia municipal fueron solicitados por una particular, dueña en ese momento de los terrenos que ocupa la parcela. En noviembre de 2014, cuatro meses después de obtener el permiso de obras, se produjo un cambio de titularidad a favor de la empresa que promueve el proyecto.
El Ayuntamiento de Arona, entonces gobernado por Coalición Canaria, denegó inicialmente la licencia por no estar desarrollado el plan especial del ámbito donde se ubica la parcela, pero rectificó después de que los tribunales dieran la razón a la propietaria y reconocieran su derecho a que se tramitase la obtención del permiso.
El problema surge al comprobar que el proyecto que la entidad promotora del centro comercial ejecutó en la punta de El Camisón no se corresponde con el autorizado por Política Territorial y el Ayuntamiento de Arona. Tal y como reconoce la empresa en un documento oficial remitido a Costas en abril de 2018, el edificio se construyó en base a los parámetros urbanísticos del Plan de Modernización y Mejora (PMM) de Los Cristianos, a pesar de que nunca se llegó a aprobar.
Aunque el PMM no entró en vigor, y el Cabildo de Tenerife tampoco dio luz verde a la petición del empresario para declarar el proyecto de interés insular, el anterior viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero (CC), concedió en febrero de 2019 una nueva autorización al centro comercial para ubicar en la servidumbre de protección restaurantes y cafeterías.
El centro comercial ha sido también uno de los focos de la guerra política que golpea al Gobierno de Arona, y que tuvo su primer episodio con la destitución del exconcejal de Urbanismo Luis García por las irregularidades detectadas en el Arts Life & Shopping, lo que a su vez conllevó la expulsión del PSOE del alcalde, José Julián Mena. Los tribunales han dejado en suspenso la decisión de la Ejecutiva Federal socialista al aceptar las medidas cautelares solicitadas por el regidor.
En medio del turbio panorama político que sacude al municipio tinerfeño, los tribunales avanzan paso a paso en la resolución del embrollo urbanístico provocado por la construcción del centro comercial de El Camisón. Al contencioso abierto por los expedientes sancionadores incoados por el Ayuntamiento, tras los últimos precintos adoptados, se suma la causa penal por presuntos delitos urbanísticos que tendrá que instruirse a consecuencia de la denuncia presentada el pasado 30 de marzo por la Fiscalía.
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