Lope Afonso (PP), exalcalde de Puerto de la Cruz y consejero electo del Cabildo insular, se sentó este martes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santa Cruz de Tenerife por la autorización de unos mercadillos municipales que las acusaciones consideran ilegales, según publica Mírame TV. La Fiscalía ratificó en sus conclusiones, tras la celebración de la vista oral, la petición de 9 años y tres meses de inhabilitación especial para ocupar un puesto de concejal; mientras que los denunciantes mantienen su posición, que también incluye una solicitud de tres años de prisión por un presunto delito de malversación. La defensa, que lleva el abogado Esteban Sola, reclama la libre absolución.
Las acusaciones consideran que las autorizaciones de los mercadillos incumplen la normativa vigente y vulneran el principio de libre concurrencia, es decir, tenían que haber salido a concurso público. Un criterio que se vio reforzado este martes por la declaración en el juicio del exsecretario municipal Domingo Jesús Hernández, en la actualidad en el Cabildo insular, que ratificó la posición de la Fiscalía.
El abogado de Lope Afonso, que también es coordinador general del PP, no comparte los argumentos de los denunciantes y del Ministerio Público, para lo que se apoyó en un perito, el exgerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Eduardo Risueño, que descartó durante la vista que se hubiera cometido irregularidad alguna en el procedimiento seguido por el Ayuntamiento del norte de Tenerife. Esteban Sola dirigió una estrategia encaminada a dispersar las posibles irregularidades, en la que también incidió en recordar que el exalcalde, concejal de Comercio en el momento de los hechos juzgados, siguió la misma ruta administrativa que sus predecesores en el Consistorio. El catedrático de la Universidad de La Laguna, conocido por su defensa de importantes políticos canarios, entre los que destaca el presidente en funciones Fernando Clavijo, buscó desacreditar a los denunciantes por un supuesto móvil personal en sus actos.
El fiscal consideró irrelevante la declaración pericial de Eduardo Risueño, encargada por la propia defensa, al tratarse de una interpretación jurídica. Durante la exposición de sus conclusiones, el representante del Ministerio Público explicó que “se ha dicho que hay más gente que lo hace, pero esta alegación no es aplicable a ningún delito”, a lo que añadió que “no se puede entrar a robar en una casa porque haya más ladrones”. También fue contundente a la hora de restar importancia a la posible motivación de la denuncia: “Me da igual”.
El perito de la defensa ratificó su dictamen y, en respuesta a las preguntas del letrado de Lope Afonso, insistió en que “ha habido un procedimiento”, un extremo que descarta de plano la Fiscalía. Una de las bases de la argumentación de Esteban Sola se apoya en que las autorizaciones, de forma literal, se referían a una actividad temporal de los mercadillos, sin carácter permanente, lo que hubiera motivado “una concurrencia competitiva”, según Risueño.
Este es uno de los puntos claves del debate jurídico. Mientras que la defensa insistió en que no se trataba de una autorización para un mercadillo fijo, el fiscal recordó que una de las instalaciones permitidas “se prolongó durante un año y medio”, lo que vendría a demostrar su naturaleza permanente “porque no podría considerarse provisional en ningún caso”. Uno de los testigos, el empresario que solicitó los permisos, reconoció que los puestos cerraron cuando dejó de ser rentable la actividad.
La solicitud de los mercadillos se hacía de forma verbal y por escrito, una petición que después recibía la autorización municipal. Para las acusaciones, esto se aleja del procedimiento reglado que obliga a la concurrencia y no a dar los permisos “al primero que pasara por allí”, en palabras del fiscal. El abogado de Lope Afonso consideró en su argumentación que las actividades estaban encaminadas a dinamizar la economía del municipio, por lo que no eran puramente comerciales, para lo que recurrió a otras actividades que se prestaban en los mercadillos, como la instalación de castillos hinchables y otras acciones lúdicas.
En una de sus escasas intervenciones durante la vista, la jueza, Ana Carolina Díaz Afonso, explicó que “está claro que era una actividad comercial, no lúdica ni recreativa”, lo que ofreció alguna pista de cuál es la interpretación que de esta cuestión hace la responsable de dictar la sentencia de primera instancia.
Declaraciones
DeclaracionesLa declaración del exalcalde de Puerto de la Cruz se prolongó durante algo más de una hora. Con excepción de las realizadas por la acusación popular, contestó a todas las preguntas. Lope Afonso explicó que la autorización de los mercadillos con una simple permiso por escrito era una práctica habitual que se remonta a la época de Marcos Brito.
Durante su argumentación, el consejero electo del Cabildo de Tenerife admitió que “la ordenanza vigente no tenía base para soportar este tipo de actividades”, pero explicó que “consultó a los técnicos”, aunque no hay informes de los funcionarios sobre las autorizaciones a los mercadillos. Lope Afonso hizo hincapié en que las iniciativas “tenían un carácter dinamizador” y que su duración era provisional.
También explicó, en contra de los defendido por uno de los testigos, que prohibió uno de los mercadillos después de que enero de 2014 la Policía Local advirtiera de la posible venta de falsificaciones. El fiscal replicó que la actividad no cesó hasta el mes de mayo.
La justificación del exalcalde se sustentó también en un “consenso” con los comerciantes de la zona. “Lo que se pretendía era estimular el entorno en una época de crisis”, aseveró a preguntas de su abogado.
Significativa fue la comparecencia como testigo del exsecretario municipal, que se mostró tajante a la hora de afirmar que por sus manos “no pasó ningún expediente administrativo con respecto a este tema”, hasta el punto de insistir en que “no había expediente, solo una solicitud que se reitera” por parte de los promotores.
La pregunta clave la realizó el fiscal cuando se interesó por cuál hubiera sido su opinión si le hubieran preguntado, lo que nadie hizo. “Les hubiera dicho que tenía que encajarse en la ordenanza y abrir un régimen de concurrencia”. Su declaración provocó que la jueza, que tomó bastantes notas durante la celebración de la vista oral, asintiera con la cabeza.
Durante la mañana de este martes desfilaron por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Santa Cruz de Tenerife un total de nueve testigos. Uno de ellos fue el jefe de la Policía Local, que no recordaba si había actuaciones por supuestas falsificaciones pero que se mostró seguro a la hora de afirmar que los mercadillos se disolvieron sin que nadie los prohibiera.
Un momento esperado fue el interrogatorio a Sandra Rodríguez, exalcaldesa de Puerto de la Cruz y socia de Lope Afonso en el pacto de gobierno que rigió el municipio tinerfeño entre 2015 y 2019. Su opinión es importante si se tiene en cuenta que fue la persona que recibió el bastón de mando tras el fallecimiento del histórico regidor Marcos Brito.
Tras la muerte del exalcalde, Sandra Rodríguez, según declaró ante la jueza, “consultó al secretario” sobre la situación de los mercadillos. El funcionario manifestó que “la situación era irregular”, lo que llevó a la representante de Coalición Canaria a prohibir su actividad hasta que se elaborase una nueva ordenanza que regulara la situación.
El primero de los mercadillos que para el fiscal se autorizó de manera delictiva se instaló en la calle Villanueva del Prado y funcionó, mediante autorizaciones que se hacían puntualmente por escrito y, en ocasiones, de forma verbal, entre febrero de 2013 y julio de 2014.
El segundo, en el que se detectó la venta de supuestas falsificaciones, se autorizó por la misma vía, sin un expediente administrativo ni procedimiento de concurrencia, y perduró entre el 2 de enero y el 1 de mayo de 2014. El mercadillo se instaló en la plaza Francisco Afonso Carrillo.
El juicio que sentó en el banquillo este martes a Lope Afonso, que duró cerca de seis horas, ya está visto para sentencia.