“Las publicaciones exponían hechos noticiables y de interés público sin publicar datos de carácter privado o íntimo del querellante, y revestían un reconocido interés público toda vez que el señor Alba, en su condición de magistrado, estaba sujeto a un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”. De este modo se ha manifestado la Fiscalía de Madrid para pedir la absolución del periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, en el inminente juicio por los delitos de revelación de secretos, acoso y odio que le ha atribuido una jueza de instrucción de la capital de España tras una querella del exjuez corrupto, actualmente en prisión cumpliendo una condena de seis años y medio, y de su esposa, la letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) Teresa Lorenzo Establier.
No es la primera vez que el Ministerio Público se manifiesta en parecidos términos en esta causa, abierta en 2022 en el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid. Ya en enero pasado interesó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones después de que la jueza, María Ángeles Velázquez, decretara la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral, cuya fecha no está fijada aún.
Los dos querellantes solicitan para el periodista una condena de 23 años de prisión, más 422.500 euros de indemnización por daños morales.
La tercera fiscal que ha participado en el procedimiento ha coincidido con sus dos colegas anteriores en la ausencia de delito por las informaciones relativas a los hechos que acabaron con Salvador Alba en la prisión de Estremera, así como las enfermedades que alegó a lo largo de los últimos años en los que ejerció como magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, bien para pedir bajas en medio de sus imputaciones o bien para intentar esquivar el ingreso en prisión una vez su condena se tornó firme. En total, sus escaramuzas le permitieron sortear su destino de presidiario durante once meses.
La fiscal analiza en su informe para pedir la absolución las seis informaciones periodísticas aportadas por los querellantes, publicadas en Canarias Ahora entre febrero y octubre de 2018. En ninguna de ellas aprecia la existencia de delito alguno por considerar que, además de ser informaciones veraces y de interés público, no revelan ningún dato de carácter privado ni del exjuez en prisión, ni de su esposa, ni de la hija de ambos.
Los artículos, dice la fiscal, se publicaron en el ejercicio de la actividad profesional del periodista acusado, “con fotografías de la persona del querellante, Salvador Alba Mesa, siempre en espacios públicos, bien en compañía de su mujer e hija menor con el rostro pixelado”.
No solo se preservó la identidad y la imagen de la hija de los dos demandantes, dice el escrito del Ministerio Público, sino que también se ocultó el nombre del colegio en el que estudia y donde se produjo un incidente con otra alumna que fue objeto de una noticia objeto de la querella.
Alba y su esposa, Teresa Lorenzo Establier, interpusieron en los juzgados de Madrid una querella contra Carlos Sosa, Ignacio Escolar, director de elDiario.es, otros periodistas de Canarias Ahora y la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en abril de 2022. A todos ellos les atribuyó los delitos de odio, acoso, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.
La jueza en la que recayó la querella, la titular de Instrucción 27 de Madrid, María Ángeles Velázquez, consideró pertinente investigar exclusivamente al director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, al que citó a declarar en dos ocasiones por videoconferencia ya que el periódico y el periodista tienen su domicilio en Las Palmas de Gran Canaria.
Tras la instrucción, la jueza consideró conveniente enviar a Sosa a juicio por considerar que algunos de los artículos publicados estos últimos años podrían ser delictivos. Pero la fiscal Beatríz Martínez Sánchez, que se ocupa ahora de la causa, ha analizado en su informe uno a uno esos artículos y ha concluido que ninguno de ellos es delictivo.
Por ello pide la absolución del periodista, cuyo testimonio interesa para el juicio oral, al igual que el del querellado Salvador Alba Mesa.
Salvador Alba se encuentra en la prisión madrileña de Estremera cumpliendo una condena de seis años y medio por los delitos de falsedad documental, cohecho y prevaricación judicial cometidos durante el tiempo en el que conspiró contra la magistrada Victoria Rosell cuando abandonó su juzgado para presentarse a las elecciones generales en las listas de Podemos. Se trata de uno de los más sonados casos de lawfare confirmados y el único en el que el juez participante ha sido condenado. De momento.
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