La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado que se realicen diversas periciales para averiguar por qué existen irregularidades en la facturación y el cobro de clientes de Inalsa, así como el desbalance en la valoración de los recambios y accesorios en el almacén entre los años 2005 y 2007, según revelan las auditorías hechas durante esos años por la empresa de auditores Ernst & Young.
La investigación pone la lupa de esta forma también en la etapa en que Mario Pérez (CC) estuvo al frente de la empresa pública de aguas y pide que se verifique si el dinero invertido en las reparaciones tuvo el destino que debía tener, por lo que se solicitan las facturas, órdenes de trabajo y personal que llevó a cabo esas reparaciones.
El Ministerio Fiscal también solicita un examen de contabilidad desde el año 2006 y de sus cuentas corrientes para conocer los traspasos entre Inalsa y el Consorcio insular de aguas. En esos años, Ernst & Young encuentra irregularidades con respecto al valor de lo almacenado, como recambios y accesorios y también de las cantidades a cobrar, que no coinciden con la valoración de las existencias en almacenes y en la facturación a los clientes.
La Fiscalía se pregunta cómo es posible que “habiendo sido constadas irregularidades contables y por tan altos importes”, entre 242.000 euros y 320.000 euros por año, no se adoptaron por parte de Inalsa medidas para aclarar el destino de esos fondos, que son considerados caudales públicos, y para evitar que se siguieran produciendo, como así ocurrió.
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