La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado un recurso de reforma contra el auto judicial que decretó, en mayo de 2019, el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por la construcción de la carretera del Hospital de La Gomera. Según el escrito, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, el Ministerio Público solicita que se practiquen nuevas diligencias y se amplíen los informes periciales elaborados durante la instrucción de la causa, donde se recogió un exceso en la obra superior al millón de euros.
Aunque el recurso de la Fiscalía fue presentado en septiembre de 2019, el Juzgado de Instrucción de San Sebastián de La Gomera no lo tramitó hasta el pasado 3 de febrero, fecha en la que consta una diligencia de ordenación donde se da por recibido el escrito del Ministerio Público.
En contra del criterio de la jueza que decretó el archivo provisional, la fiscal encargada del caso sostiene que existen indicios de malversación de caudales y prevaricación suficientes para continuar con la tramitación de las diligencias. Desde sus comienzos, que se originaron en 2011 a raíz de una denuncia del Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, el procedimiento ha estado plagado de contratiempos que han retrasado la investigación, como el pulso mantenido por el perito judicial y la magistrada por la práctica de una serie de actuaciones que nunca se llegaron a admitir y que ahora, en su recurso, vuelve a reclamar el Ministerio Público.
El escrito de la Fiscalía considera necesaria “la práctica de las diligencias que fueron interesadas por el perito” y que no llegaron a ordenarse, así como la realización de “un nuevo informe pericial ampliatorio a los ya elaborados que habrá de tener en cuenta todas las modificaciones posteriores que haya habido”. El objetivo de la representante del Ministerio Público es conocer si “la existencia de los excesos en la cuantificación del proyecto que han sido puestos de manifiesto se encuentran justificados o no”.
La carretera del Hospital es una vía de 585 metros por la que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Gomera desembolsaron 8,5 millones de euros. Las obras finalizaron en diciembre de 2008 y forman parte de un convenio firmado en septiembre de 2002. En el acuerdo, el Ejecutivo autonómico se comprometía a ejecutar la vía de acceso a La Lomada, de más de dos kilómetros, mientras que la Corporación insular se hacía responsable de los trabajos del acceso al centro sanitario. En el documento se fijó la financiación que asumía la Administración regional, 5,2 millones de euros para cada una de las actuaciones.
El primer proyecto, de marzo de 2006, tuvo que ser descartado porque no tuvo en cuenta la ubicación del hospital, lo que llevó a la aprobación de un modificado en mayo de 2007. Durante la instrucción de la causa quedó demostrado que se ejecutaron obras que no estaban contempladas en el proyecto reformado pero sí constan en los planos de obra remitidos al Cabildo por parte de la empresa encargada, Estudios Gurugurú SL.
Discrepancias
Esta situación provocó la discrepancia entre la jueza y el perito, ya que el técnico consideraba necesario extender la pericial a todas las obras realizadas y no solo a las contempladas en el proyecto modificado, pero no consiguió convencer a la magistrada que, en lugar de ampliar las diligencias, optó por dictar el sobreseimiento provisional. Todas las actuaciones que no se corresponden con lo planeado en el reformado se contabilizaron como “cuantificación económica en exceso entre la realidad ejecutada y la certificación final de obra”, lo que arrojó una cuantía que ronda el millón de euros.
Otra de las reclamaciones del perito que cayó en saco roto, y que ahora hace suya la Fiscalía, está relacionada con la construcción de un muro de baluarte de hormigón ciclópeo cuya ubicación fue modificada para colocarlo dentro del barranco. Una actuación por la que también requirió más documentación el técnico judicial, que veía necesario aclarar con el Consejo Insular de Aguas el deslinde del cauce público, sin que le fuera concedida su petición.
A pesar de las dudas y peticiones manifestadas por el perito, la jueza archivó las actuaciones en mayo de 2019. En el auto de sobreseimiento se considera que la obra “tuvo pequeños desajustes”, pero entiende la magistrada que “no podían ser predecibles y fueron justificados y certificados”.
En relación al exceso cuantificado, la jueza estima que “no es concluyente al no contemplar parte de la certificación de obra”, además de recordar que la obra se adjudicó por 8,5 millones y la liquidación arrojó un saldo líquido de 28.919 euros. Motivos por los que concluye que no se da el presunto delito de malversación investigado. La Fiscalía “no se muestra conforme” con las argumentaciones del auto y considera “necesaria la elaboración de un nuevo informe pericial”.
También discrepa la Fiscalía del criterio utilizado por la jueza para dar carpetazo al presunto delito de prevaricación, que estaría relacionado con la forma en la que se autorizaron las obras realizadas que no se incluyen en el proyecto. El Ministerio Público insiste en su recurso en recordar que, entre otros aspectos normativos, la Ley de Contratos establece que “el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente”. Un forma de proceder que la fiscal considera que, hasta el momento, no ha quedado acreditada en las diligencias.