La Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas se ha rendido a la evidencia y ha pedido al Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria el sobreseimiento de una causa por delito fiscal que tenía abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, desde hace más de un año. La fiscal Evangelina Ríos se querelló contra el empresario por creer que camuflaba como dietas del personal las indemnizaciones por despido de dos trabajadoras. Ríos basaba su acusación en informes del inspector de la Agencia Tributaria Diego Moreta Pozón, que acabó reconociendo su error al analizar la documentación legal que la empresa afectada, Ralons Servicios, aportó al juzgado cuando ya se había abierto el procedimiento penal.
La causa fue inicialmente sobreseída por el magistrado Arcadio Díaz Tejera durante el tiempo en el que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hizo tras escuchar en declaración al inspector de la Agencia Tributaria, que fue eficazmente interrogado por el abogado del empresario, José Antonio Choclán.
Pero la fiscal Evangelina Ríos se opuso a ese archivo de la causa, que fue reabierta por el siguiente juez que se hizo cargo de ese juzgado, Francisco Javier García-Sotoca. Ha sido la nueva titular definitiva de esa plaza, la jueza Luz Calvé, la que a la vista de los informes del inspector tributario y de un escrito de la fiscal Ríos pidiendo finalmente el archivo, ha decretado el sobreseimiento provisional (sólo podrá reabrirse a la luz de nuevas pruebas) y por lo tanto su archivo.
A Miguel Ángel Ramírez le quedan pendientes por resolver varios pleitos fiscales promovidos por la misma fiscal, Evangelina Ríos. El más mediático de todos es el correspondiente a las diligencias previas 644/2014, abiertas precisamente en ese mismo juzgado cuando al frente del mismo se encontraba la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Esa causa se vio envuelta en una enorme polémica al entrar en el juzgado como juez sustituto el ya condenado Salvador Alba Mesa, que utilizó la investigación contra Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a Victoria Rosell y beneficiar al entonces ministro del PP José Manuel Soria López.
Alba impuso una fortísima fianza a Ramírez (35 millones de euros) para someterlo a una presión que llevó al investigado a acceder a una entrevista clandestina en la que le propuso beneficios procesales a cambio de pruebas que pudieran incriminar a la magistrada.
La manipulación y contaminación de la causa por parte de Alba, condenado a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, ha retrasado su resolución y puede acabar beneficiando al empresario investigado.
Salvador Alba sigue en libertad más de 300 días después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia que en septiembre de 2019 dictó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.