La Fiscalía pide cárcel a los dueños de la terraza Aqua de Maspalomas por burlar precintos de Urbanismo desde 2013
Uno de los principales locales de ocio nocturno del sur de Gran Canaria vuelve a estar en el ojo del huracán, y esta vez con vista penal. La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado condena de cárcel en un juicio por desobediencia a los dos propietarios de la terraza Aqua, en Meloneras, una de las zonas más selectas de Maspalomas, la principal ciudad turística canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
El caso ha terminado en la vía penal por las reincidentes burlas de la propiedad de la terraza, la empresa Lighthouse Enterprise de los hermanos José María y Mónica Luque, a los precintos municipales ordenados desde 2013 por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ante la falta de licencia urbanística reglada para abrir la instalación ubicada en primera línea de la costa en torno al Faro de Maspalomas.
Este miércoles, después de seis años de instrucción derivada de las denuncias a la Fiscalía que remitió de oficio el ayuntamiento, ha quedado visto para sentencia el juicio celebrado en Penal 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que los dueños de la terraza sobre la que pesan órdenes incumplidas de cierre desde 2013 afrontan una condena de seis meses de prisión por desobediencia a la autoridad.
En la vista, el ministerio fiscal ha mantenido su acusación contra los propietarios de la terraza por reiterados incumplimentos a los precintos ordenados hace seis años, que no han impedido hasta la fecha que el negocio sigue abierto. Tanto que este verano han celebrado cada fin de semana fiestas con permiso municipal.
Aqua, sobre la que también pesa un reciente informe demoledor del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, no solo incumple por no haber sido precintada definitivamente en 2013, sino que en este 2017 técnicos municipales han planteado que sea demolida por suponer un grave riesgo para la seguridad de las personas. El Ayuntamiento no solo no ha hecho caso a sus técnicos, sino que ha facilitado esos permisos para fiestas.
La propiedad, por su parte, ha sostenido en el juicio de este miércoles que todo se debe a un defecto de forma. Su representación legal en esta causa penal mantuvo que las irregularidades “son legalizables y has sido legalizadas”, un planteamiento que choca con informes técnicos municipales de los departamentos de Disciplina Urbanística y de Fomento, que han dejado claro que no puede ser legalizable lo que va contra el planeamiento urbanístico del municipio, como es el caso.
En la vista celebrada en la Ciudad de la Justicia, varios funcionarios municipales, entre ellos un técnico de Disciplina Urbanística y policías locales adscritos a ese departamento, confirmaron la ejecución de los precintos y su desprecinto ilegal, el quebrantamiento de la orden municipal, que fue el objeto fundamental del juicio: la desobediencia de la propiedad a la orden de precinto, y no si su local podía ser legalizado o era legalizable, cuestión que nada tiene que ver con el delito cometido, a juicio de la Fiscalía.
