El Gobierno de Canarias ha expedido una especie de “salvoconducto” a la Junta de Personal de la Administración de Justicia en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de que esta pueda ejercer sus derechos sindicales en el juzgado en funciones de guardia cuyo magistrado ha impedido ocupar su puesto a una funcionaria durante las últimas guardias, alegando “pérdida de confianza”.
Este viernes el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital grancanaria vuelve a estar de guardia, y previsiblemente, su titular, Luis Galván, prohíba a la funcionaria ejercer las tareas que por derecho y obligación le corresponden. El magistrado solo impide el acceso al juzgado a la funcionaria cuando está en funciones de guardia, con el consiguiente plus económico, y no durante el resto de días laborables.
Desde que estallara la polémica, el jueves pasado con la orden del juez a la Guardia Civil de desalojar a la empleada pública, la Junta de Personal ha mantenido varias reuniones con el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad canario, José Miguel Barragán, para que tome medidas como administración competente y empleadora.
De esas reuniones, la Junta de Personal ha arrancado el compromiso del Gobierno de encontrar una solución antes de la próxima guardia que deba cubrir Instrucción 6, el 8 de septiembre. Y ante la de este viernes, la Dirección General de Justicia ha redactado un escrito dirigido al presidente del TSJC y al propio magistrado, en el que recoge las quejas de la Junta por un “ataque contra el ejercicio de la libertad sindical”, al impedir el juez el jueves pasado también su acceso al juzgado, y aclara que “no se opone ni tiene inconveniente en que la Junta de Personal pueda ejercer las funciones que tiene legalmente atribuidas en las dependencias […]”.
El “salvoconducto”, como lo ha denominado el presidente de la Junta de Personal, Luis Piernavieja, para poder acceder este viernes al juzgado, añade que “todo ello sin perjuicio de las facultadas que sobre las mismas [dependencias] pudieran corresponderle al Sr. Decano o al titular del órgano judicial que desempeñando el servicio de guardia[…] y especialmente para que se pueda llevar a cabo” la acción sindical sin interferir en el trabajo durante el servicio de este viernes.
Piernavieja ha explicado este jueves a Canarias Ahora que han pedido amparo al Gobierno de Canarias ante lo que consideran un atropello de los derechos tanto de la trabajadora como de sus representantes sindicales, y que existen resoluciones análogas del Consejo General del Poder Judicial contra decisiones de jueces que en su momento impidieron a funcionarios de su juzgado acceder a las guardias.
En concreto, el 1 de abril de 1998 el pleno del Consejo adoptó un acuerdo por el cual revocaba otro de un magistrado de instrucción de Barcelona en este mismo sentido –aunque en el caso de Las Palmas no hay orden por escrito del juez- y en resumen indicaba que “el servicio de guardia ha de ser prestado por todos los funcionarios que componen la plantilla del órgano judicial, al menos hasta las horas previstas en el referido apartado, siendo ello una obligación”.
El presidente de la Junta de Personal ha incidido en que “la orden del juez de expulsar a la compañera de su puesto de trabajo tiene el mismo valor legal que si le pidiera que le trajera un café con leche”, y que “ya le hemos advertido al Gobierno que acaba de ser condenado por no salvaguardar la salud de una trabajadora [en una reciente sentencia dada a conocer esta semana] y en el caso de esta compañera cada vez que tiene una guardia acaba en el centro de salud con la tensión alta”.
El representante sindical ha indicado que tanto el lunes pasado como este jueves “hemos notado receptividad” en sus interlocutores del Gobierno, entre los que ha estado el viceconsejero Emilio Moreno, magistrado en excedencia. “Todo lo contrario que con el presidente del TSJC, que nos ha tirado la puerta en la cara”.