El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias a pagar un mínimo de 2,5 millones de euros a los adjudicatarios de un tramo del anillo insular por la demora del primer 20% del presupuesto y la consiguiente revisión de precios.
A esta cantidad se le debe sumar el incremento del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) que pasó del 5 al 7% en ese período y se estima el perjuicio por el mantenimiento de los avales de los meses de demora y los intereses legales desde la presentación de la reclamación hasta el abono.
El TSJC sostiene que existió un retraso generalizado debido a la falta de disponibilidad de suelo, cuestión de la que no es responsable el Gobierno central, tal y como mantenía el Ejecutivo canario.
Los adjudicatarios pidieron a finales de 2019 que se les compensara con casi 30 millones a raíz del cambio en las previsiones contractuales en el subtramo Adeje-Santiago del Teide, en su conexión con el Puerto de Fonsalía a cuyo cargo estaba la UTE Adeje Santiago, una vez que se rechazó su petición en vía administrativa.
A finales de 2020 la cifra se había reducido ya a 18 millones y medio y se seguía sin llegar a un acuerdo, días más tarde el Gobierno estimó parcialmente la petición pero la limitó a casi 10 millones, por lo que la empresa reclamó ante el TSJC que le reconociera otro tanto, a lo que se opuso la Consejería.
En la sentencia dada a conocer ahora se recuerda que la obra tuvo un presupuesto de adjudicación de 168 millones, de los que un millón correspondía a la redacción del proyecto.
El contrato firmado a finales de 2006 fue objeto de dos modificados y 13 reajustes de anualidades, seis revisiones de precios y cuatro adendas o complementos por lo que el plazo de ejecución previsto de 31 meses no se pudo cumplir.
De hecho, frente a la previsión de acabar las obras en julio de 2009 la finalización se situó en los últimos meses de 2016 pero los trabajos no se recibieron hasta un año más tarde.
El segundo contrato para realizar el Túnel El Bicho se firmó a principios de 2011 por casi 23 millones y un plazo de dos años pero el proyecto también sufrió modificaciones por lo que se demoró tres años.
La UTE presentó un relato “pormenorizado” de los 57 antecedentes en los que se refleja una cronología del lo reclamado hasta llegar a sumar 214 millones, por lo que consideran “desmesurados” los daños y perjuicios generados de los que culpan a la Administración.
El resultado es que la actuación pasó de llevarse a cabo en los 31 meses previstos a 120, o lo que es lo mismo hubo un desfase de 89 meses, debido a demoras en la tramitación y aprobación de los proyectos modificados, continuos reajustes de las anualidades, variaciones de ritmos y plazos o demoras en la ocupación de los terrenos.
Otro tanto ocurrió con la concesión de las autorizaciones para reponer los servicios afectados, en la tramitación de condicionamientos ambientales exigidos en la ejecución del primer 20% del presupuesto, cifra ahora reconocida.
El Gobierno canario culpó al Ministerio de Fomento por la reducción de la aportación al Convenio y alegó que las expropiaciones no pararon los trabajos,que el período que coincide con la ejecución del 20% del presupuesto -33,5 millones- nunca se presentó queja alguna y las certificaciones fueron abonadas.