La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, la Fiscalía y la Inspección de Trabajo coordinarán el cumplimiento de las sentencias sobre prevención de riesgos laborales, especialmente las referidas a las camareras de piso.
Una nota de este departamento informa de que para este fin el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Emilio Atiénzar, y el director general de Trabajo, José Miguel González, se han reunido con la fiscal jefe de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, con el fiscal responsable de delitos de siniestralidad laboral, Carlos Eguiluz, y con el jefe provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, José Trasobares.
El objetivo de este encuentro era coordinar las actuaciones que faciliten cumplimiento de las sentencias judiciales dictadas en la jurisdicción social.
En el encuentro, según la nota de la Consejería, también analizaron la posible trascendencia jurídico penal de determinadas actuaciones empresariales, en relación con las camareras de piso y concretamente la dificultad de poder incardinar algunos incumplimientos empresariales en esta materia en algún tipo penal, concretamente en los artículos 316 y 317 del Código Penal.
Atiénzar recuerda en el comunicado que la consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido, se comprometió con las representantes de las camareras de piso a tratar con la Fiscalía estos asuntos ante la evidencia de incumplimientos reiterados de las sanciones en materia de legislación laboral, así como revisar requerimientos de la Inspección de Trabajo.
Atiénzar afirma que además de la coordinación con la Fiscalía, el Instituto Canario de Seguridad Laboral y la Inspección de Trabajo están extremando las actuaciones para vigilar tanto que los puestos de trabajo sean seguros, como que los contratos se ajusten a la legalidad y a las horas que realmente trabajan.
En este sentido, también recuerda que a través del Plan extraordinario de la Inspección se reforzará la vigilancia con 32 nuevos inspectores, destinados en las islas temporalmente, y que prevén realizar un total de 1.280 actuaciones en los diferentes sectores económicos para vigilar la temporalidad de los contratos, el posible uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial y la economía sumergida.
El convenio firmado el pasado 11 de septiembre entre el Gobierno de Canarias y el Estado contempla, además de este plan de refuerzo temporal de las plantillas, la creación de una Unidad de trabajo especializada, integrada por representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección General de Trabajo y el SCE, que tendrá acceso a toda la información disponible para la definición de las principales conductas y detección de bolsas de fraude.