La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio - Ciuca) está un paso más cerca de lograr despejar su futuro judicial. La Fiscalía ha asumido la tesis de sus abogados, liderados por el reputado penalista José Antonio Choclán, y ha pedido el archivo de uno de los delitos por los que permanece investigada, el electoral. El Ministerio Público entiende que el presunto fraude en los comicios de 2015, la trama de compra de votos, está prescrito y no aprecia indicios suficientes para formular un escrito de acusación por el de 2019.
El camino, sin embargo, aún no está definitivamente allanado para la regidora sureña. El pucherazo es la trama originaria de la causa, pero no la única. También se le investiga por delitos contra la administración pública (cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos), por actuaciones posteriores a su llegada al poder y encaminadas, según los investigadores, a beneficiar a quienes colaboraron en la campaña electoral de Ciuca.
A raíz de los sucesivos informes elaborados por la Guardia Civil, el juez instructor decidió abrir cuatro piezas separadas para indagar sobre el presunto amaño de un proceso de mediación para favorecer a un empresario que habría financiado al partido de forma ilegal; los complementos salariales concedidos de forma arbitraria a un grupo de empleados públicos afines a la formación liderada por Bueno; los contratos públicos acaparados por la empresa familiar del asesor de Urbanismo de la corporación, o la orden de bloquear el acceso del equipo de la policía judicial a documentación digital intervenida en un registro.
Esas piezas separadas aún no han sido repartidas en el decanato porque uno de los once imputados, el empresario Luis Oller, presunto financiador de la trama de compra de votos, recurrió esa decisión ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. El fiscal Jorge López Tineo apoyó en su momento el despiece del procedimiento penal abierto en 2015.
La pelota está ahora en el tejado del juez. Es Francisco Javier Ramírez Verger de Vargas, titular del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, quien debe responder a la petición del Ministerio Público y decretar el archivo de las diligencias o su continuación. En el supuesto de que aceptara los argumentos de la defensa de Onalia Bueno y del fiscal y que también lo hiciera el tribunal de apelación en caso de un previsible recurso (la acción popular, ejercida por Nueva Canarias, ya ha mostrado su rechazo a la tesis de la prescripción del delito electoral de 2015), quedaría sin juzgar todo el material indiciario recabado por los investigadores de la Guardia Civil durante todos estos años en unos informes que, en palabras del propio juez instructor, contenían una descripción de hechos “objetivos, accesibles y verificables” de la presunta trama de compra de votos.
Primeras indagatorias
El informe inicial data de marzo de 2019 y recoge las primeras indagatorias. Es el que propicia la reapertura, en junio de ese año, de unas actuaciones que se habían iniciado en 2015 con la denuncia presentada durante la campaña electoral por el entonces alcalde del municipio, Francisco González (Partido Popular), ante las sospechas de un incremento considerable en la cifra de votos por correo, una de las modalidades que, según los investigadores, utilizó la organización para lograr sus objetivos y acceder al poder.
A esa primera denuncia, que fue archivada provisionalmente, le sucedieron las formuladas por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción y por un colaborador arrepentido de Ciuca, Ramón Trujillo, apodado el Perraya, una de las piezas clave de esta causa.
Ese informe inicial de la Guardia Civil comienza con las declaraciones de tres ciudadanos del municipio que presentaron una denuncia, al amparo del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, por la compra de votos en las elecciones municipales de 2015.
- B.P.G. manifestó que le entregaron 150 votos por apoyar a Ciuca en esos comicios, que la propuesta se la hizo una vecina llamada Yasmina (Suárez, otra de las investigadas) en las inmediaciones del Instituto de Arguineguín. En principio, dijo, le ofrecieron 50, pero creía que era poco y pidió 150. El voto se tramitó por correo. Esta vecina también contó a los investigadores que acudió a una reunión en la sede de Ciuca en la que la actual alcaldesa le habría asegurado que “seguía en pie” la oferta de vivienda y trabajo.
- Según el testimonio de C.J.R. ante la Guardia Civil, tres personas se le acercaron cerca de la sede de Ciuca en el municipio para ofrecerles dinero (50 euros) y un puesto de trabajo. Este ciudadano relató que el día de las elecciones lo llevaron en un coche blanco al Instituto de Arguineguín, que uno de sus captadores llevaba una tarjeta de este partido político, que le dieron un sobre con el voto y que finalmente le pagaron 40 y no 50 euros porque no encontró al captador principal y otro solo tenía 40 reservados para otro vecino que no había acudido al colegio electoral.
- J.LC. informó a los investigadores de que el día de los comicios tres personas quisieron comprarle el voto por 50 euros y que dos de ellos tenían colgada la tarjeta de Ciuca al cuello. Incluso dijo sus nombres. No votó porque no estaba empadronado en Mogán.
En ese primer informe, la Guardia Civil destaca que estos ciudadanos eran “objetivos vulnerables”. B.P.G. no tenía trabajo, ni formación académica, ni recursos suficientes. Durante su declaración llegó a expresar su satisfacción por haber recibido esos 150 euros, ya que le permitieron comprar “comida para su bebé”. C.J.R. tampoco tenía empleo y estaba “muy desanimado por su situación económica”. Los investigadores apreciaron en ambos un relato consistente y coherente, provisto de “sucesos inesperados” que encajaban entre sí y le daban verosimilitud, sin exteriorizar “que pudieran estar improvisando”.
Según los investigadores, esos testimonios cuadraban con otros indicios obrantes en la causa, como el contendido de tres grabaciones aportadas por Francisco González.
- En la primera de ellas su interlocutor es una de las personas que colaboró en la campaña electoral de Ciuca, José Monzón, conocido en el municipio como Pepe 'El Japonés', que le explica al exalcalde la trama de compra de votos y sus dos modalidades: por correspondencia y directo, a pie de urna. “Calcula, calcula, 350 votos a 50 euros...”, se le escucha decir en esa conversación en relación al voto por correspondencia. Por esta modalidad la organización de la que formaba parte habría obtenido, “382 o 383” sufragios. Según Monzón, día de las elecciones disponía de cinco vehículos para transportar a los votantes a los colegios electorales, lo que coincide con lo expuesto por el testigo C.J.R. El instructor policial incide en que Ciuca “no cumplió la promesa” con su colaborador (trabajo para su hija y su nieta) y, por ello, al sentirse “menospreciado”, se entrevistó con Francisco González y con otro militante del Partido Popular (Orlando Quintana) un año después de las elecciones en el Hotel Gloria Palace de San Agustín para “revelarle todos los entresijos”.
- En otro audio, González habla con Yasmina Suárez, quien, según la Guardia Civil, ocuparía “el nivel más bajo de la organización”, con el cometido de la captación de votantes y mediación, tal y como se desprende de la declaración de la testigo B.P.G. En esa grabación, detalla el procedimiento del voto por correo. La organización rellenaba los formularios con las solicitudes, los vecinos debían entregarla en una oficina de correos y, cuando les llegaba a sus domicilios el sobre con las papeletas, no debían abrirlos, sino entregárselos a miembros de la trama para que le abonaran el dinero pactado. “Se están comprando una pasada de votos”, decía. Los investigadores remarcan que, a los pocos meses de que Ciuca asumiera el bastón de mando, Suárez fue contratada para el servicio de limpieza municipal.
- El tercero tiene como protagonista a C.T., hermana de Ramón Trujillo, apoderado de Ciuca en esas elecciones. En ese audio, confiesa al exalcalde de Mogán que fue “Domingo el de CCOO” (Domingo Rodríguez, exconcejal de Ciuca, luego destituido por la alcaldesa) quien le ofreció convertir su jornada parcial en completa también en el servicio de limpieza si votaba a ese partido. Además, dijo que había visto a su hermano “con papeles de voto por correo” y que había escuchado “rumores” de que los estaba comprando.
El voto por correo y una grabación a Onalia Bueno
El segundo informe de la Guardia Civil, fechado en octubre de 2019, se detiene en el voto por correspondencia. En agosto de ese año, cinco equipos integrados por agentes de la policía judicial accedieron de forma simultánea a otras tantas oficinas de Correos en Puerto Rico, Arguineguín, Maspalomas y Vecindario (dos) en busca de documentación. Y encontraron datos llamativos que reforzaron su hipótesis de la compra de votos.
El voto por correspondencia aumentó un 292% en Mogán en las elecciones de 2019, de los 191 de 2011 a los 558 cuatro años después. Los investigadores descubrieron que un gran número de ciudadanos solicitó el envío de las papeletas a sus respectivos domicilios ubicados en esta localidad turística, pero que, tras recibirlas, el voto fue emitido en otros municipios. Las sucursales de Mogán tramitaron 357 formularios, pero 229 electores entregaron sus votos en otros sitios. De ellos, 178 en la capital, Las Palmas de Gran Canaria.
La policía judicial no veía razonable que los votantes se desplazaran a sucursales ubicadas a 40 o 70 kilómetros de su lugar de residencia para entregar su voto. Tras el análisis de la documentación, llegó a la conclusión de que una de las prácticas utilizadas por la organización era la presentación de remesas simultáneas de votos en sucursales alejadas del municipio con la finalidad de evitar que fuesen reconocidos por empleados o vecinos del municipio. Hay que precisar que el elector debe presentar personalmente el formulario con las papeletas en la oficina de Correos, pero, en cambio, la entrega del sobre con el voto puede ser realizada por un tercero sin necesidad de exhibir ninguna autorización.
Estos datos son cruzados con otros indicios de los que ya dispone la Guardia Civil, como el testimonio de B.P.G. o las grabaciones del exalcalde Francisco González a José Monzón y Yasmina Suárez sobre el voto por correspondencia como una de las modalidades para la compra de voluntades a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad.
En mayo de 2019 se suma al material indiciario un nuevo elemento: una grabación en la que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, le explica a un vecino del municipio, J.A.A. el mecanismo del voto por correo. El audio es de abril de ese mismo año, en precampaña electoral, y fue compartido por este ciudadano a través de WhatsApp. En la conversación telefónica se escucha cómo la regidora sureña intenta localizar a una persona inscrita en el censo y explica los pasos que debe seguir. “Yo te mando a una persona para arriba para que lo haga de una sentada y después ellos tendrán que firmarlo y llevarlo a Correos (...) Lo importante es que el sobre, que es enorme, cuando llegue a la casa, te llamen, que no lo abran, para decirte yo cómo es el rollo”, interpela la lideresa local de Ciuca a su interlocutor.
Para la instrucción policial, esta grabación casa con otras fuentes de prueba, las declaraciones de testigos y audios en los que votantes inciden en la orden para no abrir los sobres con las papeletas. Además, el informe recalca la “falta de confianza” de Bueno en los electores. “Le preocupaba que, una vez se realizase la venta, no cumpliesen con lo pactado, que no introdujeran su candidatura en el sobre. Los vecinos tenían que entregar el sobre cerrado a los captadores y recibirían su dinero. En caso contrario, no se les abonaría”.
Este segundo informe recoge, además, la declaración del secretario de la Cofradía de Pescadores de Mogán, que en una reunión celebrada en abril de 2019 con el delegado del Gobierno de España en Canarias le trasladó información sobre la presunta compra de votos tanto en las elecciones de 2015 como en la de ese año, refiriéndose a “movimientos sospechosos” de dos de los miembros de la presunta trama en establecimientos de Arguineguín y recordando que su cuñado, J.R.H., le reveló que cuatro años antes Ciuca le había comprado su voto por 50 euros. El voto de este ciudadano figura en una de las remesas intervenidas por el equipo judicial en la oficina de Correos de Maspalomas.
La declaración de 'el Perraya'
El tercer informe de la Guardia Civil, emitido el 11 de septiembre de 2020, es el que precipita la detención, seis días después, de Onalia Bueno y de los concejales Mencey Navarro y Tania del Pino Alonso y la entrada y registro en las dependencias del Ayuntamiento y la sede de Ciuca. Recoge, entre otras muchas, la declaración de Ramón Trujillo, el Perraya, a quien ya se hacía referencia en el primero aludiendo a las declaraciones que realizó en medios de comunicación en el año 2016, en las que destapaba su participación en la trama presuntamente delictiva actuando como apoderado de Ciuca en las elecciones celebradas un año antes, bajo las órdenes de Onalia Bueno y logrando más de un centenar de votos para esta formación a través de la compra de voluntades.
En su comparecencia ante los investigadores, Trujillo manifestó que fue Bueno quien le llamó y le citó en el Bar Arguineguín junto a dos de sus más estrechos colaboradores, Mencey Navarro y el funcionario Salvador Álvarez, para ofrecerle trabajar en su campaña. Su misión, dijo, era “captar votos de gente pobre y necesitada del pueblo para quitar al PP del Ayuntamiento”. La estrategia sería “comprar votos con dinero o con promesas de trabajo” si Ciuca asumía el poder. El Perraya detalló la mecánica utilizada y el papel que desempeñaba cada miembro de la trama en el operativo, desde las personas que se encargaban de rellenar las solicitudes de voto por correo hasta los que pagaban.
Insistió en que, en la modalidad de voto por correspondencia, era “condición inexcusable” que el sobre no se abriese y señaló que Bueno guardaba el dinero, en billetes de 20 y 50 euros, en un bolso que tenía forma de acordeón. Trujillo contó que tenía que llevar un control de las personas que captaba para hacer un seguimiento de la llegada del sobre a sus casas, que la actual alcaldesa tenía una lista manuscrita con la identidad de todos los electores, que apuntaba sus teléfonos y que marcaba con un 'Ok' cuando entregaban el sobre. Además, manifestó que en total se consiguieron unos 370 votos por correo. Para que pudiera desplazarse por el municipio para realizar su trabajo de captación le dieron 2.500 euros para que pudiera comprarse una moto, relató el colaborador arrepentido.
Según su relato, el día de las elecciones Bueno reunió en la sede de Ciuca a los colaboradores y les obligó a dejar los teléfonos móviles en la entrada y apagarlos, entregando después unas terminales de prepago a alguno de ellos, advirtiéndoles de que no debían usar sus números personales porque “podían estar pinchados”. Trujillo aludió a casos concretos de vecinos a los que se les había comprado el voto y apuntó que, en algunos casos, incluso se les había abonado la renovación del DNI y se les había acompañado a la Comisaría de la Policía Nacional en Maspalomas para que realizaran este trámite.
Este tercer informe ahonda aún más en las remesas del voto por correo, analizando documentación intervenida en sucursales ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria, entre ellas una con 55 votos emitidos en El Corte Inglés entre las 18.36 y las 19.23 horas del 16 de mayo de 2015. Entre los formularios hallados en esas remesas figuraban los de algunos de los testigos que habían reconocido en las primeras declaraciones haber votado a Ciuca a cambio de dinero y de otros que habían sido señalados en grabaciones y otras testificales.
También incluye el testimonio de una persona que reconoció que votó al partido de Bueno porque, a través de una vecina de su urbanización que había ejercido de interventora de Ciuca, le habían prometido ayuda para conseguir una vivienda de protección oficial, o de otra que aceptó los 50 euros porque “era madre soltera y necesitaba el dinero”.
La descripción de los hechos “objetivos, verificables y accesibles” recogidos en este informe de la Guardia Civil, no solo referidos a la supuesta compra de votos, sino también a las acciones realizadas por la organización tras la llegada de Bueno a la Alcaldía para, presuntamente, devolver favores a personas que participaron en la campaña, llevó al juez instructor a autorizar la entrada y registro en las dependencias del Ayuntamiento de Mogán y la sede de Ciuca, aunque no a los domicilios particulares de los principales imputados.
Cambios de versión y presiones
La ronda de declaraciones en sede judicial comenzó el pasado 23 de junio. Esa jornada deparaba el primer cambio de versión, el de la testigo B.P.G., que ante el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil manifestó que había recibido 150 euros de Ciuca por su voto y ante el juez instructor se desdijo y se sumó a la tesis que defiende la alcaldesa, esto es, que todo este procedimiento es una conspiración auspiciada por su rival política Isabel Santiago (Nueva Canarias). Lo mismo que defendió otro de los comparecientes y primeros denunciantes, J.L.C., aunque no negó que le intentaron comprar el voto en esas elecciones.
Durante la declaración de B.P.G. y tras advertir contradicciones, ambigüedades y lagunas selectivas en su relato, el juez llegó a advertirle hasta en tres ocasiones de que, como testigo, estaba obligada a decir la verdad y que, de lo contrario, podía incurrir en un delito de falso testimonio. Tres días después de esa comparecencia, Francisco González aportó en los juzgados una nueva grabación que cuestiona el cambio de versión de esos dos testigos, que aparecen en ese audio en una conversación distendida con el exalcalde, fechada en 2016. En esa reunión le explican exactamente lo mismo que manifestaron a los investigadores de la Guardia Civil, que Ciuca les había ofrecido dinero a cambio de su voto. “Le dije (a Yasmina Suárez, su presunta captadora): me das 150 euros. Si no me los das, no voto... A mí me hacían falta, Paco, no tenía nada. Con tanta gente que hay en mi casa, que tú mejor que nadie lo sabe. Seis niños en mi casa”, se le escucha decir a B.P.G.
Además de los cambios de versión o las matizaciones de testigos a sus declaraciones iniciales ante los investigadores de la Guardia Civil, la causa se ha enredado aún más con las presiones que ha denunciado estar sufriendo Ramón Trujillo para que se retracte y niegue la trama de compra de votos. Onalia Bueno fue procesada el pasado mes de noviembre por un presunto delito de inducción al falso testimonio. Se le acusa de haber ofrecido 3.000 euros y un puesto de trabajo a el Perraya, uno de los denunciantes de la trama, para que cambie su versión. En su comparecencia ante el juez instructor confesó sentirse “amenazado”.