Una hilera de sentencias condena a la empresa que mantiene el Hospital Negrín a pagar deudas de la anterior contratista
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado de forma reciente al menos una decena de sentencias, aún no firmes, que obligan a la empresa que presta el servicio de mantenimiento en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, Plaza Sistemas, a asumir las deudas laborales que dejó la anterior adjudicataria, Ingemont Tecnologías, cuyo contrato dio por finalizado la Consejería de Sanidad en agosto de 2023 después de que dejara de pagar a su plantilla y de cubrir las sustituciones.
El alto tribunal canario confirma así las sentencias de primera instancia que estimaron las demandas de reclamación de cantidades presentadas por trabajadores que pasaron de una empresa a otra tras el cambio de adjudicataria. Ingemont, una empresa con sede en Sevilla que está en proceso de liquidación tras entrar en concurso voluntario de acreedores, acumulaba retrasos con la plantilla desde enero hasta abril de 2023 e impagos desde mayo hasta agosto de ese año, fecha en la que Sanidad decidió rescindir el contrato por los reiterados incumplimientos.
Las recientes sentencias condenan a ambas empresas de forma solidaria al pago de las cantidades adeudadas al personal. En algunos casos, la administración concursal de Ingemont ha abonado una parte. Sin embargo, la actual adjudicataria, Plaza Sistemas, se había opuesto y había presentado recursos al entender que no era su obligación asumir las deudas que había contraído la anterior contratista.
Plaza Sistemas presta el servicio de mantenimiento del Hospital Doctor Negrín desde el 1 de septiembre de 2023. Y lo hace en virtud de un contrato menor de emergencia que, en principio, tenía un plazo de duración de un solo día y un importe de 9.656 euros, impuestos incluidos.
La gerencia del Doctor Negrín sigue sin convocar las bases del concurso de mantenimiento del hospital, por lo que este servicio se sigue prestando con ese contrato menor. Hay que recordar que esta tipología de contratos no se pueden prorrogar, que su duración no puede exceder el año y que el importe no puede ser superior a los 15.000 euros.
La duración del contrato ha sido, precisamente, uno de los motivos esgrimidos por el Grupo Plaza para tratar de librarse del pago de las deudas laborales de su antecesora. Según el recurso presentado por su abogada, las sentencias de primera instancia habían cometido “un error grave y fundamental”, al considerar que esta empresa había resultado adjudicataria del servicio a través de un concurso público y no mediante un contrato menor de tan sólo un día. A juicio de la actual contratista, la obligación de asumir las deudas de la anterior “no estaban prescritas en un pliego de condiciones” de un concurso público.
La misma respuesta ofrecieron a este periódico fuentes de esa empresa al ser preguntadas por esta cuestión el pasado mes de agosto: “Las condiciones fueron las descritas en los pliegos recibidos, que resumiendo consistían en prestar el servicio en condiciones análogas y con el mismo número de personal como se estaba llevando a cabo hasta ese momento. No había condición de asumir las deudas del anterior adjudicatario”.
A juicio de la Sala de lo Social del TSJC, que la adjudicación se haya realizado a través de un contrato menor de emergencia de tan sólo un día de duración y no de un concurso público “carece de trascendencia” a la hora de valorar la responsabilidad de Plaza Sistemas en el pago de las cantidades debidas a los trabajadores, puesto que lo relevante es que se ha acreditado tanto la subrogación de toda la plantilla de Ingemont en esta empresa tras el cambio operado en agosto de 2023 como la existencia del mismo objeto de la contratación. Esto es, de la prestación del servicio de mantenimiento del hospital público Doctor Negrín.
El Grupo Plaza también hacía referencia a una cuestión técnica para defender que debía quedar exonerado del pago solidario de las deudas de Ingemont. La actual adjudicataria defendía que la mano de obra sólo representa un 48% del servicio de mantenimiento del Negrín (el resto es maquinaria) y que, por tanto, no se podía considerar que se había producido una transmisión de “la unidad productiva”. En consecuencia, según una cláusula de la normativa convencional, debía quedar liberado de esa responsabilidad de asumir las deudas de la otra empresa.
El TSJC también rechaza ese motivo. A juicio del alto tribunal canario, la actividad que ejerce Plaza Sistemas en el hospital de referencia del norte de Gran Canaria “descansa de manera esencial en la mano de obra” y, por lo tanto, sí se produjo esa transmisión de “la unidad productiva” que requiere la norma en lo referente a la sucesión de contratas.
Las deudas acumuladas oscilan entre los 4.000 y los 10.000 euros por cada trabajador. La empresa adjudicataria está presentando recursos de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.
Conexiones entre adjudicatarias
Entre la antigua y la actual adjudicataria hay conexiones importantes. Ioan Fatu, director de Desarrollo de Negocios del Grupo Plaza, fue delegado de Ingemont en Canarias desde junio de 2020 a febrero de 2022 y, por lo tanto, la persona que representó a esta empresa en el concurso de mantenimiento que adjudicó el Negrín en 2021. Durante la vigencia de aquel contrato, la gerencia del hospital llegó a sancionar a Ingemont por no haberle entregado una documentación requerida.
Fatu se incorporó al Grupo Plaza tan sólo un mes después de ser despedido de Ingemont por motivos disciplinarios (confirmado por el Supremo), como responsable de una desviación superior al 60% en el margen bruto de explotación de las obras concedidas a esta empresa.
Fatu no es el único vínculo entre Ingemont y Plaza. El apoderado de la actual adjudicataria, Fernando Sánchez, también había sido director de producción y director de desarrollo de negocios de la anterior contratista entre marzo de 2017 y diciembre de 2021. Ese mes fichó por el Grupo Plaza y, a su vez, se convirtió en apoderado solidario de Ingemont, con potestad para representar a esta sociedad legalmente en transacciones comerciales, firmas de contratos y otros acuerdos. Sánchez seguía ostentando este cargo hasta la apertura del concurso de acreedores.
En declaraciones a este periódico el pasado mes de septiembre, este empresario negó haber estado vinculado a la vez con las dos sociedades.
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