El desastre del Hotel Cordial: una explosión, dos muertos y cinco años de instrucción judicial
Poco antes de que el reloj marcara las 9.05 horas de la mañana del 23 de noviembre de 2011, la rutina del Spa del Hotel Cordial Mogán Playa, ubicado en Gran Canaria, se vio alterada por la presencia de un fuerte olor a gas. No sabían los trabajadores que se encontraban en la estancia, ni la turista noruega que buscaba relajarse en el lugar, que en ese momento se estaban recargando los tanques de propano del complejo. Tampoco se imaginaron que la tubería por la que pasaba el combustible tenía una fuga que había afectado directamente a esa zona.
La explosión que tuvo lugar a la hora indicada en el establecimiento hotelero provocó una deflagración que se cobró la vida de dos personas; hirió de gravedad a otras cuatro y levemente a una quinta; destruyó parte del techo del Spa; causó daños a múltiples vehículos que se encontraban en el lugar e hizo que tuvieran que ser evacuados casi mil turistas.
Las primeras indagaciones sobre lo ocurrido dieron como resultado que la tubería de 45 metros de longitud que conectaba el depósito de combustible con el punto de descarga de gas, soterrada de forma fija bajo una zona ajardinada, había sufrido una fuga. Para determinar las posibles responsabilidades derivadas de que esa fuga no fuera detectada a tiempo, se inicio un proceso judicial, cuya investigación cumple este noviembre cinco años.
El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana mantiene en la causa a 16 denunciantes, entre los que se encuentran afectados, aseguradoras, el hotel y la distribuidora Disa Gestión Logística S.A. La complejidad de las diligencias hicieron que el pasado junio el Juzgado volviera a ampliar el plazo de la instrucción en 18 meses a contar a partir de diciembre de 2015.
Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirman que los familiares de los afectados llevan meses negociando un acuerdo de responsabilidad civil con las partes denunciadas, sin que de momento se haya llegado a un acuerdo.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal comunicó en febrero su voluntad de continuar con el procedimiento para determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la muerte de dos personas en el Spa del Hotel.
Unas responsabilidades que fuentes relacionadas con el caso consideran que se pueden dar por una negligencia técnica. Aunque en un principio Disa dijo que las causas de la deflagración no eran imputables a la empresa, es una de las partes que han sido llamadas a declarar en calidad de investigadas.
El Hotel, sin embargo, ha quedado de momento fuera del punto de mira, porque cumplía con la legalidad vigente. Es decir, contaba con un contrato de mantenimiento de las instalaciones con una empresa externa, custodiaba un libro de mantenimiento y disponía del certificado de la última inspección oficial. Además, no constaban denuncias previas al complejo hotelero por el mal uso de sus instalaciones o porque hubiera desatendido las recomendaciones de la instaladora.
La investigación mantiene, por lo tanto, tres investigados principales a los que de momento no se acusa ningún delito y que a su vez son denunciantes: La empresa externa encargada del mantenimiento de las instalaciones del hotel, la distribuidora que llevó a cabo la descarga del gas licuado, Disa, y el ingeniero responsable del proyecto de instalación de la tubería del complejo.
La tubería, sin protección catódica
Partes denunciantes dicen basarse en diversos informes periciales para concluir que el proyecto inicial de instalación de la tubería de 45 metros contenía múltiples errores y que la misma fue instalada sin la obligada protección exigida en todas las canalizaciones de acero enterradas.
Entre las irregularidades detectadas en la instalación de la tubería, que achacan a la empresa encargada de los trabajos, Injar SA, y a la suministradora Disa Gas Sau, por haber dado el visto bueno, destacan la “deficiente protección frente a la corrosión” y una profundidad de enterramiento inferior al exigible. Al parecer, tanto el técnico de Disa, como el de la entidad instaladora reconocieron en sede judicial no haber examinado la instalación antes de emitir el certificado.
Además, puntualizan que Injar S.A. informó positivamente de una revisión hecha en 2009, a pesar de que los valores obtenidos estaban por debajo del límite legal exigible.
La descarga de gas, sin asistente
La descarga de gas llevada a cabo por un operario de Disa Gas SAU también está bajo el punto de mira, puesto que la llevó a cabo en soledad y sin el necesario “asistente de carga”, que debía de acompañarle para el suministro debido a que el camión se encontraba lejos del depósito del hotel.
La tarea de dicho asistente se debía centrar en que la operación se llevara a cabo de forma efectiva, controlando el llenado del depósito, la lectura de los equipos de medidas y la estanqueidad de los accesorios. Sin embargo, el director gerente de Disa Gas SAU, Miguel Benarroch, había aprobado un operativo de descarga que sustituía a este técnico por un aparato de telemetría.
Un sistema que, aseguran denunciantes, fue puesto en funcionamiento sin previo aviso a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.
El aparato que funcionó la mañana del 23 de noviembre de 2011 no servía para detectar fugas o las oscilaciones bruscas del manómetro situado en la entrada del depósito – como sí lo hacía el asistente de descarga – ni disponía de un sistema automático de parada o corte en caso de pérdida. Tampoco comprobaba si el combustible descargado del camión era el mismo que entraba en el depósito.
Sin embargo, hasta que no concluya la instrucción, no se conocerá a quién atribuye verdaderamente la Justicia la responsabilidad de lo ocurrido hace cinco años en el Hotel Cordial Mogán Playa.
