De un “error material e involuntario” de un administrativo a una instrucción directa de Águeda Montelongo. Santiago Santana, uno de los acusados en el denominado caso Patronato, ha señalado este jueves a la presidenta del PP de Fuerteventura como la persona que le ordenó reservar con cargo a las arcas del Cabildo majorero y con nombres falsos estancias de hotel y el alquiler de un coche a dirigentes regionales y nacionales del Partido Popular (PP).
“Yo no me invento los nombres ni las reservas, me limito a cumplir órdenes”, ha manifestado Santana ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la primera sesión del juicio oral contra Montelongo, que fue consejera de Turismo del Cabildo y vicepresidenta del Patronato entre 2007 y 2010; José Luis Cabrera Bonny, exgerente del organismo, y el propio Santana, que ejercía en el mismo como auxiliar administrativo, por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento público. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cinco años y ocho meses de cárcel.
Frente a la teoría del error esgrimida con profusión en la fase de instrucción y en la vista oral por la líder del PP de Fuerteventura, Santana no sólo ha defendido que fue Montelongo quien le dio las instrucciones para hacer las reservas, sino que reveló que tres miembros del partido en Fuerteventura (la propia presidenta, Carlos Figueroa y Marcelino Umpiérrez) le pidieron, en una reunión celebrada después de que Canarias Ahora destapara el caso en febrero de 2011, que “hiciera un acto de contrición” y asumiera, a través del envío de una nota de prensa, la responsabilidad de las irregularidades detectadas en las tres facturas del Patronato.
Santana, que en el momento de producirse los hechos (2009-2010) era afiliado del PP, empezó a trabajar en el Patronato de Turismo de Fuerteventura en 2008. Fue el entonces presidente del Comité Local del PP en La Oliva, Marcelino Umpiérrez, quien se lo propuso a Montelongo. “Hablé con la consejera, estaba buscando trabajo y tenía conocimientos turísticos. Me encargaba de la promoción interior”, esto es, de programar las visitas de periodistas y turoperadores a la isla.
Tanto el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, que ejerce de abogado defensor de Montelongo en este caso, como el juez Salvador Alba, uno de los magistrados que componen la Sala (los otros dos son Antonio Doreste, presidente del TSJC, y César García Otero), pusieron de manifiesto durante el interrogatorio las contradicciones con respecto a su testimonio durante la instrucción. Entonces no acusó a Montelongo de dar la orden para efectuar la reserva y manifestó que su relación con la consejera era “escasa, por no decir inexistente”. Santana ha alegado que en ese momento era presa del nerviosismo, que “no estaba acostumbrado a declarar” ante un juez y que fue posteriormente cuando “recapacitó” y recordó los detalles.
“Nunca hice una reserva para el PP al margen del Patronato”, contestó a la insinuación lanzada por Hernández de que pudo confundir los gastos del organismo de promoción turística del Cabildo con los del partido del que era afiliado y con el que colaboraba.
Cabe recordar que son tres las facturas que han dado pie a la investigación. La primera de ellas sirvió para pagar los 560 euros del alojamiento del senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y de su mujer en el Hotel Faro Jandía entre el martes 30 de marzo y el sábado 3 de abril de 2010. En el expediente del Patronato se camufló el nombre del senador con una referencia genérica a un grupo de periodistas del turoperador Sunway.
La segunda implica a Manuel Fernández, entonces secretario general del PP canario, a quien el Patronato pagó un coche de alquiler entre los días 24 y 27 de enero de 2010 por 92,82 euros. En el concepto de gasto no figuraba su nombre, sino el de un periodista del touroperador Apollo CET de Copenhague.
El Patronato también abonó la estancia en el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach del diputado del PP Ramón Moreno Bustos y de Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Los dirigentes populares permanecieron en la isla del 10 al 13 de abril de 2010 para participar en un acto del partido sobre pensiones. Sus identidades también fueron camufladas en las facturas (por un total de 699 euros) bajo los nombres de Michel Vieth, una actriz de telenovelas mexicana, y Britta Kuhlman, manager musical radicada en Hamburgo.
El aval de Intervención
Durante todo el interrogatorio al que fue sometida este jueves en el antiguo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria (el caso es juzgado por el TSJC por su condición de aforada al ser diputada regional), Águeda Montelongo se encargó de repetir de forma insistente varios mensajes: sólo tuvo conocimiento de las irregularidades en las facturas “cuando salieron publicadas en la prensa”, firmó los informes que permitieron los pagos “con el aval de la Intervención” y se trató de “un error material e involuntario” que fue subsanado “de forma inmediata” con la restitución del dinero abonado.
En relación a los correos electrónicos en los que Santana afirmaba realizar las reservas por orden o “compromisos” de la entonces consejera de Turismo, la presidenta del PP de Fuerteventura ha afirmado que “nunca” dio instrucciones para que se enviaran estos mensajes. “Los gastos (de la estancia de los altos cargos del PP en la Isla) los asumió el partido cuando conocimos que había un error”, manifestó Montelongo. Posteriormente, una trabajadora del departamento de Intervención del Cabildo que declaró como testigo apuntó que sólo tenía constancia de la devolución del importe de dos de las tres facturas, la del Hotel Faro Jandía y la del coche de alquiler.
Montelongo también aseguró que no tomaba personalmente la decisión de invitar a periodistas o turoperadores a Fuerteventura y que normalmente estas actuaciones de promoción venían “prestablecidas” del Gobierno de Canarias, a través de Promotur, de las Oficinas Españolas de Turismo (OET) o de operadores freelance.
Sobre la implicación del exgerente Cabrera Bonny en los hechos, Montelongo explicó que, a pesar de que no era miembro del PP, fue propuesto por ella para el cargo, que de noviembre a febrero prácticamente no pisaba la isla porque acudía a distintas ferias turísticas por todo el mundo y que cuando volvía se encontraba con una ingente cantidad de documentación que firmar. “El control lo ejercía Intervención y los informes técnicos. Si alguien hubiese reparado en el error, nunca lo hubiéramos firmado”, ha aseverado la dirigente popular.
En la misma línea, Cabrera Bonny aseguró que se enteró de las irregularidades por la prensa y que nunca tuvo ninguna sospecha al respecto porque en los expedientes figuraban turoperadores con los que trabajaba habitualmente.
Los tres dirigentes del PP nacional a los que el Patronato de Turismo de Fuerteventura les pagó la estancia en la isla, Tomás Burgos Gallego, Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Beteta, declararon por videoconferencia en la sesión de este jueves. Todos coincidieron al afirmar que fueron invitados por la presidenta del PP de Fuerteventura para asistir a actos organizados por el partido. Los dos primeros señalaron que fue esta formación la que abonó los gastos del hotel, mientras que el primero aseguró haberlo pagado de su bolsillo un año después de haberse alojado en el Hotel Faro Jandía. “Cuando abandoné el hotel, requerí la factura y se negaron a dármela. Me llamó la atención y me puse en contacto con el partido. Me dijeron que no me preocupara, por lo que entendí que podía haber sido asumida por el PP”, explicó.
El exdiputado regional Manuel Fernández ofreció una versión similar. Según su declaración, acudió a la isla para participar en un acto que él mismo como secretario del partido había organizado y aprovechó para recorrerla junto a “un amigo herreño” con el que siempre viajaba. “Fuimos a pagarlo al aeropuerto, pedimos la cuenta y el funcionario de la compañía de coches nos dijo que había sido abonado por el PP”, relató Fernández, “nunca se me ocurriría que el Patronato pagase gastos privados”.
Por su parte, Guillermo Concepción, ex vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura por el PP y denunciante del caso, manifestó que tuvo conocimiento de las irregularidades a través de un empleado de hotel que le envió una de las facturas y le puso sobre la pista. A partir de esa primera prueba solicitó, primero de forma verbal y después por escrito en el registro, la documentación sobre las facturas del Patronato. Una vez analizadas, las llevó a la Fiscalía al entender que había indicios de delito.
“Cuando presenté la documentación, el PP ya me había echado por indisciplina”, recordó Concepción,que reconoció que, a pesar de haber comentado el asunto con algunos compañeros de partido, no se lo transmitió a la dirección nacional ni a la regional. “Yo estaba mal en el Cabildo, quería terminar mi legislatura. Cuando me llega la documentación, la pongo en manos de la Fiscalía”, concluyó.
Por último, la interventora accidental del Cabildo majorero, María Dolores Miranda, se declaró “víctima” de la situación generada con las facturas falsas y apuntó que la comprobación de que los nombres que figuraban en las facturas correspondiesen en realidad a quienes habían disfrutado de la estancia en esos hoteles “excedía” de sus competencias.
El juicio continúa este viernes con la segunda y última sesión.