De “indignación desmedida” ha calificado este sábado el presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Las Palmas, Luis Piernavieja, el sentir de los representantes de los trabajadores tras una nueva expulsión, la cuarta en poco más de un mes, ordenada por el magistrado Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital grancanaria, contra la funcionaria a la que ha vetado durante las jornadas de guardia, con la consiguiente pérdida del complemento salarial, alegando “pérdida de confianza”.
“Una toga no sirve para todo y esto debe tener un límite”, ha advertido Piernavieja, que insiste en que el juez se ha atribuido funciones sancionadoras que corresponden al Gobierno de Canarias.
La trabajadora volvió a contar este sábado con el apoyo de varios miembros de la Junta de Personal, a quienes un subteniente de la Guardia Civil les impidió franquear la puerta del juzgado de guardia “por una orden verbal del juez”. Algunos de estos representantes sindicales habían tratado de acceder a las dependencias judiciales sobre las 8.30 horas, treinta minutos antes de que Luis Galván asumiera las funciones de guardia en sustitución de la titular del Juzgado de Instrucción 5, pero tampoco se lo permitieron. “La borrachera de poder que debe tener este juez es tan incontrolada que se permite dictar órdenes cuando ni siquiera está de guardia”, ha denunciado el presidente de la Junta de Personal.
El magistrado se ha enrocado en una resolución de 2016 vinculada a la apertura de un expediente disciplinario contra la trabajadora que fue finalmente archivado. Así se lo ha aclarado la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias en un escrito en el que le ha recordado que sobre la funcionaria no pesa ningún expediente, que los hechos denunciados entonces, en caso de suponer una falta disciplinaria, ya estarían prescritos y que, por lo tanto, nada impide que esta empleada pública pueda realizar las funciones que tiene encomendadas.
“Un juez tiene que entender que un juzgado no es un cortijo ni él un señorito. Tenemos una Permanente el lunes y esperamos adoptar medidas, dentro de la legalidad, de la contundencia extrema que este caso requiere”, ha anunciado Piernavieja. La Junta de Personal valora la posibilidad de emprender acciones penales contra el juez, además de apoyar las que ya ha presentado la trabajadora en diversas vías (contencioso-administrativa y penal en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial), con la solicitud expresa de que se adopten medidas cautelares que garanticen el ejercicio de sus derechos durante las jornadas de guardia.
“Nos hemos quedado solos”, lamenta Piernavieja. El representante sindical acusa al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, y al Gobierno regional, en las figuras de su consejero del ramo, José Miguel Barragán, y del director general Cesáreo Rodríguez, de “anuencia y complicidad” con el magistrado, “cada uno en la medida y con la cuota que le corresponde”. “Nos hemos dirigido a todas las instancias gubernativas, a las instancias ejecutivas, a todos lados. Buscamos una salida controlada a un desafuero. El Gobierno nos ha dado la razón y tampoco ha hecho nada”, asevera.
El presidente de la Junta de Personal considera además que se está cercenando “de forma reiterada” la ley de libertad sindical. “Somos gente absolutamente pacífica, de diálogo, que conocemos la ley. No hemos interrumpido, en ningún momento, el normal funcionamiento del juzgado de guardia. Tenemos todo el derecho de estar allí mientras no alteremos el orden público o distraigamos, por decirlo en lenguaje coloquial, a los compañeros”, concluye.