El presunto caso de corrupción destapado este martes en Canarias tiene como protagonistas a dos socialistas miembros de una familia con una notable influencia política en la isla de Fuerteventura, los Fuentes Curbelo, y a un general retirado de la Guardia Civil que ejerció como jefe de la Comandancia de Las Palmas, que adiestraba a los nuevos gendarmes en la zona del Sahel, en el norte de África, y que guardaba en su domicilio en Madrid, en cajas de zapatos, miles de euros en billetes de 500 euros.
Son doce las personas investigadas por la presunta trama de extorsiones a empresarios del sector primario en las Islas (ganaderos y productores de queso) a los que se les habría exigido el pago de comisiones a cambio de que sus granjas no fueran inspeccionadas o de facilitarles el acceso a los fondos de la Unión Europea.
En total se practicaron trece registros este martes. Entre ellos, el domicilio del general Espinosa, donde se encontraron, según fuentes judiciales, al menos 58.000 euros en billetes de 500 guardados en cajas de zapatos. Al exjefe de la comandancia de la provincia de Las Palmas, cargo que ocupó entre 2008 y 2012, se le investiga por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.
Las pesquisas se centran en los años 2020 y 2021. En esa época, antes de jubilarse, Espinosa trabajaba en un proyecto para la formación de gendarmes en el Sahel. Fuentes de la Guardia Civil señalan que el ahora detenido cobraba en ese puesto alrededor de 220.000 euros al año. La causa trata de determinar si Espinosa usó su influencia para mediar de forma ilegal en la compraventa de terrenos y en la concesión de licencias en la Zona Especial de Canarias (ZEC) o si advirtió a los empresarios con la posibilidad de enviar al Seprona a inspeccionar sus granjas si no pagaban la supuesta mordida.
El exjefe de la Comandancia de Las Palmas ya fue investigado en 2009 tras la sospecha de que había sido él quien había filtrado a la entonces alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz –en aquel momento ya en Coalición Canaria tras haber abandonado el Partido de Independientes de Lanzarote–, que iba a ser detenida en el llamado caso Unión, una de las principales tramas de corrupción en Canarias. La Fiscalía pidió la apertura de una pieza separada, pero el caso se acabó archivando.
La causa conocida este martes tiene un curioso origen. Los indicios incriminatorios los aportó una persona que estaba siendo investigada por una presunta estafa con tarjetas de crédito en el Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, en otra causa sin relación alguna con esta y que acabaría siendo archivada. Para defenderse de las acusaciones que contra él vertía Ángel Luis Pérez, director general de Deportes del Cabildo de Tenerife hasta el pasado mes de enero –fecha en la que dimitió tras conocerse que estaba siendo investigado por denuncia falsa–, ofreció a la jueza información que guardaba en su móvil. Y entre los audios figuraban las conversaciones que comprometían al general jubilado de la Guardia Civil.
Fue el inicio de una investigación que instruye la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo en coordinación con el fiscal delegado contra la corrupción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano-Jover, que fue nombrado en noviembre en sustitución de María Farnés Martínez.
Una familia influyente de Fuerteventura
Los dos miembros del PSOE salpicados por la operación forman parte de una conocida familia de Fuerteventura, los Fuentes Curbelo. Taishet Fuentes fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias del 5 de marzo de 2020 al 22 de junio de 2022, fecha en la que fue destituido tras perder la confianza del presidente Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, después de unas polémicas declaraciones en las que achacaba al “libre mercado” las dificultades que atravesaban –y siguen atravesando– para mantener el negocio los ganaderos de las islas. “La decisión tomada fue más que acertada”, ha dicho este miércoles el jefe del Ejecutivo regional sobre aquella destitución.
Taishet Fuentes había accedido a ese puesto por el movimiento de piezas que llevó a Carolina Darias, entonces consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, al Ministerio de Sanidad. El lugar de Darias lo ocupó Elena Máñez, que en aquel momento era diputada del PSOE por la provincia de Las Palmas. Y el sustituto de Máñez en el Congreso fue otro de los investigados en esta causa, Juan Bernardo Fuentes, que precedió en el cargo de director general de Ganadería a su sobrino, Taishet Fuentes. Tras conocerse su imputación, ambos han sido suspendidos de militancia.
Juan Bernardo Fuentes, que este mismo martes dimitió como diputado, es hermano de otro histórico del PSOE de Fuerteventura, Domingo Fuentes, que fue vicepresidente del Cabildo, diputado regional y senador y que en la actualidad es el representante en la isla de la Delegación del Gobierno en Canarias. Otro miembro de la familia, por la rama de los Curbelo, es concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la capital.
“Es indudable que los Fuentes Curbelo son una familia políticamente muy relevante dentro del PSOE. Han estado a la cabeza de las decisiones de los últimos años en Fuerteventura y tienen un poder orgánico importante, sobre todo en el norte”, destaca un militante socialista en la isla, que admite que esta causa puede tener un impacto negativo en los comicios que se celebrarán en mayo, aunque defiende la presunción de inocencia.
“Juan Bernardo (Fuentes) no necesitaba eso. Estaba muy bien posicionado económicamente”, señala la misma fuente. El ya exdiputado nacional aparece vinculado desde hace años al sector ganadero, labor que ha compatibilizado con su actividad política, siendo concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y diputado nacional en diferentes etapas, además de director general de Ganadería del Gobierno regional.
Según consta en su declaración de bienes, Fuentes es administrador de varias empresas vinculadas al sector primario, además de una asesoría. Es propietario, junto con su mujer, de una explotación con unas 400 cabezas de ganado caprino. Está situado en el pueblo de Tetir, en la capital majorera, y está gestionada por dos sociedades familiares (Ganadería Tetir y Quesos de Tetir). Esta empresa fabrica de forma artesanal quesos con denominación de origen, con leche cruda de cabra de la isla.
El queso elaborado en Fuerteventura es uno de los más premiados internacionalmente y supone su principal industria, con marcas con presencia mundial como Maxorata. Juan Bernardo Fuentes tiene una participación del 30% en Quesos Tetir y del 50% en la entidad Ganadería Tetir desde 2012. Esta última tiene un capital social de 100.000 euros y ha recibido, al menos, 67.244,25 euros en subvenciones desde 2014, dos años después de su constitución, tanto del Cabildo de Fuerteventura, como del Gobierno de Canarias y del Ejecutivo central, según la información disponible en el registro mercantil.
La imputación de Juan Bernardo Fuentes y la de su sobrino Taishet Fuentes ha causado conmoción entre los socialistas de la isla, aunque hay quien desliza que desde la dirección del partido ya se conocía algo cuando se decidió destituir al segundo el pasado verano. “Es como guardar un cadáver en el armario si alguien sabía algo de antemano, que lo desconozco, que no cuadraba. Parece que al final el cadáver en el armario ha empezado a oler”. Taishet Fuentes iba a ser candidato a la Alcaldía del municipio de Antigua en las próximas elecciones. Precisamente para esta semana estaba previsto que se celebrarán reuniones de la Ejecutiva Insular y del Comité Insular para la composición de las listas.
Uno de los militantes socialistas consultados define Fuerteventura como “una isla muy politizada”, de “política de tabernas”, en la que los rumores sobre que las subvenciones “siempre benefician a los mismos” viene de antiguo. “Hay una endogamia permanente, con familias, amigos y allegados que forman esos clubes endogámicos y se reparten cargos, pero de ahí a extorsionar a granjeros para obligarles a pagar una comisión a cambio de que no inspeccionen sus granjas, me parece tan burdo…”, sostiene.
Además de los dos miembros del PSOE y del general jubilado de la Guardia Civil, otros de los detenidos cuyos nombres han trascendido son los empresarios Esteban Banús e Inmaculada Roca, que en 2016 adquirieron la conocida empresa Leche Sandra y que, además, tienen otras empresas vinculadas con el sector ganadero y los forrajes.
Un sector en el alambre
En Canarias, la ganadería supone el 25% de la actividad del sector primario, que en su mayoría se dedica a la producción de leche, sobre todo para elaborar quesos. La cabaña caprina es la más numerosa, con más de 210.238 cabezas, que están en su mayoría en Fuerteventura con 76.906 censadas a fecha de 2021, muy por delante de la siguiente, que es Gran Canaria con 52.402 unidades. El 62% de las explotaciones de la isla majorera son de ganado caprino. Y es que Fuerteventura fue el primer territorio nacional en obtener, en 1996, una denominación de origen protegida para quesos elaborados con leche de cabra autóctona, animal que se ha convertido en un símbolo para la isla.
Para el sector primario en el Archipiélago es imposible subsistir sin ayudas públicas. Dada la lejanía, el aislamiento y la competencia con productos de fuera, la Unión Europea contempla una compensación para sus regiones ultraperiféricas a través del Posei, que en Canarias asciende hasta los 268,4 millones anualmente y supone la principal subvención para el mantenimiento de las actividades agrícolas y ganaderas. Para la producción animal, los fondos comunitarios ascienden hasta los 27,8 millones de euros, cuyas mayores cuantías se destinan a la producción de lácteos de caprino, ovino y bovino de origen local, tanto para los ganaderos como los industriales. Además, el dinero fijo procedente de la UE se complementa con otra cantidad variable que aporta el Estado y que para 2023 ha aumentado hasta los 33,2 millones de euros, la mayor de la historia.
Estas ayudas se complementan con otras que habilitan los cabildos o el Gobierno regional. Sin embargo, a la ganadería en la Islas ya no le alcanza ni con subvenciones para cubrir sus costes de producción. El subsector ya experimentaba una dinámica descendente antes de la pandemia -el número de explotaciones ha descendido un 25% en la provincia occidental y un 19% en la oriental desde 2016-, pero los avatares de la especulación mundial en piensos y forrajes a partir de 2021, sumado a la guerra en Ucrania, han disparado el precio de la alimentación animal triplicando gastos, pues Canarias depende del exterior casi al 100% en este ámbito; de hecho, el Posei también contempla ayudas a abaratar los costes de la importación de paja, millo o alfalfa a través del denominado Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
“El peor momento de los últimos tiempos” que atraviesa el subsector en las islas, tal y como reconoció la consejera de Agricultura Alicia Vanoostende, ha obligado a algunas empresas del subsector a echar el cierre. Los que sobreviven -sobre todo produciendo en exclusiva leche- se ven abocados a endeudarse o a sacrificar parte de sus animales para poder pagar sus facturas. El investigador palmero Juan Capote, doctor en Veterinaria, biólogo y una autoridad mundial en la ganadería caprina, explica que en Fuerteventura el escenario es peor incluso que en otras islas como La Palma o Gran Canaria, donde al menos hay pastoreo. “Las islas más áridas son las que lo tienen más crudo porque tienen que importar prácticamente todo”, señala.
“A veces ni me explico cómo se mantiene la actividad en Fuerteventura”, añade Capote, lo que achaca a que en la isla la industria liderada por Maxorata es fuerte, “recoge mucha leche, trabaja mucha gente en eso y se han preocupado mucho en la calidad del producto”; además, se intenta abaratar costes y vender los quesos más caros. “También se mantienen por la tremenda calidad de los animales que hay en Fuerteventura, de mucha producción, con una media de 640 litros al año por cabeza”, remarca Capote.
Sobre las detenciones que se han vinculado a presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones europeas vinculadas a productos de alimentación desde el Gobierno regional, Capote considera que “es sorprendente, desde luego, y es una mala noticia; que haya gente de la administración investigada siempre es malo, tengan o no tengan razón… es algo que duele a los que estamos en ese paraguas”.