La causa penal por el desfalco en Intersindical Canaria lleva tres años empantanada por las trifulcas internas
La causa penal abierta a finales de 2014 por el desvío de fondos de la Federación de Salud de Intersindical Canaria (IC) en Gran Canaria a cuentas privadas lleva empantanada desde finales de 2015. La investigación se encuentra prácticamente paralizada, sin que el magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, donde se tramita, haya practicado diligencias de interés para esclarecer los hechos desde entonces. La culpa de este atasco la tiene la prolongada disputa por determinar quién ostenta la representación de la sectorial sanitaria, con dos sectores en pugna: el crítico, que llevó el desfalco a los tribunales, y el oficialista, que limita las responsabilidades a las figuras del extesorero, Juan Jesús Galván, y de su hijo, Celestino Galván, los únicos que han reconocido los hechos.
El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado en octubre de 2015, revelaba pagos “sin justificación aparente” por valor de 80.000 euros desde las arcas de la Federación de Salud de IC en Gran Canaria a cuentas particulares entre los años 2010 y 2014. Según las pesquisas policiales, estas transferencias ajenas a la actividad sindical habrían servido para pagar viajes, entradas para conciertos, fines de semana en casas rurales o préstamos personales de hasta 2.500 euros. Hasta la fecha son siete los investigados en esta presunta trama de corrupción interna.
La última resolución emitida por el instructor, Rafael Passaro, vuelve al mismo punto en que se encontraba la causa hace 28 meses. En un auto emitido el pasado 18 de septiembre, el magistrado estima un recurso presentado por uno de los denunciantes particulares, Miguel Ángel Morales, que pugna por la representación del sindicato en este proceso con María Dolores Pérez, que se sitúa en el denominado sector oficialista.
En una providencia dictada siete meses antes, en febrero de 2018, el magistrado había dado la razón a esta última en la trifulca interna, dándole potestad para actuar en nombre del sindicato en el procedimiento sobre la base de una certificación emitida por la jefa de servicio de Promoción Laboral de la Dirección General de Trabajo del Gobierno canario que decretaba que María Dolores Pérez era legítima representante de IC.
En el lado opuesto, el sector crítico blandía una sentencia firme de mayo de 2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligaba al sindicato a restituir en todos sus cargos a Miguel Ángel Morales, miembro del secretariado insular, que había sido expulsado de la central en junio de 2014, junto a otros afiliados, tras promover la convocatoria de un congreso extraordinario para denunciar el desvío de fondos de las arcas de la Federación de Salud a cuentas privadas.
La representación legal de Morales también aludía a un auto dictado en diciembre de 2017 por el Juzgado de lo Social 6 de Las Palmas de Gran Canaria que, en su opinión, dejaba “obsoleta, desfasada, sin efecto y fuera de la ley” la certificación del Ejecutivo regional que daba la razón al sector oficialista. Esa resolución tumbaba todos los congresos a partir de 2014 y restituía las actuaciones al inmediatamente anterior, celebrado en octubre de 2011, en el que tanto María Dolores Pérez como Miguel Ángel Morales fueron designados miembros titulares del secretariado insular de la Federación de Salud de Gran Canaria de IC.
Con estos antecedentes, el juez ha adoptado la decisión más salomónica, la misma que ya decretara en junio de 2016: no admitirá la presentación de escritos por parte de IC, que figura como denunciante en la causa, al igual que Pérez y Morales, hasta que no se reduzca a una sola su representación. En una resolución anterior, el instructor admitió que esas disputas internas estaban añadiendo una complejidad “innecesaria” al procedimiento. Desde el sector crítico confían en que el último auto consiga desatascar una causa que, en su opinión, está sufriendo las estrategias dilatorias de los oficialistas.
De forma paralela, Miguel Ángel Morales ha reclamado durante todos estos meses la ejecución de la sentencia del TSJC que obligaba al sindicato a restituirle en sus cargos. De hecho, la central fue condenada a finales de 2017 a pagarle 15.000 euros en concepto de indemnización por no haber ejecutado la sentencia.
La respuesta de IC no llegó hasta el pasado 31 de agosto. A través de una publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas, el secretariado confederal nacional, máximo órgano del sindicato, convocaba a Morales a una reunión para el 5 de septiembre con el objetivo de cumplir la sentencia y restituirle en los cargos que ocupaba tras el congreso de 2011. El denunciante, sin embargo, se negó a acudir al entender que en ese encuentro también debían estar presentes los afiliados que, como él, fueron expulsados cuando promovieron el congreso extraordinario para denunciar el desfalco.
