El líder del PSOE de Fuerteventura, Blas Acosta, figura como único “imputado” en un juzgado de la isla que investiga su etapa al frente de Gesturpa, una empresa pública del Ayuntamiento de Pájara liquidada en 2016.
Acosta, que en la actualidad es vicepresidente y consejero de Turismo y Ordenación del Territorio del Cabildo, fue el máximo responsable de todo el planeamiento del municipio turístico del sur de Fuerteventura entre 2003 y 2015.
Gesturpa se convirtió en la principal herramienta urbanística de Pájara durante los años más intensos de la construcción de hoteles y urbanizaciones turísticas, entre finales del siglo pasado y la primera década de este.
En noviembre de 2014, siendo todavía Acosta su principal responsable, la entonces concejal del PSOE como independiente en el municipio de Tuineje y ahora presidenta de Votemos Fuerteventura, Margarita Martín, denunció en Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión de la empresa.
En junio de 2015, Fiscalía remitió el caso al Decanato de Puerto del Rosario. Desde entonces, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la capital de la isla no ha movido demasiado esta causa abierta 841/2015, de la que el propio Blas Acosta dice haberse enterado por este diario, mostrando su sorpresa.
Ha sido ahora cuando el juzgado ha admitido la personación de Votemos, y en esa providencia fechada el 16 de noviembre pasado aparece Acosta como “imputado”.
En su decreto remitiendo el caso al Decanato, la Fiscalía considera que de los hechos investigados “se deduce la posible existencia de un delito societario” en la gestión de la empresa, e interesaba que se tomara declaración en sede judicial al administrador y al auditor de Gesturpa, Blas Acosta Cabrera y Miguel Ángel Ramírez Delgado, respectivamente.
El Ministerio Fiscal apunta que al analizar las auditorías de la sociedad de los años 2012 y 2013 “se observa que las cuentas anuales no son una imagen fiel de la situación de la empresa” y enumera una serie de presuntas irregularidades.
Entre ellas, “se recoge un saldo deudor por valor de 100.000 euros” en el balance de la empresa municipal al finalizar el año 2012. “Este saldo corresponde a una transferencia, realizada por la entidad el día 23 de abril de 2010” y el auditor de la empresa advertía de que no había dispuesto de la documentación que acreditara ese movimiento. “Por todo ello”, concluía el auditor, “existen dudas razonables sobre la autenticidad y recuperación de dicho saldo”.
La Fiscalía también destacaba otras advertencias de las auditorías: en el ejercicio 2012 se contabilizaron unos 472.000 euros como un derecho a “crédito fiscal” por impuestos diferidos.
Sin embargo, la auditoría refleja que ese activo “no debería haberse reconocido” porque “no resulta probable que la sociedad disponga de ganancias futuras” que permitiese aplicarlo y, “en consecuencia”, las “pérdidas” de aquel año deberían “aumentarse” en los citados 472.000 euros.
También se incluyó como “aprovisionamientos” de la empresa un saldo de 897.000 euros que correspondía a los gastos derivados de una factura de Mahlec Mantenimientos SL por el alumbrado público de Cañada del Río, a pesar de que la propiedad no pertenecía a Gesturpa y que la obra le fue “encomendada” al Ayuntamiento de Pájara, que debería haber efectuado “un ingreso” a favor de la empresa municipal.
Sin información del banco
Gesturpa se constituyó en julio de 1996 y la empresa se ha utilizado para la construcción de viviendas o locales, y la administración y alquiler de inmuebles, entre otras actividades como la venta de parcelas.
En julio del año pasado, la Junta general de socios de la sociedad, participada en su totalidad por el Consistorio sureño, acordó la “disolución” de la empresa.
En sus últimas cuentas presentadas, las de 2016, el auditor, Miguel Ángel Ramírez Delgado, mantiene una salvedad que ya reflejaba la Fiscalía en los orígenes de la causa penal: a pesar de haber requerido “a todas las entidades bancarias con las cuales ha operado la sociedad durante el ejercicio 2016”, no se ha recibido “certificación alguna de Bankia”.
Por ello, no se ha podido “verificar toda la información necesaria sobre las operaciones de dicha entidad”. Una de las acciones que ya reclamaba la Fiscalía hace más de dos años y medio es que se recabara “una relación de todas las cuentas bancarias” de Gesturpa y que se ordenara a los bancos, “en concreto a la entidad Bankia”, para que aportaran los “extractos”.
La desaparecida Caja Insular de Ahorros de Canarias, ahora Bankia, fue la principal entidad bancaria volcada en el desarrollo urbanístico del sur de la isla. La Caja operó durante años con Gesturpa, que desde principios del mandato del PSOE en Pájara se convirtió en el cajón de sastre de muchas operaciones.
En aquella época, Blas Acosta también saltó a los papeles judiciales por el conocido como caso Grupo Europa, la denuncia del gerente de esa promotora de viviendas que acabó con cinco condenas de cárcel por corrupción política y empresarial en el municipio grancanario de Telde, y la absolución del actual senador del PP Jorge Rodríguez, que ejercía de relaciones políticas de la empresa ante ayuntamientos.
En el caso de Blas Acosta, el denunciante también le incluyó en el lote de políticos que su empresa había tocado, pero tras saltar el caso y derivarse una pieza a los juzgados de Puerto del Rosario, el ex gerente de Grupo Europa se retractó en sede judicial de la parte concerniente al todopoderoso secretario insular del PSOE.
El PSOE gobierna en Pájara con Rafael Perdomo en la Alcaldía, si bien Blas Acosta ha ejercido hasta 2015 el control de las áreas de mayor peso como Urbanismo, Turismo, Economía y Hacienda, siendo el hombre fuerte del partido en el municipio y en la isla. Ahora se dedica en exclusiva a cogobernar el Cabildo de Fuerteventura, en alianza con Coalición Canaria del presidente Marcial Morales.
Deuda millonaria “perdonada” por el Ayuntamiento
Deuda millonaria “perdonada” por el AyuntamientoEn las últimas cuentas de la empresa municipal Gesturpa se recoge que el Ayuntamiento de Pájara ha perdonado una deuda de 1,6 millones de euros. En concreto, 300.000 euros de una subvención que le concedió en 2009 para cubrir los intereses de los créditos formalizados con bancos para la ejecución de viviendas en Morro Jable. Desde el Ayuntamiento, presidido por el socialista Rafael Perdomo, también se procedió a “la concesión de otra ayuda de 1.349.791 euros”. Con la condonación, la empresa se libera de esa deuda de más de 1,6 millones que arrastraba con el consistorio desde ejercicios anteriores.
Millón y medio de euros en locales y plazas de garaje
Millón y medio de euros en locales y plazas de garajeEn las últimas cuentas de Gesturpa se indica que cuenta con casi 1,5 millones de euros en diversas propiedades, que no aparecían reflejadas como “existencias” en años anteriores. En las mismas se dice que se han “actualizado los valores de los activos, al encontrarse la empresa en liquidación”, y que se han efectuado “tasaciones”. De tal manera que se enumeran 98 garajes valorados en 712.000 euros, tres locales valorados en 379.000 euros, un local y dos garajes tasados en 113.000 euros, una vivienda con garaje en Pájara por 102.000 euros, otras 12 plazas de garaje en Pájara valoradas en 76.000 euros y un almacén en La Lajita por 70.000 euros.
Impulso a la investigación
Impulso a la investigaciónLa jueza María Luisa Casado notificó el pasado 20 de noviembre la personación en el caso Gesturpa de Votemos Fuerteventura como acusación popular. La denunciante original fue Margarita Martín, que en la actualidad es presidenta de la formación política. Votemos está en la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva y tiene previsto presentarse a otras instituciones como el Cabildo en las próximas elecciones. Martín era concejal de Tuineje, como independiente en las listas del PSOE, cuando se dirigió a la Fiscalía para poner en su conocimiento las presuntas irregularidades de Gesturpa.