El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha archivado la querella interpuesta por el exministro José Manuel Soria contra la jueza Victoria Rosell.
La magistrada de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC Margarita Varona, instructora de este procedimiento, ha decretado el sobreseimiento libre de la causa una semana después de que prestaran declaración la propia Rosell y cuatro testigos.
El archivo de la causa se ha comunicado en la tarde de este viernes verbalmente, aunque tanto el procurador de Soria como el de Rosell todavía no han recibido el auto con las razones jurídicas de la decisión, debido a un fallo informático en el sistema de notificaciones.
En el transcurso de estas comparecencias, el abogado de Soria, el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, tan sólo realizó una pregunta, dirigida al empresario Miguel Ángel Ramírez. En la causa se investigaba si Rosell debió apartarse de la instrucción de la causa por presunto delito fiscal contra Ramírez por las relaciones comerciales del empresario con el periodista Carlos Sosa, pareja de la jueza.
La empresa periodística de Sosa, Clan de Medios, cerró un acuerdo con la dirección de la UD Las Palmas para el alquiler de una licencia de radio cuando Rosell ya era candidata de Podemos al Congreso.
Eligio Hernández ni siquiera acudió a las comparecencias de Rosell y de los otros tres testigos: Carlos Sosa, la fiscala Evangelina Ríos y el el exsecretario del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria Miguel De Juanes.
“Una trampa política”
Soria presentó la querella en febrero, cuando la magistrada estaba en excedencia y era diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas. Le acusaba de retraso malicioso en la Administración de Justicia, cohecho y prevaricación en referencia a su actuación en la causa que instruyó contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.
El exministro de Industria, Energía y Turismo ya había interpuesto una querella contra Rosell por injurias y calumnias en noviembre de 2015, después de que la entonces candidata de Podemos le acusara de utilizar los medios del Estado para atacar a sus rivales políticos, en alusión a las diligencias que la Fiscalía había abierto contra la magistrada al comienzo de la campaña electoral de las generales celebradas el 20 de diciembre.
Tras el archivo de la denuncia de la Fiscalía, Soria retiró su querella para presentar una nueva ante el Tribunal Supremo (en ese momento Rosell era aforada) en febrero por otros delitos. Para que el alto tribunal español admitiera a trámite esta querella resultó clave un informe redactado por el juez Salvador Alba a partir de la declaración que pactó con el empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a Rosell.
La jueza acabaría renunciando a presentarse a las elecciones del 26 de junio de 2016 en cumplimiento del código ético de Podemos y para defenderse en los tribunales de lo que consideraba una “trampa política” de José Manuel Soria.