El ex secretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo-Sotelo ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que en relación con las subvenciones y ayudas millonarias adjudicadas desde el Ministerio de Industria al Grupo Zed siempre actuó conforme a los informes de los servicios técnicos.
Calvo-Sotelo, quien ha comparecido ante el magistrado en calidad de investigado durante aproximadamente una hora y cuarto, ha respondido a las preguntas del fiscal anticorrupción José Grinda sobre supuestas adjudicaciones fraudulentas entre 2012 y 2016 al grupo del que era consejero delegado Javier Pérez-Dolset.
Según fuentes jurídicas, el ex secretario de Estado de Telecomunicaciones en la época en la que era ministro el popular José Manuel Soria ha sido preguntado por dos secuencias de correos electrónicos. La primera de ellas, de 27 de agosto de 2012, en la que la entonces directora de gabinete del ministro de Industria se dirige a Calvo-Sotelo para pedirle que, dado que Soria se iba a reunir con el Grupo Zed, le facilitara información sobre determinados expedientes relacionados con el estado de ayudas o subvenciones públicas.
Calvo-Sotelo ha asegurado a preguntas de su letrado que remitió el archivo con dichos expedientes y que se desentendió del asunto, aunque ha añadido que participó en las adjudicaciones siempre “conforme a los informes técnicos”.
Un correo desde una cuenta de gmail un viernes por la noche
La segunda secuencia de correos electrónicos es del 27 de octubre de 2014, un viernes por la noche, y arranca con un mail del propio ministro Soria desde una cuenta de correo personal y ajena a la que le proporcionan desde el ministerio.
Soria le señala que le ha llegado un documento con una propuesta provisional del Grupo Zed en la que se dice que el proyecto denominado Ariadna “ha sido negativo”, es decir que era desfavorable para recibir ayudas. Tras esto, Calvo-Sotelo le traslada la preocupación del ministro al director de su gabinete Juan Corro y ambos deciden hablar con quien fuera subdirector general de Fomento de la Sociedad de la Información y vocal asesor de la Secretaría de Estado Antonio Alcolea.
Alcolea les confirma que efectivamente se ha producido una inspección al Grupo Zed para analizar y hacer seguimiento de las subvenciones y que el resultado ha sido desfavorable. Esta inspección de 2014 se enmarca dentro de una nueva política de seguimiento de las ayudas más pormenorizado con un seguimiento in situ por medio de empresas contratadas a tal efecto. El seguimiento se habría intensificado por exigencia de la Unión Europea, que pide que no se hagan solo muestreos sino que se vaya presencialmente a la empresa que recibe ayudas.
En esa comunicación vía mail, Calvo-Sotelo traslada a Soria el resultado de su indagación y que el asunto era “imposible rescatarlo” por lo que recomendaba que en el futuro desde Zed se debería presentar “un proyecto más serio”. Se da la circunstancia de que el que fuera secretario de Estado ha reconocido a preguntas del fiscal que el ministro Soria no preguntó por ninguna otra empresa que concurriera a subvenciones.
Este miércoles no ha comparecido finalmente por videoconferencia la que fuera subdirectora General de Fomento de la Sociedad de la Información María Ángeles Barragán por problemas técnicos.
Pero quien sí lo ha hecho en calidad de testigo ha sido José Ángel Alonso, quien trabajó tanto para Barragán como para Antonio Alcolea. En su breve comparecencia ha indicado que los criterios para otorgar ayudas se fueron haciendo poco a poco más restrictivos, y que él que envió un correo electrónico a Barragán en el que le transmitía el estado de expedientes relativos a Zed. Si bien algunos de estos eran desfavorables, finalmente acabaron siendo favorables excepto uno que quedó pendiente de valorar.
“Subvenciones fraudulentas”
Tal y como figura en el auto de imputación, Anticorrupción entiende que “pudo haber manipulaciones económicas realizadas por el investigado Pérez-Dolset y su círculo familiar para la obtención de subvenciones por parte del Ministerio de Industria de forma fraudulenta, manipulando los requisitos necesarios para su obtención”.
“Pudo haber una suerte de connivencia por parte de algunos responsables de la Administración con facultad de resolver sobre la concesión de estas subvenciones, que pudieron haber acordado otorgarlas a pesar de su carácter aparentemente fraudulento”, explica el fiscal, que advierte de que Pérez-Dolset “se podría haber valido de un sistema de influencias encaminadas a remover los obstáculos que las administraciones pudieran poner a la concesión de las ayudas”.
La operación Hanta, en la que resultó detenido Pérez-Dolset, tuvo lugar a finales de junio de 2017 por la presunta comisión de delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias por valerse de más de una decena de sociedades para captar entre 2011 y 2016 un total 69.369.876 euros de fondos públicos.
Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el exCEO de Zed se habría embolsado parte de ese dinero a espaldas de los pequeños accionistas de la compañía, que habrían así resultado perjudicados, por contratos sin contenido alguno.