Uno, Luis, pasó de puntillas por el juicio. A tenor de su declaración como testigo, nunca supo nada de lo que se cocía en su propia consejería ni de lo que tramaba un estrecho colaborador, Celso Perdomo, el principal acusado. Sobre el otro, José Manuel, no se recuerda ni una sola mención en la vista oral, a pesar de que su sombra ha planeado sobre el denominado caso Eólico de Canarias desde prácticamente su inicio. El primer denunciante no alberga, sin embargo, ninguna duda. Para Francisco Cabrera, los hermanos Soria fueron protagonistas de la que considera la gran trama del concurso eólico de 2004, la original, la que no ha llegado a juicio, el “chiringuito” que, en sus propias palabras, montaron el abogado madrileño Alfredo Briganty y el empresario José Ignacio Esquivel para tratar de quedarse con suelo público en el puerto de Arinaga (Gran Canaria) y explotar allí su parque.
Cabrera estaba llamado a declarar como testigo en el juicio el pasado viernes, pero la abogada de el ex director general de Industria Celso Perdomo, que lo había propuesto, renunció finalmente a su testimonio. En el momento de los hechos, Cabrera era gerente de Megaturbinas de Arinaga, una empresa pública participada por el Cabildo de Gran Canaria que presidía José Manuel Soria, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), vinculado a la Consejería de Industria que regía su hermano Luis, y la Autoridad Portuaria de Las Palmas que dirigía José Manuel Arnáiz, hombre de confianza del entonces líder del PP en las Islas.
En los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, Cabrera insiste en que los Soria estaban detrás del “chiringuito de Briganty y los Esquivel”, la empresa Promotora de Recursos Eólicos, constituida “sólo seis meses antes del concurso” (en abril de 2004) con apenas 3.000 euros de capital social. “Querían información privilegiada” para hacerse con la concesión de suelo público portuario en Arinaga, en la misma parcela en la que había pedido autorización la empresa pública, en el mejor campo de viento de Europa.
Al conocer los movimientos de esta empresa, Cabrera acudió a José Manuel Soria, a quien entonces unía una cordial relación. “Yo le advertí de que se querían quedar con la parcela y el proyecto de Megaturbinas y él me dijo que eso no podía ser”, recuerda el ingeniero, que en ese momento creía que era Larry Álvarez (PP), amigo de Briganty y entonces vicepresidente tercero del Cabildo, quien estaba auspiciando la operación. Esa conversación tuvo lugar el 20 de octubre de 2004. Días después, el Consejo de Administración de Megaturbinas rechazó la propuesta de su gerente para participar en el concurso eólico. Y ello a pesar de que el objeto social de esa sociedad, que el propio Cabrera redactó, era “la explotación de recursos eólicos, en particular en la bahía de Arinaga”.
Con los datos que había obtenido del Registro Mercantil, la renuncia del consejo de la empresa pública a concurrir al concurso de asignación de potencia eólica y conocedor de las pretensiones de la sociedad de Briganty y Esquivel y de sus negociaciones de Arnáiz, con el beneplácito del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el que se sentaban los hermanos Soria, para cederle terrenos en el Puerto de Arinaga, Cabrera presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid (en aquel momento no había aún una unidad especializada en Las Palmas). La reacción del Cabildo fue inmediata. Cabrera fue despedido de forma fulminante de su cargo en Megaturbinas (de confianza) y de su puesto como técnico en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC).
Esa primera denuncia del caso Eólico sería archivada por la Fiscalía de Las Palmas, adonde la había derivado Anticorrupción. El despido, por su parte, fue declarado nulo. Una sentencia de la magistrada del Juzgado de lo Social 5 de Las Palmas de Gran Canaria concluyó que el Cabildo había cesado a Cabrera como represalia por haber denunciado esa supuesta operación para beneficiar a la empresa privada en detrimento de la pública.
“La intención primera de Promociones de Recursos Eólicos (la empresa de Esquivel y Briganty) no era sobornar a Celso Perdomo, sino quedarse con el negocio de Megaturbinas de Arinaga”, explica Cabrera, que con posterioridad a la presentación de la denuncia en Anticorrupción (dirigida contra los empresarios y el presidente de la Autoridad Portuaria), conectó estos hechos directamente con los hermanos Soria a través del denominado caso Chalet, que implicaba a José Manuel, y el viaje de Luis a la ciudad alemana de Magdeburgo para conocer la fábrica de turbinas Enercom.
Caso Chalet y el viaje a Magdeburgo
Para Francisco Cabrera, el caso Eólico no se puede entender sin conocer el dato de que, mientras se tramitaba el concurso, la familia de José Manuel Soria estuvo viviendo gratis durante 19 meses (entre junio de 2004 y diciembre de 2005, ambos inclusive) en un chalet propiedad de una empresa de Javier Esquivel, hermano de José Ignacio, uno de los acusados que ha reconocido los hechos en el juicio. Así quedó acreditado en las cuentas de 2005 de la mencionada sociedad, donde tan sólo aparece un apunte contable de 30.400 euros que corresponde al arrendamiento de esos meses y que asumió el propio casero.
Cuando Canarias Ahora publicó esta información, Soria se querelló contra dos periodistas por injurias y calumnias. Durante ese procedimiento judicial, el exministro presentó unos recibos manuscritos, sin membrete ni cuño, con errores de fecha y prácticamente idénticos, con la misma tinta y el aspecto de haber sido elaborados de una sola tacada. Para el juez estos recibos merecieron el calificativo de “pintorescos” e impropios de “lo que es habitual en el tráfico jurídico arrendaticio”.
Los periodistas fueron finalmente absueltos y Soria, condenado a pagar las costas procesales, aunque luego la Audiencia Provincial de Las Palmas se las perdonaría.
Otro hecho que, a juicio del primer denunciante del caso Eólico, demuestra la connivencia entre los Soria y los Esquivel es el conocido viaje a Magdeburgo en noviembre de 2004, el mismo mes en el que, en contra del criterio de su gerente, Megaturbinas de Arinaga renunciaba a presentarse al concurso eólico. Ese viaje fue organizado por la empresa SPA, de la que José Ignacio Esquivel era accionista y Alfredo Briganty, secretario del Consejo de Administración. A la capital federal del estado Sajonia-Anhalt acudieron, además de los hermanos Esquivel, técnicos del ITC y el propio consejero, Luis Soria, que años después defendió que su presencia en la sede de la compañía Enercon, la misma que fabricaba el tipo de turbinas que más se puntuaba en el concurso, junto a un empresario que aspiraba a ser adjudicatario de potencia eólica, fue fruto de “una casualidad”. Lo cierto es que no fue la única. También pernoctaron en el mismo hotel y cenaron juntos.
Francisco Cabrera añade un dato más para completar la composición. “Sólo Celso (Perdomo) y Luis (Soria) sabían que las bases del concurso daban una puntuación muy superior a los parques situados en suelo público, como los del Puerto de Arinaga”.
El denunciante del caso Eólico pretendía explicar todos estos entresijos de la trama en la sesión del pasado viernes, pero la renuncia de la abogada del principal encartado se lo impidió. En cualquier caso, no habría sido la primera vez que cuenta la operación. Ya lo hizo ante el juez que instruyó la querella de Soria contra dos periodistas de Canarias Ahora por el caso Chalet y también en la polémica comisión de investigación en el Parlamento regional, donde relató que su denuncia evitó “un pelotazo” que cuantificó en 7,2 millones de euros. Sus revelaciones en esta comisión le costaron una denuncia de José Manuel Soria por injurias y calumnias. Cabrera fue absuelto en 2010 y el entonces vicepresidente del Gobierno de Canarias, condenado a pagar las costas. “La sentencia decía que yo hubiera cometido un delito de injurias y calumnias si no hubiera estado documentado. Pero lo estaba”, concluye.