Noventa y nueve días después de que el Tribunal Supremo convirtiera en firme la sentencia que condenó al juez Salvador Alba Mesa a seis años y medio de prisión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha procedido a su expulsión. Lo ha acordado este jueves su Comisión Permanente tras un expediente que comenzó a tramitarse el 13 de enero pasado y al que el juez corrupto ni siquiera ha presentado alegaciones. El Ministerio Fiscal y la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que lo condenó en primera instancia en septiembre de 2019, dijeron a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que la expulsión debió ser automática en aplicación del artículo 379 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que lo prevé para jueces y magistrados condenados en firme por delitos dolosos.
La sentencia, firme desde el que fue notificada a las partes el 25 de noviembre de 2021, lo deja meridianamente claro, no obstante: se condena a Salvador Alba a la pena de “pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo”.
Salvador Alba Mesa fue condenado a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, así como a una multa de 12.150 euros, por haber conspirado desde su puesto de magistrado contra la también magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, a la que habrá de indemnizar con 60.000 euros.
Durante estos meses ha desplegado una batería de escritos, recursos y argucias jurídicas para esquivar tanto la pena de cárcel como las de carácter económico.
Alba continúa en estos momentos en libertad tras haber sorteado ya dos plazos de diez días otorgados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para ingresar voluntariamente en prisión. Su última prórroga la consiguió alegando que padece una repentina enfermedad -que en realidad le fue detectada el 25 de noviembre, según sus propios certificados-, enfermedad que le impediría viajar en avión, y por lo tanto, desplazarse por vía aérea a una de las cinco cárceles españolas -todas en la Península- capacitadas para acoger en módulos especiales a personal policial, funcionarios de prisiones o de la justicia. Por último, ha alegado ante el TSJC que tiene que ser tratado con unos medicamentos que no podrían administrárseles en prisión, lo que ha motivado una nueva petición judicial al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para que examine el historial médico o al propio paciente para verificar que lo que alega le impida cumplir su condena privativa de libertad.
En el terreno económico, ha pedido al tribunal que le rebaje de 15 a 2 euros diarios la multa de 27 meses a la que fue condenado, justo el mínimo previsto en la ley, pensado para personas en la indigencia. Además, ha pedido que los 1.620 euros resultantes los pueda pagar a plazos. El tribunal se ha visto obligado a ordenar una investigación patrimonial del condenado para verificar que la situación económica que alega le imposibilita a pagar esa multa de 12.150 euros. La indemnización a su víctima, Victoria Rosell, tuvo que ser satisfecha por la aseguradora Allianz, que lo afianzó en la fase de instrucción con los 85.000 euros que fijó como responsabilidad civil la magistrada instructora, Margarita Varona.
A partir de que el CGPJ notifique la expulsión de Salvador Alba al servicio de Habilitación del Ministerio de Justicia en un plazo ignoto, el condenado dejará de percibir el sueldo de 1.850 euros mensuales que ha venido cobrando desde que fue suspendido provisionalmente en julio de 2018. En aplicación de las normas que rigen para estos casos, debería devolver todo lo cobrado, pero ya será el Ministerio de Hacienda el que lo reclame. También dejará de formar parte de la Mutualidad General Judicial (Mugeju), con lo que la cobertura sanitaria a la que tendrá derecho será la del régimen general de la Seguridad Social por la vía de su condición de recluso
El Poder Judicial, conocedor de las capacidades de Salvador Alba para esconderse, ha delegado en el TSJ de Canarias el cometido de notificarle su expulsión.