La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado en su sesión de este jueves iniciar el expediente de expulsión de la carrera judicial de Salvador Alba Mesa, el magistrado que fue condenado a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por maquinar contra la jueza en excedencia Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, para perjudicar su carrera política y profesional.
El órgano de gobierno de los jueces ha comunicado la decisión este jueves, casi dos meses después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, en septiembre de 2019, condenó a Alba por la comisión de los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público durante los meses en los que sustituyó a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
La resolución judicial firme conlleva la pérdida definitiva del cargo y de los honores que le hubieran sido concedidos durante el ejercicio de la práctica profesional, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo. Además, debe indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños morales ocasionados y pagar una multa de 12.150 euros.
El artículo 379.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la condición de jueces o magistrados se perderá, entre otras causas, “por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso”, por lo que la Comisión Permanente ha considerado procedente iniciar el expediente de pérdida de la condición de magistrado de Alba, que fue apartado provisionalmente de sus funciones el 19 de julio de 2018 después de que el TSJC decretara la apertura del juicio oral. Ese acuerdo dejó en suspenso la resolución del expediente disciplinario que se había tramitado en el CGPJ y que ya contaba con una propuesta de resolución firmada por el instructor: la expulsión de Alba de la carrera judicial por una falta muy grave de “desatención en el ejercicio de sus funciones”.
La causa se inició con una grabación en la que se escucha cómo Alba trata de obtener de su interlocutor, un empresario al que investigaba por fraude fiscal, documentación comprometida contra la magistrada a la que sustituía en el Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria para alimentar así una querella que contra ella había presentado el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a la sazón presidente del Partido Popular (PP) en Canarias y rival de Rosell en las elecciones generales de 2015, a las que la jueza en excedencia se había presentado como independiente en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas. A cambio de esa información, Alba se comprometía a archivar la causa contra el investigado, Miguel Ángel Ramírez, en aquel momento presidente de Seguridad Integral Canaria.
Una vez celebrado el juicio y dictada la sentencia condenatoria del TSJC, su ratificación por el Tribunal Supremo y solventada la solicitud de complemento y subsanación presentada por la defensa de Alba, el Poder Judicial inicia ahora un nuevo expediente para la pérdida de condición de magistrado del condenado, que tenía su plaza en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El CGPJ dará traslado de este acuerdo al Ministerio Fiscal y a la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que emitan un informe. También Alba podrá presentar alegaciones, según dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Durante el periodo en que el juez condenado ha estado apartado temporalmente de funciones ha cobrado una retribución básica (sin complementos) que ascendía a 1.800 euros mensuales. Con la condena firme, deberá devolver las cantidades percibidas.
La decisión del CGPJ llega un día después de que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias concediera un plazo de diez días a Alba para ingresar en prisión en ejecución de la sentencia que lo condena.