Dos jueces en Canarias abren una grieta en el rechazo a los saharauis en los aeropuertos nacionales

Dos juzgados de Las Palmas de Gran Canaria han abierto una grieta al esquema legal por el que muchos saharauis son rechazados en la misma frontera cuando tratan de entrar en España por un aeropuerto, al ordenar que se les permita estar en el país mientras tramitan el estatuto de apátridas.

Brahim y Mohamed (nombres supuestos) se han enfrentado en el Aeropuerto de Gran Canaria a ese limbo jurídico que retrató en 2004 Steven Spielberg en la película La terminal: el del viajero que se queda varado durante semanas en la sala de rechazados de un aeropuerto, literalmente en tierra de nadie, porque las autoridades del estado al que llegaron (España) no reconoce como tal al país que emite sus documentos (la República Árabe Saharaui Democrática).

Criados en el exilio, en Argelia, estos dos jóvenes de 25 y 27 habían decidido que no podían seguir soportando las condiciones cada vez más precarias de los campamentos de refugiados de Tinduf y que preferían emigrar a España, donde habían pasado varios veranos de niños, con el programa Vacaciones en Paz, y donde tienen familia, relata a Efe su letrada, la abogada canaria Loueila Mint El Mamy.

Al desembarcar en Gran Canaria del vuelo de Mauritania Airlines que los traía desde Nuakchot, los dos se encontraron con que se les denegaba la entrada a España, se rechazaban sus solicitudes de refugio (en sus tres modalidades: asilo, protección subsidiaria y por razones humanitarias) y se ponía en marcha la cuenta atrás para subirlos a la fuerza en un vuelo de regreso al punto de partida.

Los dos permanecieron dos semanas bloqueados en la sala de rechazados del Aeropuerto de Gran Canaria, Brahim del 8 al 24 de mayo y Mohamed del 31 mayo al 14 de junio, hasta que su abogada, saharaui como ellos, activó la última opción: advertir formalmente a la Oficina de Asilo y Refugio de que sus clientes son apátridas a los ojos de la ley, puesto que España no reconoce a la RASD.

“Latebjlili chi”, le dijo el padre del primero de ellos a Mint El Mammy, que se sintió abrumada por unas palabras que un saharaui solo pronuncia cuando sabe que no tiene nada más que perder, porque ya lo ha perdido todo: “No dejes de hacer todo lo que puedas por mí”.

“A mí, que por mí misma ya me meto presión... imagínate”. Esta abogada saharaui comparte pasado con los dos chicos a los que asistía: nació en los campamentos de refugiados, también pasó por el programa Vacaciones en Paz y sabe lo que es batallar con el muro jurídico contra el que chocan los saharauis en España.

Hasta hace unos meses, España le negó la nacionalidad pese a llevar viviendo en Canarias 23 de sus 31 años (desde que tenía 8) y ejercer como letrada en los tribunales españoles desde que se licenció, con el argumento de que no había acreditado estar integrada en la sociedad española. Esa batalla la ganó el 13 de enero, pero aún sigue pleiteando por la situación de sus hermanos.

Una apelación en el último segundo

En el caso de uno de los chicos del aeropuerto, tuvo que apelar al juez de guardia en Telde, la ciudad más cercana, porque estaba ya en la cola de embarque del vuelo a Mauritania con la Policía. Con esa prórroga en el último segundo, consiguió que un Juzgado de lo Contencioso Administrativo dictara, como medida cautelar, autorizar su entrada en España y suspender “cualquier actuación material que disponga el retorno del recurrente”.

La tesis de ese juzgado, al que luego se sumó otro, resulta novedosa, por lo que conoce Mint El Mammy: no se puede devolver sin más a quien solicita el estatuto de apatridia, porque si la petición se resolviera después a su favor, el daño no tendría remedio.

En realidad, estos dos juzgados dan un paso más en el camino que estableció el Tribunal Supremo el 23 de julio de 2020, también con un saharaui: la Oficina de Asilo está obligada a abrir de oficio un expediente de apatridia cuando tenga conocimiento de que una persona puede sufrir esa situación, protegida por convenios internacionales, aunque no haya traspasado la frontera y aún no esté en España. En aquel caso, lo sabía porque lo reflejó ACNUR en su informe sobre la solicitud de asilo formulada por el demandante en el aeropuerto.

Lo mismo pasó con Brahim y Mohamed. Los autos que les amparan por ahora no les garantizan que el Ministerio del Interior, en primera instancia, y la Audiencia Nacional, si tienen que apelar, les reconozcan como apátridas, pero mientras tanto son libres de moverse con España y ya están con sus familiares en Madrid y Canarias.