El juez Alba pide que el Estado pague la indemnización por sus tres delitos

El juez Salvador Alba, suspendido en sus funciones pero pendiente de expulsión de la carrera judicial, ha pedido a través del Tribunal Supremo que el Estado español asuma y por lo tanto pague los 60.000 euros de indemnización a los que ha sido condenado por tres delitos: prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Los cometió, según sentencia firme del pasado 25 de noviembre, cuando conspiró para perjudicar la carrera profesional y política de la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Alba ha presentado ante el alto tribunal un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones frente a la sentencia que confirmó la que en 2019 dictó el TSJ de Canarias por considerar que han sido vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, así como los que protegen “la independencia y exclusividad” de los jueces y magistrados.

Para exigir que sea el Estado el que asuma las consecuencias de sus delitos, Alba remite al Supremo al artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “los daños y perjuicios causados por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aquéllos”. Considera Alba que el Estado debió haber sido parte en el procedimiento como responsable civil y, llegado el caso de una condena, como así ha sido, pagar la indemnización y luego reclamársela al condenado.

En un auto por el que se iniciaba la ejecución de sentencia, el pasado 12 de enero el TSJ de Canarias ordenaba a la aseguradora Allianz, con quien el juez tenía contratada una póliza de responsabilidad civil, que ingresara en una cuenta judicial 85.000 euros, la cantidad que afianzó en su día para hacer frente a una eventual condena, que en este caso ha sido de 60.000 euros. Allianz se ha dirigido al tribunal para pedirle que antes de exigirle a ella cumplir con su aval, reclame esa cantidad al condenado.

En el escrito de 16 páginas con el que Alba pide que se paralice la ejecución de su sentencia y, por lo tanto, su ingreso en prisión y el pago de la multa y la indemnización, el juez condenado acusa al Tribunal Supremo de haberle vulnerado “el ius in officium y el ius ad officium” consagrados en la Constitución Española. Se trata, según explica en su escrito el condenado, del derecho que tendría como magistrado en ejercicio a ejercer con independencia y exclusividad su labor como magistrado. A tal fin invoca el artículo 117 de la Constitución, que dice que los jueces y magistrados han de ser “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”, al tiempo que establece que no podrán “ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con garantías previstas en la ley”. Alba ha sido condenado en firme, entre otras penas, a la de inhabilitación como juez los próximos 18 años.

Alba vuelve a insistir ante el Supremo en que su Sala Segunda no tuvo en cuenta muchas de sus alegaciones cuando recurrió en casación la sentencia del TSJ de Canarias que lo condenó en septiembre de 2019. En total, Alba ha presentado tres escritos después de la condena con el fin de preparar su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según afirman sus abogados en este último recurso en el que solicitan la nulidad de todo el procedimiento. Primero pidió una aclaración de la sentencia que el Supremo rechazó por considerarla que no había lugar a hacerlo; luego interpuso un recurso de reposición contra una diligencia de ordenación, y ahora un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones. 

Mientras, sigue corriendo el plazo de diez días dado el pasado 12 de enero por la sala del TSJ de Canarias que se encarga de la ejecución de su condena para que ingrese voluntariamente en prisión. De no paralizarse esa ejecución, como él pide, y agotarse el plazo, se dictará contra él una orden de busca y captura para que sea conducido a la cárcel por la fuerza pública. 

Salvador Alba Mesa está condenado ya en firme a seis años y medio de prisión, 18 de inhabilitación, una multa de 12.150 euros y una indemnización a Victoria Rosell de 60.000 euros por la comisión de tres delitos: prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental. La sentencia da por probado que el juez conspiró para acabar con la carrera profesional y política de la también magistrada y beneficiar de ese modo al entonces ministro de Industria José Manuel Soria, del PP, que competía con ella electoralmente.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso en marcha el pasado jueves el expediente para expulsarlo de la carrera.