El juez corrupto Salvador Alba Mesa, condenado a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental, ingresará en prisión luciendo la Cruz de la Orden de la Guardia Civil con distintivo blanco. Se la concedió en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy y el actual no puede quitársela por no existir procedimiento para hacerlo en la orden que regula la concesión de este tipo de distinciones, según han confirmado fuentes del instituto armado.
La Cruz de la Orden de la Guardia Civil con distintivo blanco se concede a personas que hayan destacado por “ejecutar, dirigir o colaborar directamente en el éxito de un servicio en el que por su extraordinaria dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas”; por “sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, de forma que constituya una conducta ejemplar digna que se resalte como mérito extraordinario”, o “realizar estudios profesionales o científicos, u otros hechos o trabajos sobresalientes, que supongan notable prestigio para el Cuerpo, o utilidad para el servicio oficialmente reconocido”.
Los motivos concretos para la concesión a Alba no son públicos porque solo se publican en el boletín oficial de la Guardia Civil, al que solo tienen acceso los números de ese cuerpo.
Salvador Alba Mesa fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2019, es decir, cinco años después de recibir esa distinción de la Guardia Civil, por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, actualmente delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y por entonces (2015) candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, la misma por la que concurría un miembro del Gobierno que concedió la distinción al juez corrupto, el ministro de Industria José Manuel Soria López. Soria aparece mencionado una decena de ocasiones en la sentencia por ser el beneficiario político directo del fruto de la conspiración que urdió y ejecutó Alba.
En noviembre de 2021, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo y en ella se incluye la inhabilitación especial del condenado por un periodo de 18 años “para el cargo público de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos”. Sin embargo, el honor concedido por la Guardia Civil por su desempeño como magistrado no se le puede retirar por no estar previsto que una persona distinguida pueda convertirse posteriormente en delincuente.
Hasta este mismo martes, Salvador Alba incluía en su perfil en la red social LinkedIn su condición de magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y, en el apartado de reconocimientos y premios, la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.
A día de hoy, 80 días después de que una sentencia del Tribunal Supremo convirtiera en firme su condena, Alba sigue siendo juez (aunque suspendido provisionalmente en sus funciones) y cobrando del Ministerio de Justicia porque el Consejo General del Poder Judicial no ha concluido el expediente de expulsión que reinició el pasado 13 de enero; sigue estando en libertad porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le concedió el pasado 1 de febrero un segundo plazo de diez días -que se cumple mañana miércoles- para ingresar voluntariamente en prisión, y sigue sin pagar ninguna de las cantidades a las que fue condenado. Su último escrito ha consistido en pedir a la justicia que le haga una rebaja a los 12.150 euros de multa que le fue impuesta. De la indemnización a su víctima, Victoria Rosell, se ha ocupado la aseguradora Allianz, su fiadora, que ahora tendrá que reclamarle a él.