Salvador Alba ha aportado al juzgado que instruye su denuncia contra el empresario Miguel Ángel Ramírez una grabación que recoge una conversación que el juez mantiene con su compañero de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Carlos Vielba en el despacho de este para hablar sobre las condiciones de un hipotético pacto con el presidente de Seguridad Integral Canaria para enterrar las hostilidades entre ambos.
Según se desprende de la declaración de este miércoles de Alba ante Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Carlos Vielba habría aceptado hace entre quince días y un mes reunirse con Ramírez y uno de los abogados de su grupo empresarial para cenar juntos. En este encuentro, Vielba se habría ofrecido para mediar y proponer un pacto que pusiera fin al enfrentamiento entre Alba y Ramírez, abierto después de que el empresario divulgase audios de la reunión que mantuvo en marzo con el juez para maquinar una declaración en contra de Victoria Rosell, entonces magistrada en excedencia y diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas.
Ese hipotético acuerdo entre Alba y Ramírez contemplaría la posibilidad de que el empresario se retractase en sus acusaciones contra el magistrado. Vielba le comentó el plan a su compañero al día siguiente. Aunque el juez investigado por el TSJC pareció aceptar en un principio la proposición sin más, diez minutos después acudió al despacho de Vielba para grabar con su teléfono móvil una conversación en la que se interesa por las condiciones de ese pacto para acabar con las acusaciones cruzadas. “Hay que reunirse en una piscina, en bañador”, le habría contestado Vielba para evitar que el encuentro pudiese ser grabado.
Salvador Alba ha ampliado la denuncia y ha añadido en la misma al propio Vielba; a María Montoro, alumna en un curso impartido por el juez y esposa de Larry Álvarez, director de Comunicación de la Unión Deportiva Las Palmas, y al periodista Pedro Guerra, este último por unos whatsapp intercambiados con el magistrado.
Aunque Alba manifestó en su comparecencia del 27 de junio ante Passaro que aportaría un registro de llamadas, mensajes y correos electrónicos que demostrarían que fue presionado y coaccionado para archivar la causa contra el empresario por fraude fiscal, en su declaración de este miércoles, que ha durado algo más de dos horas, ha alegado que borró estas pruebas y ha reducido a un único delito de fraude procesal su acusación contra Ramírez y el abogado Sergio Armario, dejando fuera el descubrimiento de secreto, la falsedad, las calumnias, las injurias y las coacciones.
El juez llegó puntual a su cita de este miércoles al Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, a las 10.00 horas, y lo abandonó sobre las 13.45 horas por la puerta trasera y sin hacer declaraciones. Estaba acompañado del abogado Pedro Ayala, que ha acudido a la comparecencia en lugar de Nicolás González Cuellar, el letrado contratado por el magistrado para representarle en esta causa y también el de José Manuel Soria en varios procedimientos en los que ha sido parte el exministro de Industria, Energía y Turismo, que, según se desprende de la grabación, estaba al tanto de la trama urdida para comprometer la carrera política de Rosell.
Fue precisamente la ausencia de González Cuellar (por la celebración de un juicio en Madrid) la que provocó la suspensión de la declaración de Alba el 27 de junio, una comparecencia en la que Alba se declaró víctima en proceso y denunció que no se le habían leído sus derechos como tal. Además defendió que su declaración en esta causa en calidad de testigo -bajo juramento y, por lo tanto, con la advertencia de ser castigado penalmente en caso de mentir- le podía perjudicar en el proceso que instruye la magistrada Margarita Varona en el TSJC por los presuntos delitos de prevaricación, coacciones y negociación prohibida a funcionario público en relación a la reunión que mantuvo con Ramírez cuando lo investigaba.
Vuelve a negar la autenticidad de la grabación
En su declaración de este miércoles, Alba ha vuelto a negar la autenticidad de la grabación descubierta por la Guardia Civil en la papelera del dispositivo que utilizó Miguel Ángel Ramírez para grabar la conversación del 16 de marzo en su despacho y ha insistido en que los audios están manipulados. Según el magistrado, en el informe de la Guardia Civil faltan fragmentos.
El juez también ha asegurado que fue Miguel Ángel Ramírez quien dirigió todo el operativo, que lo recibió en su despacho para recoger documentación para la causa que instruía, que nunca le prometió archivarla y que Ramírez aportó la grabación al juzgado para intentar amedrentarlo. Incluso llegó a insinuar que en esa reunión sospechó que estaba siendo grabado por el empresario. Alba también manifestó que ha estado recopilando documentos para enviar tanto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Rafael Passaro ha citado a declarar el próximo martes a Miguel Ángel Ramírez y a Sergio Armario.