“La jueza lo tiene claro ya”, se le escuchó decir a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), este lunes por la mañana a su salida de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, adonde había ido a declarar como investigada en una de las piezas separadas en las que se desglosó la ya archivada causa sobre la presunta trama de compra de votos.
La regidora había comparecido ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de la localidad sureña, María de los Ángeles Reyes, para esclarecer su participación en un proceso de mediación que, a juicio de la Guardia Civil, fue amañado para beneficiar al empresario al que el equipo de la policía judicial señalaba en sus informes como financiador de la campaña electoral de Ciuca en 2015.
Un día después, este martes, uno de los abogados de Bueno, Javier Velasco, ha solicitado al juzgado el archivo de la causa. También lo ha pedido la defensa de Luis Oller, el empresario investigado, a través de un extenso escrito de 38 páginas. Sostienen ambos letrados que, a la vista de la documentación y de las declaraciones de este lunes -todas de investigados y sin la presencia de la Fiscalía ni de la acusación popular-, no hay ningún indicio de los delitos que les imputa la Guardia Civil (prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias).
La jueza decidió este lunes celebrar esas declaraciones solo en presencia de los abogados de la defensa. Y ello a pesar de que persistían las razones por las que el pasado 7 de junio, la fecha prevista inicialmente, las había suspendido. En una providencia firmada ese mismo día, la magistrada justificaba el aplazamiento de esas comparecencias para el 20 de junio en el hecho de que aún no había sido resuelta la solicitud de personación de Isabel Santiago, concejala de Nueva Canarias en Mogán, como acción popular y en la “imposibilidad” del representante del Ministerio Fiscal de asistir a esas diligencias por “causas médicas”.
Este lunes tampoco acudió el fiscal y tampoco estaba solventada la personación de Santiago como acción popular. Aun así, y en contraposición al criterio adoptado el 7 de junio en similares circunstancias, la jueza decidió continuar adelante y practicar las declaraciones en presencia únicamente de los abogados de los investigados. Cuestionada por esa ausencia, la portavoz de la Fiscalía de Las Palmas ha contestado a este periódico que el Ministerio Público “no está obligado a asistir a las declaraciones” y “asiste a las que considera oportunas”.
El mismo día en que Onalia Bueno y el resto de investigados declaraban ante la jueza por ese presunto amaño para beneficiar a un empresario, se notificaba a las partes un auto dictado el pasado jueves por la jueza para aceptar a la portavoz de NC en Mogán como acción popular e imponerle una fianza de 6.000 euros para ejercerla. Santiago, que ya había actuado como acusación popular en la causa original sobre la compra de votos, había solicitado personarse en esta pieza separada a través de un escrito fechado el 17 de mayo, un mes antes.
Los abogados de la alcaldesa de Mogán, encabezados por José Antonio Choclán, uno de los letrados penalistas más prestigiosos de España, se había opuesto a la personación de Santiago como acusación popular y había solicitado que, en caso de que se admitiera, se le exigiese una fianza de 7.000 euros. En ese escrito, pedían al órgano judicial que valorase “si es pertinente” considerar que una concejala de la oposición del Ayuntamiento de Mogán tiene interés directo para intervenir en el procedimiento, “más allá del rédito electoral que pretende obtener (recordemos la proximidad de las elecciones y las motivaciones que pueden subyacer)”.
Cuando solicitó personarse en la causa original, la que investigó la presunta trama de compra de votos, a Isabel Santiago también se le impuso el pago de una fianza. Sin embargo, la concejala recurrió esa decisión a la Audiencia de Las Palmas, que acabó dándole la razón y dejando sin efecto ese requerimiento. Los magistrados de la Sección Segunda del órgano provincial, con Pilar Parejo como ponente, aludieron entonces a la jurisprudencia del Supremo, que sostiene que la fijación de una fianza constituye un requisito para admitir una querella cuando esta querella es la que da inicio al proceso penal, “pero cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso, la necesidad de tal requisito no parece razonable”.
Archivo del pucherazo y apertura de piezas separadas
El caso del presunto pucherazo fue archivado el pasado mes de marzo. El juez Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, decretó el sobreseimiento libre de la parte referida a las elecciones municipales de 2015, al entender, en sintonía con las tesis de las defensas y de la Fiscalía, que los hechos ya habían prescrito, y el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre los comicios de 2019, tras concluir que no había pruebas suficientes para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y enviar a los investigados a juicio.
Ya en aquel momento, el juez había abierto cuatro piezas separadas a raíz de otros tantos informes elaborados por la Guardia Civil tras la operación en la que detuvo a la alcaldesa y a otros miembros del gobierno de Mogán (los concejales Mencey Navarro y Tania del Pino Alonso) y registró las dependencias municipales, en septiembre de 2020.
Tras su reparto en el decanato de los juzgados del sur, dos de esas causas recayeron en Instrucción 1, entre ellas la pieza por la que Bueno declaró este lunes, la del presunto amaño para favorecer al empresario Luis Oller, propietario de Aguas de Arguineguín, una de las concesionarias del servicio de abastecimiento de agua en el municipio, y administrador de la promotora Cornisa del Suroeste.
El informe de la policía judicial que ha dado origen a esta pieza, de 64 páginas, concluye que los investigados simularon un proceso de mediación que benefició económicamente al empresario y perjudicó los intereses generales del municipio. La tesis de la Guardia Civil es que, con esa actuación, el gobierno liderado por Onalia Bueno pretendía devolver a Oller los servicios prestados a Ciuca durante la campaña electoral de 2015. Los investigadores sostenían que este empresario financió de forma ilegal al partido de la actual alcaldesa y que esos fondos se utilizaron para comprar votos a los vecinos del municipio del sur de Gran Canaria.
A cambio de ese apoyo en la campaña electoral, siempre según lo recogido en los informes de la Guardia Civil, Bueno se comprometía a no iniciar el trámite de municipalización del abastecimiento de agua potable que había acordado el pleno meses antes, durante la Alcaldía de Francisco González (PP), ya que ello podía perjudicar los intereses de Aguas de Arguineguín.
El proceso de mediación, objeto de la investigación de la policía judicial, se inició a propuesta de la alcaldesa y con el objetivo de resolver conflictos judiciales que el Ayuntamiento mantenía con las empresas de Oller de mandatos pasados. Cornisa del Suroeste reclamaba a la administración más de 800.000 euros de facturas de jardinería y limpieza viaria, mientras que una sentencia judicial firme obligaba a la misma promotora a pagar al Consistorio 1,35 millones de euros para subsanar unas obras deficientes en una urbanización.
En julio de 2020, cinco años después del inicio de esa mediación, el pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobaba el pago de cerca de 900.000 euros al empresario. La Guardia Civil remarcaba en su informe que, durante ese proceso, el gobierno municipal apartó a dos abogadas que habían puesto objeciones a un acuerdo que, según la policía judicial, se adoptó sin que se estudiaran ni depuraran las facturas reclamadas por el empresario, a pesar de que se habían manifestado discrepancias en fechas y cantidades, duplicidades e improcedencias de pago.
Tanto en su declaración como en el escrito de sus abogados pidiendo el archivo, la alcaldesa defiende que ese proceso de mediación estuvo en manos de los técnicos municipales y que el acuerdo fue homologado por un juzgado de lo contencioso-administrativo.
Bueno ha pedido, además, el sobreseimiento de la pieza referida a los sucesivos contratos formalizados por el Ayuntamiento de Mogán durante sus mandatos con su actual asesor Raico Guerra o con su empresa familiar, Arpiplan. La alcaldesa declaró en estas diligencias, las 1204/2022, el pasado 7 de junio, también sin fiscal y sin acusación popular.