Ya hay fecha para el juicio del caso Faycán, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio grancanario de Telde que implica a cerca de treinta imputados entre políticos, funcionarios del Ayuntamiento y empresarios. La vista oral comenzará el 9 de octubre de 2017 y se prolongará seis meses, hasta abril de 2018, en un total de 42 sesiones.
Según informa en su edición de este viernes el diario Canarias 7, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas notificó este jueves a las partes los señalamientos. El juicio se celebrará, por lo tanto, más de una década después de que se iniciara el procedimiento. En medio, en septiembre de 2014, el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, anunció que el juicio se retrasaría para no interferir en la campaña electoral de las municipales de 2015, en las que una de las principales procesadas, la exalcaldesa María del Carmen Castellano, se presentaba como candidata en las listas del PP al Ayuntamiento de Telde.
La Fiscalía pide para Castellano cinco años de cárcel y 14 de inhabilitación por los delitos de malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental. En la causa también están imputados, entre otros, el exalcalde Francisco Valido y el exinterventor de la Ciudad de los Faycanes Enrique Orts, para quienes el Ministerio Público solicita, respectivamente, seis y siete años de prisión.
La Fiscalía acusa a políticos, exconcejales y técnicos municipales de haber participado en “un sistema de obtención ilícito de fondos” prevaliéndose de sus cargos públicos, con la colaboración de varios empresarios que pagaban sobornos.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público subraya que ese entramado tenía como finalidad aparente “financiar al Partido Popular de Telde”, si bien eso “solo era un pretexto”, porque el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de una serie de acusados que dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.
La acusación sitúa en el centro de esa trama a la concejal de Contratación, María Antonia Torres (PP), que se suicidó durante la instrucción; a su esposo, el ex interventor municipal, Enrique Orts; al entonces alcalde, Francisco Agustín Valido (PP); y a su concejal de Hacienda, Carmelo Julián Oliva Betancourth.
Su sistema de conseguir fondos consistía en exigir comisiones ilícitas, que en algunos casos llegaban al 20% a las empresas que pretendían conseguir algún contrato con el Consistorio o que simplemente pedían cobrar sus deudas atrasadas.
En octubre se celebrarán cuatro sesiones (los días 9, 10, 23 y 24); en noviembre, seis (16, 17, 20, 21, 23 y 24); en diciembre, cuatro (11, 12, 14 y 15); en enero, ocho (15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 y 26); en febrero, seis (5, 6, 8, 9, 26 y 27); en marzo, diez (1, 2, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22 y 23), y en abril, cuatro (2, 3, 5 y 6).