Desde que en 2016 estalló el escándalo del exjuez corrupto Salvador Alba hasta que ingresó en prisión a finales de 2022, son decenas las piezas periodísticas publicadas en Canarias Ahora relatando no solo los hechos que lo llevaron a ser condenado a seis años y medio de prisión, sino también las escaramuzas que inventó para intentar eludir el ingreso en prisión una vez el Supremo convirtió en firme su condena. Pero Salvador Alba y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, se han centrado expresamente en doce piezas periodísticas para pedir 23 años de prisión y 422.500 euros de indemnización al periodista canario Carlos Sosa, al que una jueza de Madrid ha mandado a juicio.
Al menos eso es lo que se deduce del escrito de acusación que ha presentado la defensa de ambos querellantes, a cargo del exdirigente del PP canario Jorge Rodríguez, un histórico colaborador de José Manuel Soria durante los 21 años en los que el exministro de Rajoy transitó por la política.
A lo largo de ese escrito de acusación, los querellantes aseguran que el periodista, tanto como autor de algunas piezas como en su condición de director de Canarias Ahora, ha cometido tres delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos, un delito de odio y dos delitos de acoso.
Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que atribuyen Alba y Lorenzo a Carlos Sosa tienen que ver con las bajas por enfermedad que, siendo magistrado en ejercicio de la Audiencia Provincial de Las Palmas, presentó el exmagistrado para esquivar las notificaciones del Consejo General del Poder Judicial, que pretendía notificarle su suspensión provisional como juez al haberse abierto juicio oral contra él por conspirar delictivamente contra la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Alba y Lorenzo sostienen que Sosa y su periódico revelaron las dolencias del ahora presidiario por publicar que se valió de los servicios de un pediatra o de un médico investigado por manipular el historial médico de su mujer y que nada tenía que ver con el cuadro facultativo de la mutualidad a la que pertenecía como juez para conseguir sendas bajas médicas con las que evitar estar en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial tuvo que valerse de la Policía Nacional para notificarle su suspensión a la salida de un vuelo Gran Canaria-Madrid, a donde viajó para acudir a un concierto de Morat junto a su esposa y su hija, menor de edad. Esa estratagema le motivó a presentar una querella (fracasada) al letrado del CGPJ Javier Aguayo, actual presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Paralelamente, Alba interpuso un recurso contra esa suspensión, pero el Supremo desestimó sus pretensiones y lo condenó a 3.000 euros de costas.
La baja firmada por un médico luego condenado
A Alba y a su mujer parece haberles irritado especialmente la información que publicó este periódico en julio de 2018 en la que se relata que, estando de baja médica, otorgada por el médico que luego resultó condenado por falsificar la historia clínica de su mujer, se marcharon de vacaciones a las Maldivas en compañía de su hija, menor de edad. En su escrito de acusación sostienen que con esa noticia se transgredió su derecho a la intimidad al revelarse un momento íntimo y familiar en el que estaba presente una menor de edad.
La fotografía publicada por Canarias Ahora, en la que se ve a la familia Alba-Lorenzo disponiéndose a dar buena cuenta de una langosta en las Maldivas, fue hecha por un camarero utilizando el teléfono de Salvador Alba, según se asegura en el escrito de acusación, donde se insinúa que el periódico que dirige Carlos Sosa pudo haber accedido a ese terminal para extraer esa imagen.
Por supuesto, la cara de la menor de edad que aparece en la fotografía se publicó difuminada (pixelada), como se puede apreciar en la noticia.
Las bajas del juez Alba no solo provocaban el escándalo en el foro, donde era público y notorio que se escondía para no ser notificado por el Poder Judicial, sino que también tenían consecuencias en causas en las que participaba. Es lo que ocurrió con el caso Faycán, en el que sorprendentemente fue designado ponente, a pesar de tratarse de un asunto en el que estaba implicado el PP de José Manuel Soria, el político beneficiado por sus acciones contra Rosell. Sus bajas médicas retrasaron la sentencia, en la que pretendió sin éxito exonerar de toda responsabilidad a aquel partido.
Los dos querellantes atribuyen un delito de odio a Carlos Sosa en relación con las noticias que vinculan a ambos con el partido político Vox. Al menos dos informaciones así lo acreditan, además de algunas otras que Alba y Lorenzo no aportan seguramente por ser muy clarificadoras. Cargan especialmente contra la noticia en la que se asegura que, aún siendo magistrado en ejercicio, Salvador Alba Mesa participó en una cena restringida para directivos de Vox en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria con el presidente del partido de la ultraderecha, Santiago Abascal.
El líder de Vox había acudido a Gran Canaria para dar un mitin xenófobo en un hotel de la localidad de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), donde se concentra una numerosa comunidad de personas migrantes, fundamentalmente magrebí.
También es considerada por los querellantes como constitutiva de un delito de odio la información relativa a la pertenencia de la querellante Teresa Lorenzo a la directiva provincial de Vox en Las Palmas, a la que perteneció en compañía, entre otros, del amigo de la familia y abogado Eduardo López Mendoza.
Es precisamente la aparición estelar de este letrado en el juicio en el que resultó Alba condenado otra noticia que parece reprochable penalmente a los querellantes. Sobre todo porque en ella no solo se relaciona esa presencia en la sala de vistas del TSJ de Canarias, sino también la elección por parte del juez corrupto de un perito acústico, Jonathan Hellín, hijo del famoso asesino de la ultraderecha Emilio Hellín, considerado el ejecutor del asesinato de la militante de izquierdas Yolanda González.
Compartiendo restaurante con Soria
Los reproches penales del matrimonio Alba-Lorenzo contra Carlos Sosa se extienden a un artículo de opinión del periodista, el titulado “Soria y Alba, como si no se conocieran”, publicado en mayo de 2018 al ser descubiertos el juez acusado y el ministro dimisionario en el mismo restaurante en la playa de Salinetas, en Telde, Gran Canaria. Era el lugar, La Gabarra, propiedad de un hermano de la mujer de Soria, donde se les veía relacionarse con anterioridad a que el juez se convirtiera en un apestado y el lugar que éste escogió, una vez procesado, para debutar como cantante de canción protesta. En esta ocasión, el artículo de opinión relata cómo ambos estaban en distintas mesas, el exjuez con su hermano; el exministro, con su hermana y su cuñado.
La fotografía de Alba con su hermano Francisco, médico en un hospital de la zona turística del sur de Gran Canaria, fue utilizada por segunda vez por Canarias Ahora cuando se informó de que fue aportada por el que era entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, para reforzar su defensa ante una denuncia de Alba ante el Consejo General del Poder Judicial. Doreste aseguró que la mujer del exjuez fingió que éste había sufrido un infarto para conseguir que el presidente del TSJC atendiera su llamada (y así grabarle, sospechó Doreste) y contarle lo mal que lo estaba pasando su marido. Lo malo es que el supuesto infarto se producía al tiempo que Alba estaba con su hermano médico en la terraza La Gabarra.
La protección de la identidad y de todos los datos relativos a la hija que tiene el matrimonio Alba-Lorenzo se extiende también a una noticia relativa a un incidente que sufrió la menor en el colegio al que asiste. Una compañera de clase se dirigió a ella en el patio con esta expresión: “¿Qué?, ¿ya metieron a tu padre en la cárcel?”. La frase entre niñas, que por entonces no tenían más de once años, provocó una demanda de Alba y Lorenzo contra los padres de la menor, demanda que no condujo a nada porque tras las primeras diligencias y su publicación en Canarias Ahora, fue retirada por los demandantes.
Alba y Lorenzo sostienen que Canarias Ahora ha revelado el nombre del colegio donde ambas niñas estudian, lo que es completamente falso. Hasta el momento, las dos únicas publicaciones que sí lo han hecho han sido Confilegal, el boletín jurídico digital que dirige Carlos Belver, y el libro Injurias, del que es autor precisamente Salvador Alba Mesa.
El escrito de acusación de Alba y Lorenzo también cuenta con una incursión en unas diligencias previas ajenas a las que condujeron al exjuez corrupto a prisión. Se trata de las que él provocó en el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde recayó su denuncia contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por la grabación que hizo en su despacho y que, a la postre, supuso su imputación y su posterior condena. Alba se queja de que Canarias Ahora tuviera acceso a esas diligencias y que publicara un vídeo en el que se recoge su primera declaración como denunciante. En ella trata de imponer al juez instructor, Rafael Passaro, cómo debe actuar ante una víctima, condición que él reclamaba para sí.
A petición de Alba, el secretario de ese juzgado ordenó a Canarias Ahora y a otros medios que se retirara ese vídeo. Pero un recurso de este periódico desembocó en una resolución de la Audiencia Provincial permitiendo su restitución. Y aquí está el vídeo.
En el escrito de acusación se incluye también como punible una información en la que se relata la denuncia de un contratista que reclamaba al juez que le pagara las obras para hacerle una piscina en su casa. La noticia se reforzaba por el hecho de que el encargo al constructor se hiciera en medio del juicio que acabó con una condena al exmagistrado corrupto. Dice Alba que Canarias Ahora vulneró su derecho a la intimidad publicando unas fotografías de su piscina en obras en las que, como se puede apreciar, no se identifica ningún elemento que pueda delatar algún aspecto identificativo de su vivienda.
Ya condenado en firme por el Tribunal Supremo, Salvador Alba protagonizó varios episodios que no solo llamaron la atención de los medios informativos, sino también de personas que asistían asombradas a lo que estaban viendo. Por ejemplo, los vecinos y vecinas de la playa de Salinetas, en Telde, que veían cómo el condenado y su esposa hacían vida normal.
Fruto de esa reacción ciudadana fueron algunas noticias de Canarias Ahora que engrosan el escrito de acusación, como aquella de septiembre de 2022 en la que reclamaba desde la playa que estaba tan enfermo que no podría ingresar en prisión.
También posterior a su condena fue su petición de indulto al Gobierno y, en su tramitación, su declaración ante el Cuerpo Nacional de Policía, ante el que declaró que era abogado en ejercicio y que estaba escribiendo un libro, Injuria. En esa declaración dijo que trabajaba para el despacho del que es ahora su abogado en esta causa, Jorge Rordíguez, aunque nunca apareció registrado en el Colegio de Abogados de Las Palmas.
Por último, Salvador Alba considera delictivo que Canarias Ahora contara que él pidiera a un juez de familia que, tras ser expulsado de la carrera judicial, lo declarara insolvente para pagar menos por la pensión alimenticia al hijo que tuvo con su primera esposa, una abogada de Córdoba con la que rompió para casarse con la que era su secretaria judicial en un juzgado de Telde, la que hoy es su esposa y también querellante, Teresa Lorenzo Establier.