El juicio del caso Emalsa, que sentará en el banquillo a los socios privados de la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria por un presunto quebranto de 23 millones de euros, sigue sin fecha. El pasado mes de febrero se cumplieron diez años desde que la Fiscalía Provincial de Las Palmas abriera diligencias penales de investigación y tres desde que el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital, Luis Galván, dictara el auto de apertura de juicio oral contra los catorce acusados, para quien el Ministerio Público pide penas de hasta seis años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
La vista debe celebrarse en la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas en una fecha aún por determinar. Según las fuentes consultadas por este periódico, la Sala aún no se ha pronunciado sobre la admisión de las pruebas solicitadas por las partes personadas en este procedimiento, un trámite formal anterior al señalamiento. Las mismas fuentes apuntan como causa de este retraso la sobrecarga de los órganos judiciales de las Islas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó recientemente de que Canarias volvía a ser, por cuarto año consecutivo, la comunidad con la tasa de litigiosidad más alta de todo el Estado. A finales de 2022 quedaron en trámite de resolución 175.506 procedimientos, un 11,2% más que en 2021.
La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), correspondiente a 2021, recoge que las tres secciones de lo penal de la Audiencia de Las Palmas (la Primera, la Segunda y la Sexta) comenzaron el año con 884 asuntos en trámite, ingresaron 4.338, resolvieron 4.140 y cerraron diciembre con 1.184 pleitos pendientes de resolución, un 34% más que en el ejercicio precedente, el primer año de la pandemia, en el que se registró un descenso en la entrada de casos (en torno a 3.200 frente a una media de 3.700 en la última década). Las audiencias provinciales son órganos colegiados que resuelven los recursos de apelación frente a resoluciones de juzgados unipersonales. En el ámbito penal, juzgan las causas por los delitos más graves, los que acarrean mayores penas para los procesados.
En el caso Emalsa, la Fiscalía plantea dos penas alternativas. La primera, de seis años de cárcel y 18.000 euros de multa para doce de los catorce acusados por un delito continuado de apropiación indebida. La segunda, de cuatro años de prisión y 46 millones de euros por un delito continuado de administración desleal. Para las dos personas procesadas en calidad de cooperadores necesarios, solicita dos años y nueve meses de prisión. En concepto de responsabilidad civil, les reclama el pago (de manera solidaria entre todos los procesados) de los 23 millones de euros en los que cifra el daño patrimonial causado a la empresa.
Adjudicaciones a la filial de los socios privados
Los hechos que se enjuiciarán ocurrieron entre 2008 y 2012. En aquel momento, Emalsa, la empresa encargada de la gestión integral del agua en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, tenía como accionistas al Ayuntamiento de la capital (34%) y a dos socios privados, Saur y Valoriza- Sacyr, cada uno con un 33% de las participaciones.
La Fiscalía acusa a esos dos socios privados de valerse de su posición mayoritaria en Emalsa para adjudicar contratos a una filial, Sercanarias, “prescindiendo absolutamente de la normativa aplicable” y causando un perjuicio de 23 millones a la empresa de aguas. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento capitalino reducen el daño patrimonial a 11 millones.
La fiscal Evangelina Ríos señala en su escrito de acusación que hay “elementos comunes” en esas adjudicaciones. En algunas, no se publicaron los pliegos de especificaciones técnicas que hubieran permitido presentar ofertas a otras empresas interesadas en hacerse con el servicio. En otros casos, sí se publicaron, pero su contenido no coincidía con el objeto del contrato finalmente concertado con Sercanarias, de manera que “la comparación entre las ofertas de entidades diferentes” a la filial de los socios privados de Emalsa devenía “imposible”. Una circunstancia que, a juicio del Ministerio Público, adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Sercanarias “no presentaba ofertas al concurso” en los supuestos en que se usaba este procedimiento, de manera que la adjudicación a su favor se hacía “por referencia del precio” que presentaban las otras licitadoras conforme a lo estipulado en los pliegos.
Según ese escrito de acusación, los contratos entre Sercanarias y Emalsa carecían de “la necesaria concreción y detalle” sobre el alcance de los servicios a los que se comprometía la adjudicataria, por lo que resultaba “difícil” conocer sus obligaciones y, en consecuencia, que la empresa mixta de aguas pudiera exigir el “exacto cumplimiento” del contrato.
La Fiscalía apunta que la adjudicación que ocasionó el mayor quebranto a Emalsa fue el de saneamiento, el de mantenimiento de la red de alcantarillado, que ascendió a 11,1 millones de euros. Sercanarias fue adjudicataria de ese servicio en 2008. Se trataba de un contrato temporal, de dos años, y un importe de cerca de dos millones de euros, en el que Emalsa se comprometía a poner todos los medios, desde los vehículos hasta las oficinas. La filial de los socios privados sólo debía asumir el coste del personal subrogado de la anterior contratista, Urbaser. En el Consejo de Administración, los cuatro representantes del Ayuntamiento, entonces liderado por el socialista Jerónimo Saavedra, votaron en contra del acuerdo, incidiendo en la necesidad de sacarlo a concurso público. Sin embargo, la posición mayoritaria de Saur y Valoriza permitió adjudicarlo a la filial de forma directa.
A partir de ese momento se produjeron sucesivas modificaciones del contrato, que aumentó de los 1,9 millones de euros anuales pactados en un principio a los 2,8 millones. La adjudicación provisional se convirtió en definitiva. La Fiscalía señala en su escrito de acusación que la obligación de Sercanarias era mantener y sanear 700 kilómetros de alcantarillado al año, pero que solo ejecutó de promedio 130. Es decir, el nivel de inejecución ascendió al 90%.
En su escrito acusatorio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce que, en mayo de 2011, apenas unos días después de que el Partido Popular (PP) se hiciese con el gobierno municipal, un jurista adscrito a la Unidad Técnica de Aguas alertó en un informe de la ilegalidad de la adjudicación del contrato de saneamiento firmado en 2008 y que, a pesar de ello, la corporación “hizo caso omiso” a sus advertencias sobre los “incumplimientos” de Sercanarias. Los servicios jurídicos municipales cifran el perjuicio por este contrato en cuatro millones de euros. Los otros siete los reclama a uno de los socios, Valoriza-Sacyr, por las cantidades “cobradas y no justificadas” a través de un pacto de prestaciones especiales.
A diferencia de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solo acusa a once personas, para las que además solicita una pena inferior (cuatro años de cárcel). Se trata de directivos o técnicos de los socios privados de Emalsa (José Luis Rubio, Pablo Abril-Martorell, Jesús Blanco, Olivier Brousse, Gerard Thierry, Guy Founier, Rafael González, José Manuel Calderoso, Laura Rivero, Pierre Pans y Alfonso Díaz). Deja fuera al presidente de Satocan, Juan Miguel Sanjuan, y a otros dos acusados (José Luis Artiles y Pedro José Higuera) vinculado con esa empresa constructora, que es propietaria del edificio donde se ubica la sede de Emalsa.
La fiscal sostiene que el contrato de alquiler de ese inmueble, firmado en verano de 2008, ocasionó un perjuicio de dos millones de euros a Emalsa. El edificio es propiedad de Satocan, una potente constructora canaria que preside Sanjuan, que era, a su vez, miembro del Consejo de Administración de la empresa de aguas a través de uno de sus socios privados, Valoriza-Sacyr. Emalsa pasó de no pagar nada por la sede que ocupaba desde 1992 (la fecha en la que se gestó la semiprivatización de la entidad), situada en la plaza del Obelisco de la capital, a abonar 90.000 euros al mes por la ocupación de tres plantas, nueve trasteros y 40 plazas de garaje en el Centro Comercial de Las Ramblas, en la zona de Las Torres.
La duración del contrato era de treinta años y Satocan se garantizaba, al menos, veinte de renta. Una auditoría realizada por Auren reveló que por ese alquiler se pagó el doble de lo que correspondía según el valor de mercado del metro cuadrado en esa zona. El exceso de coste era tal que el precio se rebajó “sin aparente dificultad”, después de un procedimiento judicial, de los 90.000 a los 75.000 euros, recuerda la Fiscalía, que añade que se arrendó más espacio (tres plantas) del que se necesitaba (dos) y se realizaron obras por un coste elevado (un millón de euros) que, a su juicio, no respondían “a una efectiva y real necesidad”. El Ministerio Público cifra en dos millones de euros el perjuicio para Emalsa y el consecuente beneficio para Satocan, una empresa vinculada con uno de los socios privados de la compañía mixta.
En febrero de 2015, con Juan José Cardona (Partido Popular) como alcalde, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria renunció a ejercer acciones judiciales contra Satocan por el contrato de alquiler de ese edificio. En ese pacto, la constructora aceptaba a cambio una rebaja del precio de arrendamiento, de los 75.000 a 60.000 euros al mes. Hay que recordar que fue el propio Cardona quien puso en manos de la Fiscalía los artículos periodísticos que revelaban las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Esa denuncia fue ampliada por la entonces portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Beatriz Correas, y por la asociación El sol sale para todos, un colectivo que está personado como acción popular en este procedimiento y que preside Óscar Bermejo, que trabajó con Rafael Bolívar durante la intervención pública de la compañía en el mandato 2011-2015.
Testigos y pruebas
La Fiscalía ha solicitado la comparecencia en la vista oral de siete testigos, entre ellos el exalcalde Juan José Cardona o el interventor Rafael Bolívar, y de tres peritos. El listado de testificales propuestas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es mucho más amplio e incluye a 17 personas, entre las que se encuentran, además de los dos mencionados, los exalcaldes Jerónimo Saavedra (PSOE) y Josefa Luzardo (PP); el expresidente del Cabildo de Gran Canaria José Miguel Bravo de Laguna (ex del PP, ahora en Unidos por Gran Canaria) o los exconcejales Martín Muñoz García de la Borbolla (PP) y Néstor Hernández (PSOE). Todos ellos, a excepción de Bravo de Laguna (que era asesor jurídico de la entidad), como miembros en algún momento del Consejo de Administración de Emalsa.