El juicio más mediático del año en Canarias, el que sienta en el banquillo al magistrado Salvador Alba, ha arrancado este lunes con la declaración del encausado, que se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular y de las acciones populares. Al responder a las cuestiones formuladas por el fiscal Vicente Garrido y por su propio abogado, Nicolás González-Cuéllar, el juez, suspendido de funciones desde julio de 2018, se ha declarado víctima de un “chantaje” de Miguel Ángel Ramírez, el empresario que grabó la conversación que ambos mantuvieron en el despacho del primero en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas para maquinar la declaración que prestaría una semana después en sede judicial el entonces presidente de Seguridad Integral Canaria. La finalidad última de esta operación era, según las acusaciones, perjudicar a su compañera de profesión Victoria Rosell, que en aquel momento (marzo de 2016) era diputada de Podemos en el Congreso por la provincia de Las Palmas, y alimentar la querella que contra ella había presentado el entonces presidente del PP de Canarias y ministro de Industria, José Manuel Soria.
Alba ha incidido en la tesis de la manipulación de las grabaciones realizadas en ese encuentro del 16 de marzo de 2016. No solo en relación con los dos archivos entregados por Ramírez en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria dos meses después de aquel encuentro, sino también en el denominado REC004, fruto de un hallazgo casual durante la investigación de la Guardia Civil y del que se ha acreditado su integridad.
El magistrado procesado sostiene que esos audios son el resultado de un ejercicio de “corta y pega” de conversaciones que habrían tenido lugar en diferentes momentos. Alba ha defendido que a lo largo de la instrucción se le han atribuido frases que él nunca pronunció o, al menos, no en el contexto de esa conversación con Ramírez. Entre ellas ha aludido a la expresión “me lo cargo”, en referencia a la posibilidad de archivar la causa contra el empresario en caso de que resultasen acreditados los vínculos comerciales entre el presidente de Seguridad Integral Canaria y el periodista Carlos Sosa, pareja de la anterior instructora del procedimiento, Rosell. “Yo no digo me lo cargo, lo dice Ramírez”, enfatizó el juez.
Tampoco ha reconocido la autoría de la sentencia “y la fiscal se tendrá que joder”. Según Alba, esa frase ha sido extraída de una conversación con el abogado de SIC, Sergio Armario, y el propio Ramírez, el 23 de marzo de 2016, instantes después de que el empresario prestase declaración en sede judicial en los términos pactados en la reunión del 16 de marzo que da origen a la causa. Y no dice “la fiscal, sino ”el fiscal“, según ha declarado el juez, que ha sostenido que ese diálogo fue mucho más amplio que el que recoge la grabación y se habló de temas que no figuran en ella, como las referencias a la competencia (la empresa Prosegur) o, incluso, la afición de Alba por el judo. ”Se puso en pie y empezó a levantar las piernas“, dijo.
Como una de sus últimas balas para tratar de demostrar su inocencia y la manipulación de las grabaciones, la defensa de Alba ha recurrido a una carta del actual dueño de SIC, Héctor de Armas, enfrentado al anterior propietario de la compañía, el propio Ramírez, por una serie de acciones judiciales que empresas vinculadas a este último han presentado contra el primero, entre ellas una querella por estafa y delitos societarios. En esa misiva, De Armas relata que el objetivo de Ramírez con esa grabación era “presionar al juez para conseguir un determinado trato de favor” en el procedimiento que se seguía contra él por fraude fiscal en el juzgado de Rosell y que esos audios fueron editados, entregados a Carlos Sosa y transcritos en presencia de la jueza.
El tribunal ha rechazado la pretensión del procesado de anular todo el procedimiento sobre la base de una supuesta invasión de su derecho a la intimidad y a la privacidad en la obtención de esa prueba y tampoco ha admitido su solicitud para que prestasen declaración en calidad de testigos el periodista Juan Santana, director del programa al que acude con asiduidad Alba para comentar la causa en la que lleva tres años inmerso y otras cuestiones vinculadas al mundo judicial, y Teresa Lorenzo Establier, su mujer, letrada de la Administración de Justicia.
La reunión del 16 de marzo
Al inicio de su comparecencia, Alba ha relatado cómo organizó esa reunión del 16 de marzo. Lo hizo, según su versión, a instancias del abogado Sergio Armario, quien le habría trasladado, a raíz de una declaración judicial del director financiero de SIC, la existencia de varios contratos que vincularían a la pareja de Rosell con el empresario Ramírez. El procesado ha afirmado que ese día pensaba encontrar a Héctor de Armas, administrador de la empresa, y no a Ramírez, ya que era al primero a quien representaba Armario, con quien había contactado.
A lo largo de su declaración, que se ha extendido cerca de dos horas, Alba ha tratado de trasladar a la sala la idea de que en ningún momento tuvo la intención de orientar la declaración que prestaría Ramírez una semana después en sede judicial con presencia de todas las partes personadas en la causa por delito fiscal. “Todo lo contrario. Es él el que empieza a decirme me tienes que preguntar esto, lo otro… Yo, sinceramente, estaba pensando para mis adentros: le preguntaré lo que me da la gana. Creo que el interrogatorio del 23 de marzo mis preguntas no tienen nada que ver con lo que yo he escuchado de esa grabación. Hay otras que sí, pero no son mías”, ha manifestado el juez.
La declaración del 23 de marzo
Y es que Alba ha involucrado en la maniobra a la fiscal de la causa de Ramírez, Evangelina Ríos, la misma que incoó en diciembre de 2015, en plena campaña electoral, unas diligencias preprocesales contra Rosell por motivos disciplinarios, una investigación que fue anulada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por vulnerar derechos fundamentales de la jueza. En su declaración de este lunes, Alba ha manifestado que Ríos tuvo conocimiento de su reunión con el empresario el mismo día en que se produjo, el 16 de marzo, y que participó en el interrogatorio practicado al investigado una semana después formulando incluso más preguntas que él en relación con esas supuestas relaciones comerciales con Carlos Sosa que habían finalizado en 2009, cinco años antes de que la jueza abriera diligencias contra Ramírez y antes incluso de que fuera pareja del periodista.
Alba enumeró tres motivos por los que, a su juicio, la declaración de Ramírez del 23 de marzo tenía interés para la causa que instruía en ese momento, a pesar de que versó sobre un asunto totalmente ajeno al procedimiento, los contratos con empresas vinculadas a la pareja de la jueza. El encausado ha defendido que era necesario que la información que le había trasladado en ese encuentro la conociesen las partes. “Era trascendental. Porque la defensa estaba en su derecho si quería interponer una querella, pedir una nulidad (por supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza)... Me parecía de una gravedad supina”. Como segundo motivo ha aludido a la petición de la fiscal de la causa para que citase a declarar a Ramírez, porque en su anterior comparecencia “no había quedado claro que se ampliaba la imputación (por fraude fiscal) a los ejercicios 2010, 2011 y 2012”. Y en tercer lugar, porque, tras examinar la contabilidad de la empresa, se percató de que aparecían apuntes de Clan de Medios Comunicación y Marketing, la empresa editora de Canarias Ahora.
Los informes
A pesar de haber enviado varios informes al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo sobre las supuestas irregularidades que habría cometido Victoria Rosell durante la instrucción de la causa contra Ramírez, escritos plagados de falsedades, según las acusaciones, Alba ocultó su reunión con el empresario hasta el día después de abandonar el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que ejerció como sustituto del 3 de noviembre de 2015 al 3 de mayo de 2016. A preguntas del fiscal, el magistrado justificó esta ausencia en que no consideró “trascendente” su inclusión y no podía acreditarlo, una situación que cambió cuando supo que tenía que dejar el juzgado y que entraría en él la magistrada Carla Vallejo. En ese momento sí que le pareció relevante porque “habían sido mencionadas autoridades judiciales”.
El procesado ha defendido incluso que fue “prudente” con Rosell al informar y no denunciar al CGPJ las irregularidades que apreció en la tramitación de ese procedimiento o por no haber enviado una exposición razonada al Supremo sobre los mismos hechos, “que era lo procedente”. Alba ha concluido su intervención hablando de una maniobra, “una grabación chapucera, manipulada”, para “salvar el culo a Rosell” y venderle como “el conspirador que mercadea con Ramírez a cambio de no se qué”.