Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado parcialmente unas medidas cautelares solicitadas por dos propietarios afectados por el Plan Parcial de El Hornillo, un proyecto urbanístico estimado en cerca de ocho millones de euros que pretende levantar, entre otras cosas, un área comercial, con Mercadona, Decathlon, McDonald’s y otros negocios, y 300 viviendas en una pieza de suelo de 170.000 metros cuadrados en la zona de El Hornillo-Sonneland, en el sur de Gran Canaria.
La jueza Mª Olimpia del Rosario, en un escrito fechado el 31 de julio de 2023, ha ordenado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de una demanda correspondiente a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por dos propietarios damnificados por el proyecto por una presunta expropiación ilegal ejecutada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, precisamente del terreno del que dichas personas son titulares registrales. De acuerdo con documentación vista por Canarias Ahora, esa anotación preventiva fue realizada el 15 de noviembre. El acto viene a alertar a interesados en invertir en el Plan Parcial de El Hornillo de que al menos una de las parcelas de este se encuentra inmersa en un procedimiento judicial.
Los propietarios de la finca, de una superficie superior a los 7.000 metros cuadrados, solicitaban la suspensión cautelar del procedimiento expropiatorio, acordado por el Consistorio local el 28 de julio del año pasado, el levantamiento del acta de ocupación y pago y la anotación preventiva del recurso mencionado en el Registro. La magistrada ha desestimado las dos primeras peticiones porque, razona, “no puede suspenderse, en general, un expediente administrativo” y, en lo que respecta al acta de ocupación y pago, tampoco procede porque “dichas actas ya han tenido lugar” y “no cabe la suspensión de un acto que ya ha sido ejecutado”.
Sin embargo, Olimpia del Rosario sí ha estimado la anotación preventiva del recurso contencioso-administrativo en el Registro de la Propieda, del que aún no hay sentencia firme, porque “la apariencia de legalidad que se le presume” al Plan Parcial de El Hornillo, iniciado en 2017, “ya no queda protegido”.
El escrito alude al fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, recientemente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anula los proyectos de reparcelación, expropiación y urbanización del citado plan, acordados el 13 de junio de 2019. Esa sentencia concluye que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se desentendió de la realidad y confirió a los promotores de la actuación, las empresas Sonneland Inversiones y Borneriña, unas superficies cuya propiedad es litigiosa. Otro fallo, firmado el 18 de octubre en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de la capital grancanaria, argumenta lo mismo para anular más acuerdos del Gobierno local, del 20 de noviembre de 2020, también referentes a este Plan Parcial.
La jueza, en este caso, considera que la anotación preventiva actúa como una “medida cautelar”, como también ha apuntado el Tribunal Supremo en causas similares. Esta, además, figura dentro de las “cargas propias” que pesan sobre la finca en cuestión, por lo que quien quiera hacerse con la misma deberá hacerse cargo de las resoluciones dictadas en los tribunales. Fuentes consultadas por esta redacción no creen que falte mucho para la resolución de alguno de los procedimientos en curso.
La demanda en la que fue solicitada la anotación preventiva expone una serie de presuntas irregularidades del Plan Parcial de El Hornillo. El documento cuenta con más de 120 páginas. Es conveniente recordar que el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana admitió a trámite el año pasado una querella interpuesta contra el exdirector de Urbanismo del municipio, Victoriano Pérez, y el promotor de la iniciativa, Carlos Rial, a quienes se les acusa entre los dos de hasta seis presuntos delitos cometidos a lo largo del procedimiento.
En este caso, no obstante, los demandantes disparan contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento el 28 de julio de 2022 que comprende el acta de ocupación y de pago de la finca de la que son propietarios y, también, la certificación remitida al Registro de la Propiedad de esto mismo. El texto pide la impugnación de dichas actuaciones por, entre otras cosas, “la nulidad de los previos a este”, como ya ha dictaminado la Justicia en varias ocasiones. En al menos una de ellas, la que ya ha ratificado el TSJC, el Consistorio de San Bartolomé de Tirajana ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según adelantó el periódico La Provincia.